Una imagen prevista, pero no deseada. Esta vez ni siquiera hubo la emoción de última hora. El Gobierno sabía de antemano que saldría del Congreso con un revolcón. Y en un contexto de debilidad parlamentaria está necesitado el Ejecutivo de alegrías y no de penas. Menos de disparos en el pie. La negativa de Junts y las dudas del PNV echaron paladas de tierra a la convalidación de la prórroga de los alquileres. «Os lo dijimos», es el pensamiento que rondaba la cabeza de los socialistas en la Cámara Baja mirando a sus socios de Sumar. En público se evitó el choque, pero había malestar. El Ejecutivo acumula una derrota que en el PSOE consideran que se hubiera evitado si en Sumar hubieran atendido sus advertencias de que no había una mayoría para acometer esta medida.
Fuentes del ala socialista resumen así lo vivido en el Congreso: «Sumar se cree que tiene una fuerza que no tiene». El debate en el seno de la coalición no fue sólo sobre cómo articular la prórroga de los alquileres, si dentro del plan de medidas contra la guerra o fuera -Sumar se plantó y retrasó dos horas y medias el Consejo de Ministros que lo abordó-, sino en si había que pasar el trance ir al Congreso sin tener los apoyos. Los socialistas advirtieron desde el principio de que el empeño era baldío, por la negativa de Junts y las reticencias del PNV y ahora no aceptan que se les achaquen responsabilidades porque, sostienen, el liderazgo y la bandera de esta negociación «la han querido» asumir los magenta.
La división y disparidad de posiciones en esta materia en el Gobierno se plasmó en una imagen: el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, defendía una medida muy importante para la coalición progresista desde la tribuna con la sola presencia de sus colegas de Sumar Mónica García y Ernest Urtasun. Ningún representante socialista del Consejo de Ministros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, estaba en el Senado respondiendo a preguntas en la sesión de control y a una interpelación. A la votación sí acudió a última hora de este martes Pedro Sánchez, pese a que sabía que su Ejecutivo se llevaría una derrota, en un intento de dar relevancia a la cuestión. «Quien queda retratado es el que vota en contra», insistieron desde La Moncloa. «Vamos a seguir remangándonos y buscando herramientas a futuro que tenga mayoría».
Recuerdan en el PSOE que el decreto lo elevó al Consejo de Ministros Consumo y no Vivienda. Lo que ya da cuenta de la situación. «Nosotros defendemos un modelo de vivienda distinto al del PSOE», sostienen fuentes de Sumar. «Tenemos discrepancias pero vamos a una en los temas importantes», replican los socialistas, negando falta de implicación en la materia. Conceden que la iniciativa «era muy asumible por los partidos. Junts ya lo ha votado antes».
Creen que esa llamada a la movilización que han hecho desde Sumar no ha tenido efecto. «Vendieron presión política y social y no la han tenido». Una movilización a la que siguieron apelando los magenta ayer en la figura de Yolanda Díaz, desde la sala de prensa de La Moncloa: «El llamamiento es a la movilización social. Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice».
No es que el sector socialista no esté de acuerdo en la medida -recuerdan que se ha prorrogado en otras ocasiones- y lamentan que la posición del PP y Junts lo haga decaer, pero también matizan que se trata de una medida más, una «puntual» y que el Gobierno lleva tiempo trabajando en un marco muy amplio de medidas, «en unas políticas integrales de vivienda» que tuvo su última etapa en el Plan Estatal 2026-2030 aprobado hace una semana, y al que se han adherido las comunidades, también las del PP, para optar a un fondo de 7.000 millones.
«Es un mazazo», dicen las fuentes socialistas consultadas sobre la no convalidación del decreto. «Pero ahí no se acaba todo. A partir de mañana seguimos trabajando. Nosotros seguimos poniendo medidas encima de la mesa». La pregunta entonces es porque se ha producido este final si se sabía desde el minuto cero que acabaría en tragedia. La Moncloa aceptó elaborar un decreto propio para la prórroga de alquileres para poner fin a la rebelión de Sumar en el Consejo de Ministros y poder aprobar su plan de medidas contra la guerra. Pero con esa jugada se aseguraba aprobar su texto, pero no el exigido por Sumar. Desde el sector socialista del Gobierno hablan de la necesidad de «relato», «imagen» y «foco» por parte de Sumar. Saben en La Moncloa que en el futuro seguirán necesitando del apoyo de la fuerza que haya a su izquierda y eso conlleva el peaje de que «tengan sus propias iniciativas» y sus momentos.
Pero esas supuestas concesiones para dar aire de vez en cuando a su socio minoritario no esconden la constatación pública de la agonía parlamentaria del Gobierno, puesta en evidencia con toda nitidez frente a uno de los problemas que con más dureza golpea a la ciudadanía: la política de vivienda. Los socios que hasta ahora le han sostenido a cambio de concesiones han perdido la confianza y, aunque no hayan dado el paso definitivo de abandonar el barco, lanzan serias advertencias porque no creen ya ni en el timonel ni en el rumbo ni en el puerto final de la travesía.
El decreto de los alquileres no ha hecho sino sacar a flote la incapacidad del Gobierno para mantener las riendas de una legislatura sin brújula. La norma ha abierto una herida difícil de suturar entre los dos socios del Consejo de Ministros: Sumar no duda en culpar a los socialistas de haber hecho una suerte de huelga de brazos de caídos renunciando a negociar con los aliados para intentar sacar adelante un decreto en el que el socio minoritario había puesto todas sus esperanzas para tratar de ganar puntos ante la ciudadanía. Los ministros del PSOE niegan la acusación, pero lo cierto es que todos los grupos parlamentarios dan fe de la misma.
Y esa fragilidad atañe no sólo a la vivienda, una columna vertebral de este mandato. También a los Presupuestos. El Gobierno ya deja abierta la puerta a no tener Cuentas Públicas tampoco en 2026. Hasta ahora, los mensajes eran que con seguridad se presentarían, aunque fuera con demora. Ahora ya no se da por sentado. No se fija esa línea roja. En las próximas semanas, en junio como tarde «se tomará la decisión en relación al periodo presupuestario», expuso ayer Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía. Esto es, no se acota ya la decisión a 2026, sino que se abre a 2027.