El PSOE mantiene su apoyo a decenas de implicados: alega que los jueces quieren que Sánchez "caiga antes del verano"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, el 7 de julio de 2025, durante la reunión del Comité Federal del PSOE, ante las imágenes de Pedro Sánchez y Cristina Narbona. Europa Press

La oleada de corrupción suma ya 15 causas, 94 investigados y hasta 1.817 años de prisión pedidos. El núcleo de la trama económica late en la SEPI, y de su vicepresidente, Bartolomé Lora, dependen cuatro imputaciones más.

Más información:La cloaca del PSOE quiso poner a Figueroa como hombre de paja de Vicente Fernández en la Sepi: Leire sería jefa de Gabinete.

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Las cifras de, probablemente, la mayor trama de corrupción que ha afectado a un Gobierno en la historia reciente de España crecen semana a semana.

Son 15 causas judiciales, 94 investigados y 19 tipos de delito, desde la organización criminal y el blanqueo de capitales hasta el tráfico de influencias, la malversación y la corrupción en los negocios.

Y, más allá de los ocho imputados, procesados o acusados a los que Pedro Sánchez no ha destituido, los autos y sumarios dibujan una red de decenas de implicados sobre los que el PSOE mantiene su confianza.

La trama afecta al Ejecutivo, al partido, a la familia del presidente y hasta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Ya hay un condenado —el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz—, de momento hay 17 procesados y 76 investigados en las diferentes causas en instrucción.

Las acusaciones, según los datos elevados por el PP como acusación particular este domingo, suman penas que podrían alcanzar los 1.817 años de prisión.

Pero ante esta oleada imparable, la respuesta del PSOE ha sido cerrar filas. La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, aseguró este sábado en RNE que se está fijando "un calendario judicial con muchas prisas para que el Gobierno caiga antes del verano".

Por su parte, Salvador Illa avisó de que "ni nos doblegan ni nos callan" y advirtió de que los socialistas se han ganado "el sello de la credibilidad". El ministro de Transportes, Óscar Puente, remató la ofensiva del fin de semana hablando abiertamente de una ofensiva político-judicial contra Sánchez.

La SEPI como epicentro

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aparece en al menos tres de las 15 causas abiertas: el rescate de Plus Ultra, el de la aerolínea Air Europa y la trama de contratos vinculada a Santos Cerdán.

No es casualidad: la SEPI gestiona el tejido de empresas públicas estratégicas del Estado. Y controla el flujo de contratos, nombramientos y rescates millonarios.

El último episodio llegó el pasado 8 de junio. El Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid citó como investigado a Bartolomé Lora, vicepresidente en activo de la SEPI, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El motivo: Lora presidía en funciones la entidad cuando ésta avaló el rescate de 475 millones de euros a Air Europa en noviembre de 2020. Deberá declarar el 3 de julio. Está imputado, pero el ministro de Hacienda, Arcadi España, no lo ha destituido.

La historia de Lora en la SEPI es, además, más larga de lo que parece.

Cuando Vicente Fernández —hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero— se vio obligado a dimitir en octubre de 2019 por su imputación en el caso Aznalcóllar, Lora ocupó la presidencia interinamente durante año y medio.

El objetivo real, según reveló EL ESPAÑOL, no era buscar al candidato adecuado: era esperar a que Fernández fuera desimputado para devolverle el puesto. Leire Díez, la fontanera de Cerdán, maniobró activamente para conseguirlo.

Vicente Fernández acabó siendo detenido en diciembre de 2025 en el caso Leire. Se enfrenta a 19 años de cárcel.

Alrededor de la SEPI aparecen también otros implicados no imputados a los que el PSOE mantiene su respaldo.

Desde altos cargos económicos que avalaron los rescates hasta Mariano Moreno, el exgerente del PSOE con Jośe Luis Ábalos, hoy recolocado en Enusa, señalado en informes internos por manejar pagos en efectivo y vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés.

La actual secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, no ha anunciado su cese ni una auditoría específica de esas decisiones

94 investigados

Las 15 causas comparten una característica que los jueces han señalado en varios autos: un denominador común que apunta al núcleo del poder socialista.

Los sumarios afectan al Ejecutivo, a la cúpula del PSOE, al entorno familiar de Sánchez y a quienes ocupan o han ocupado los puestos de control de la economía pública.

Hay, al menos, ocho imputados que siguen en sus cargos: pero hay también diputados, presidentes de empresas públicas, ministros y altos cargos señalados en agendas de la "fontanera", Leire Díez, notas de la UCO y autos judiciales, a los que el partido mantiene su confianza.

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, se lo planteó al vicepresidente primero Carlos Cuerpo en el Congreso el pasado miércoles: "El dinero estaba en su área, la económica: y ése era el botín". Cuerpo respondió hablándole de la reforma laboral

Los delitos que los jueces investigan abarcan desde la organización criminal y el cohecho hasta la falsedad documental, la estafa e incluso, el contrabando.

• CASO AIR EUROPA. Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, es por el momento el único cargo del Gobierno con estatus formal de investigado por el rescate de la aerolínea.

Una causa en la que ya han aparecido los nombres de altos cargos del Gobierno, de Moncloa e, incluso, de la esposa del presidente del Gobierno.

La imputación deLora y la citación a Manuel de la Rocha, director de la Oficina económica de Moncloa, ponen el foco del rescate de Air Europa sobre Sánchez y Begoña Gómez.

Lora no es un gestor sin peso. Lleva 36 años en la SEPI —desde los tiempos de Felipe González, cuando era el Instituto Nacional de Industria (INI)— y fue el "zar de los rescates", en palabras de fuentes internas que confirmaron a EL ESPAÑOL que "todas las gestiones y decisiones pasaban por él".

Supervisó personalmente los expedientes de Air Europa, Plus Ultra, Duro Felguera y Tubos Reunidos como presidente en funciones, presidente del Consejo Gestor y enlace con Moncloa.

Tres de esos cuatro rescates están hoy bajo investigación judicial, y Duro Felguera, en causa de disolución, pese a los 121 millones inyectados por la SEPI.

• CASO LEIRE / TRAMA FERRAZ. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, ocupa el cargo desde 2021, tras la salida de José Luis Ábalos de la secretaría de Organización.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la imputó el pasado 26 de mayo, pero ella sigue en un cargo de máxima confianza para la actual número tres del partido, Rebeca Torró.

Según la UCO, Fuentes avaló pagos a Leire Díez con facturas falsas para financiar las labores de la llamada fontanera del partido: una trama que, según el auto judicial, operó desde Ferraz para desacreditar a jueces e interferir en procedimientos penales.

Alrededor de Fuentes aparecen otros nombres clave en las agendas de Leire.

Por un lado, la diputada Isaura Leal, que según las notas de la "fontanera" habría intentado llegar a la fiscal general Dolores Delgado para ayudar a Vicente Fernández en el caso Aznalcóllar.

También, el exjefe de Gabinete de Sánchez y expresidente de Correos Juanma Serrano, hoy en una empresa privada.

Y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, citada en la causa a la espera de concretar su condición procesal. Ninguno está imputado, pero en todos se mantiene la confianza, nada les ha reprochado el líder, y siguen en sus cargos orgánicos o institucionales.

En este mismo caso se investiga la relación de la cloaca socialista con la Guardia Civil y la Fiscalía.

La directora del Instituto Armado, Mercedes González, ha admitido tres reuniones con Leire en plena actividad de la UCO, mientras que la fiscal general, Teresa Peramato, ha sido llamada al Senado este martes para explicar el papel de la fontanera en contactos con el Ministerio Público.

Sánchez mantiene su confianza en ambas y ellas siguen en sus puestos.

• CASO BEGOÑA GÓMEZ. La asesora contratada con cargo a la Presidencia del Gobierno para asistir a la esposa del presidente, Cristina Álvarez, fue procesada en abril de 2026 por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

Las acusaciones populares le piden 22 años de cárcel. Pero sigue en Moncloa, adscrita a la Secretaría General de la Presidencia.

En paralelo, hay otro imputado en esta causa que sigue en el puesto.

Se trata de Luis Prieto Cuerdo, director de Economía Digital de Red.es —empresa pública bajo el ministerio de Óscar López—, a quien la Fiscalía Europea investiga junto al empresario Juan Carlos Barrabés, por la presunta adjudicación irregular de contratos con fondos europeos.

• CASO DAVID SÁNCHEZ. El juicio por la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz quedó visto para sentencia el 10 de junio con 11 acusados en el banquillo.

Cuatro de ellos siguen en sus cargos: por un lado, Ricardo Cabezas, diputado delegado de Cultura de la Diputación de Badajoz; Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deportes y Juventud.

Y por otro, Francisco Martos, alcalde de Castuera; y Félix González, jefe del Servicio de Apoyo Jurídico de la Diputación, que incluso fue nombrado para ese cargo, en comisión de servicios, en marzo de 2025, con la causa ya abierta.

• CASO ZAPATERO. José Luis Rodríguez Zapatero está imputado en el caso Plus Ultra por tráfico de influencias y blanqueo, a raíz del rescate de la aerolínea.

Además, el juez José Luis Calama le acaba de abrir una pieza separada por delito fiscal y contrabando y de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho de Ferraz.

Pese a la dureza del auto y a que la Audiencia Nacional le sitúa en el centro de la supuesta trama, Pedro Sánchez ha reiterado su "apoyo total" al expresidente. Al menos, hasta su declaración, este miércoles, en el juzgado.

• CASO FINANCIACIÓN ILEGAL. La Audiencia Nacional instruye una pieza separada sobre los pagos en metálico del PSOE, una presunta 'caja B' socialista. La investigación surgida al hilo del caso Koldo, que ha obligado al juez Ismael Moreno a declarar secreta la investigación por la gravedad de los hechos.

En ese contexto encaja la figura de Mariano Moreno, exgerente nacional del PSOE con Ábalos, señalado como responsable de sobresueldos en efectivo, de inflar su currículum con cursos vinculados a Juan Carlos Barrabés y de ser recolocado posteriormente en Enusa, empresa de la SEPI, con un sueldo blindado.

• CASO TITO BERNI / MEDIADOR. La jueza ha descrito una red de comisiones ilegales en Canarias ligada a direcciones generales del Gobierno autonómico durante la presidencia de Ángel Víctor Torres, hoy ministro del Gobierno central.

Mientras, los sumarios detallan gestiones con el Ministerio de Agricultura que salpicaron a la estructura de Luis Planas. A ninguno de los dos se les ha puesto en duda desde Moncloa, pese a que la rumorología insiste en que habrá un informe patrimonial de la UCO contra Torres.

• CASO MASCARILLAS. En la pata de las mascarillas, además de Ábalos, Koldo, Víctor de Aldama y el resto de investigados, los sumarios y los informes de la UCO han ido ensanchando el mapa hacia gobiernos autonómicos que contrataron con Soluciones de Gestión.

Así lo hizo el de Francina Armengol en Baleares y el de Ángel Víctor Torres en Canarias. A ambos, los ascendió Sánchez después de los hechos: a ella, como presidenta del Congreso; a él, como ministro.

El PSOE ha evitado cualquier depuración más allá de Ábalos, a quien abrió un expediente y echó del grupo incluso antes de ser siquiera investigado... y presenta como "conductas individuales" sus corruptelas.

• CASO TRANSPORTES. En la otra derivada del caso Koldo, la de las adjudicaciones de de obras del Ministerio de Transportes, el nombre de Raquel Sánchez aparece cada vez con más fuerza, aunque ella insiste en que "todo se ajustó a la legalidad" en sus dos años largos en el Gobierno.

Un informe remitido al Tribunal Supremo detalla hasta 39 contratos de obra pública vinculados a empresas señaladas por Aldama, y 11 de ellos sufrieron modificaciones relevantes durante su etapa como ministra, y la UCO ha acreditado que un alto cargo de su equipo filtró información a Koldo sobre contratos bajo sospecha.

Sánchez la ha premiado con la presidencia de Paradores y ella se declara "muy tranquila" con su gestión.

• CASO FISCAL GENERAL. En paralelo, la condena firme del Tribunal Supremo Álvaro García Ortiz por revelación de secretos no ha impedido que el Gobierno y el PSOE sostengan que fue "condenado sin pruebas" y que promuevan un indulto parcial.

Entretanto, el Ministerio de Justicia, de Félix Bolaños, ordenó a la Abogacía del Estado recurrir su caso ante el Constitucional. El mensaje es claro: incluso con sentencia, la prioridad es defender a quien fue colocado en lo alto de la Fiscalía por el propio Sánchez

¿Y cuatro más?

Pero hay más. El juez de Instrucción Número 49 de Madrid, José María Escribano, ha identificado en sus autos, con nombres y apellidos, a otros cuatro altísimos cargos que participaron con "voz y voto" en el Consejo Gestor que aprobó el rescate de Air Europa.

La hoy vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; la presidenta de Patrimonio Nacional Ana de la Cueva, el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, y el actual presidente de Correos, Pedro Saura —entonces secretario de Estado de Transportes—.

Tras escuchar a Bartolomé Lora el 3 de julio, el juez decidirá si los cita como testigos o como imputados.

Sus nombres no figuran aún entre los investigados, pero ya están señalados en los autos y forman parte del círculo de máxima confianza de Sánchez. Una eventual imputación de cualquiera de ellos supondría otra hecatombe política más en Moncloa y en Ferraz.

1. Corrupción
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