Francisco Martínez, en una imagen de archivo. Efe
Tribunales CASO KITCHEN El PSOE pide enviar a prisión al ex 'nº 2' de Interior con Rajoy a sólo seis días de que sea juzgado por el espionaje a BárcenasLos socialistas, que ejercen la acusación popular en este procedimiento, consideran que existe "riesgo de fuga". El juicio al 'caso Kitchen' comienza el día 6.
Más información: El ocaso de Paco Martínez, el "brillante" letrado en Cortes enfangado por la 'Kitchen' y al que la juez manda a prisión
Javier Corbacho Publicada 30 marzo 2026 15:58h Actualizada 30 marzo 2026 16:26hLas claves nuevo Generado con IA
El PSOE ha solicitado enviar a prisión provisional a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, a tan sólo seis días de que éste sea juzgado por el llamado caso Kitchen.
En esta causa judicial, cuyo juicio comienza el próximo lunes, la Audiencia Nacional ha investigado el supuesto espionaje, orquestado por el Ministerio del Interior cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno, contra Luis Bárcenas, extesorero del PP.
El Partido Socialista, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, considera que existe "riesgo de fuga", por lo que pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que ordene la encarcelación de Martínez.
En un escrito fechado este lunes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el PSOE subraya la cuantía de las penas a las que se enfrenta Martínez —la Fiscalía Anticorrupción solicita para él 15 años de cárcel—, por lo que solicita que el ex número dos de Interior, que actualmente ejerce como abogado, sea ingresado en prisión para "asegurar su presencia en el proceso".
Asimismo, los socialistas recuerdan que Martínez ya ha estado en prisión provisional entre finales de mayo y principios de junio de 2025, por orden de una juez instructora de la Audiencia Nacional, que actualmente le investiga en otro procedimiento junto a uno de sus clientes, el joven hacker Alcasec.
Por otro lado, el juez Santiago Pedraz también investiga a Francisco Martínez en una causa judicial en la que analiza si Interior organizó búsquedas ilegales de información contra los primeros diputados de Podemos, partido que, junto al PSOE, ejerce la acusación en ese procedimiento.
A juicio del PSOE, que el exsecretario de Estado de Seguridad esté siendo investigado en otras dos causas judiciales por "delitos de similar naturaleza" a varios de aquellos por los que será juzgado en el caso Kitchen es un indicio de "reiteración delictiva".
"Esta representación", señala el PSOE, "entiende que se infiera racionalmente un riesgo de fuga, incrementado por la inminencia de la celebración del juicio oral".
El escrito de los socialistas, firmado por los letrados Gloria de Teresa y Roberto Granizo Palomeque, recuerda que Martínez es funcionario público. En concreto, tiene una plaza de letrado de Cortes. No obstante, está de excedencia y ejerce como abogado.
De ser condenado, Martínez podría acabar inhabilitado y perder dicha plaza. Y el PSOE señala que la "expectativa fundada de una sanción que conlleve la expulsión de la función pública, altamente probable en caso de condena", podría incrementar "de forma significativa el incentivo" del acusado para "sustraerse de la acción de la Justicia".
¿Por qué? "En la medida que supone la pérdida definitiva de su medio de vida y de su principal vínculo profesional con el territorio nacional", indican los socialistas.
El PSOE también señala que quien fuese número dos del ministro Jorge Fernández Díaz —otro de los que se sentarán en el banquillo de los acusados por la Kitchen— está casado con una ciudadana mexicana.
"[Ella] viaja habitualmente a México por motivos familiares. (...) Parte del núcleo familiar del procesado [Francisco Martínez] se encontraría fuera del territorio nacional", reza el escrito enviado a la Sala de lo Penal.
El PSOE también pide la misma medida cautelar —el ingreso en prisión provisional— para otro de los acusados en la Kitchen: el policía Andrés Gómez Gordo.
De forma subsidiaria, si la Sala rechaza enviarles a la cárcel de forma preventiva, el partido pide que se les apliquen "medidas menos gravosas", como el pago de una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de salir de España.