Lunes frenético de móvil y ordenador. Llamadas. Intercambio de redacciones. Propuestas a varias bandas. Mensajes asépticos. Sí. No. Adelante. El Gobierno ha mandado a los partidos políticos un borrador de real decreto ley donde plasma las negociaciones y debates mantenidos estas semanas con los grupos. En ese texto, al que ha tenido acceso este diario, se plantea la posiblidad de una prórroga de dos años a los contratos de alquiler. Una opción que podrá solicitar el arrendatario "siempre y cuando se encuentre al corriente de pago del alquiler, y lo haya estado mensualmente durante los ocho meses anteriores".
Es una de las medidas recogidas en el borrador del Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda para dar respuesta a la emergencia habitacional que han recibido a las 15.30 horas los grupos parlamentarios y que es la base sobre la que se negocia en las horas previas al Consejo de Ministros que pretende validar un texto final. En su disposición final cuarta se recoge que durante esa prórroga de dos años "se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor". Esta solucitud, plantea el ministerio de Vivienda, debe ser aceptada "obligatoriamente" por el arrendador, "salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes".
Esa obligatoriedad de sellar "una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales" tampoco será ejecutable cuando el arrendador haya comunicado en tiempo y plazo la "necesidad de ocupar la vivienda para sí o para sus familiares, aun cuando la facultad de recuperar anticipadamente la vivienda por necesidad no hubiera sido expresamente prevista en el contrato, no siendo exigible dicho requisito, siempre que concurra causa real y acreditada de necesidad".
Durante la tarde de este lunes, Sumar ha arrancado al PSOE la incorporación de la congelación del precio y prórroga de los alquileres de todos los contratos que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Es una medida que el sector socialista pactó en primavera pero que ahora se resistía a extender por espacio de dos años, quería que sólo fuera uno.
Esto significa volver a los términos del decreto que estuvo vigente durante el mes de abril, y surgido tras el plante de Sumar en el Consejo de Ministros, hasta que luego la mayoría parlamentaria formada por PP, Vox y Junts lo tumbó en el Congreso.
Sumar acepta esta prórroga limitada pero, tal y como exige el Sindicato de Inquilinas, sigue presionando al PSOE para ir más allá. En concreto, fuentes oficiales informan de que reclaman "la renovación automática de los contratos". Es una medida como "imprescindible" porque "dotar de estabilidad al mercado del alquiler" permitie "garantizar que tanto inquilinos como propietarios cuenten con seguridad y certidumbre a largo plazo".
El Sindicato de Inquilinas reclama que si un arrendatario cumple con las cuotas, no se le pueda echar de la vivienda sin acreditar una causa justificada para hacerlo. Los contratos de alquiler, se reclama desde la acampada, tienen que renovarse automáticamente y no negociarse cada ciertos años.
El texto se trata de un borrador aún sin terminar ni estar acordado de manera definitiva con todos los grupos. Las negociaciones siguen, así como el intercambio de planteamientos. De hecho, queda claro que es un texto por rematar y acordar en su primer artículo, dedicado a la "protección del mercado de la vivienda frente a la actividad especulativa", y donde se deja claro que está pendiente de una redacción final.
Sí hay concreción en la propuesta relativa a la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. Primero, se establece la prohibición hasta el 31 de diciembre de 2028. Segundo, se establece que la orden de desahucio se paralizará cuando provenga de un fondo buitre y tenga como afectado una persona vulnerable y no tenga alternativa habitacional. "El tribunal suspenderá por auto el proceso".
Asimismo, se plantea que cuando sea una persona física y no un fondo buitre el que demanda el desahucio, el tribunal requerirá a la administración autonómica y local para que "informen expresamente acerca de los recursos que tienen disponibles y los ofrezcan. En caso de que no se reciba respuesta o se informe de que no se cuenta con ellos, el tribunal suspenderá el proceso hasta que tales medidas sean adoptadas y se garantice una alternativa habitacional adecuada".
El borrador propuesto por el PSOE deja claro que ante personas en situaciones de vulnerabilidad sin alternativa habitacional deben ser las administraciones competentes las que se hagan cargo de los gastos que el inquilino no pueda afrontar. La vivienda es una competencia en manos de las comunidades autónomas.
"El tribunal determinará en su auto que la administración competente en materia de vivienda asumirá los gastos necesarios para la compensación que se acuerde en favor de la persona demandante, cuando sea una persona física, o también, cuando sea una persona jurídica que se dedique al alquiler habitual asequible o social, desde el momento en el que el proceso sea suspendido y hasta que la medida sea levantada. Esta compensación incluirá, en su caso, los impagos de renta que se produzcan o se hayan producido antes del inicio del proceso judicial y lo hubieran motivado, los costes de suministros impagados y los daños causados por la persona demandada en la vivienda", es la redacción recogida en el artículo 2.2.
Junts se desmarca del texto del PSOE
Fuentes de la dirección de Junts consultadas por EL MUNDO advierten al Gobierno de que, al sucumbir a la presión de sus socios de izquierda, "se aleja del acuerdo trabajado durante los últimos días y vuelve a poner en riesgo las soluciones en materia de vivienda".
Los neoconvergentes señalan que el último borrador compartido por el Ministerio "recupera dar por buenas las ocupaciones, dejando sin protección a los pequeños propietarios y poniéndolos al mismo nivel que los fondos buitre".
Las mismas fuentes relatan que estaban "mayoritariamente de acuerdo" con la propuesta hecha pública esta mañana por el Gobierno, pero que "el real decreto ha cambiado sustancialmente convirtiéndose en un decreto ómnibus donde se han incorporado múltiples medidas que no formaban parte de lo que se había trabajado y que impidió la convalidación de los anteriores reales decretos".
Aun así, Junts mantiene la mano tendida y señala que desea "que haya acuerdo". "Por nosotros on quedará. Aún estamos a tiempo. Estamos dispuestos a continuar hablando y trabajando hasta el final para encontrar un texto que dé respuesta a los problemas reales de la vivienda", añaden desde la formación de Carles Puigdemont.
Regulación de las habitaciones
Otro gran asunto que atasca el acuerdo final es la regulación del alquiler de habitaciones. Sumar denuncia que esta práctica, que quedó fuera de la regulación de la Ley de Vivienda, constituye hoy "una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler".
Fuentes de Sumar insisten de que el texto que salga del Consejo de Ministros "debe recoger las demandas expuestas por el Sindicato de Inquilinas y las diferentes manifestaciones que se han dado por todo el país".