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El PSOE sólo logra apoyo de los eurodiputados italianos contra Frederiksen, líder socialista en la UE contra la migración ilegal

El PSOE sólo logra apoyo de los eurodiputados italianos contra Frederiksen, líder socialista en la UE contra la migración ilegal
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El PSOE y el Partido Democrático italiano han pedido por carta al presidente del PSE que llame al orden a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. El choque destapa dos socialdemocracias que llevan una década aplicando políticas migratorias opuestas. Más información: El PSOE censura la alianza entre Frederiksen y Meloni ante los Socialistas Europeos y pide una votación sobre la crisis de Ceuta

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, antes de una reunión en el Parlamento sobre los migrantes que han llegado a Ceuta, en Copenhague. Sebastian Elias Uth Reuters

Europa El PSOE sólo logra apoyo de los eurodiputados italianos contra Frederiksen, líder socialista en la UE contra la migración ilegal

El PSOE y el Partido Democrático italiano han pedido por carta al presidente del PSE que llame al orden a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

El choque destapa dos socialdemocracias que llevan una década aplicando políticas migratorias opuestas.

Más información:El PSOE censura la alianza entre Frederiksen y Meloni ante los Socialistas Europeos y pide una votación sobre la crisis de Ceuta

Publicada 19 agosto 2026 06:30h Las claves

Las claves Generado con IA

Peppe Provenzano, responsable de Exteriores del Partido Democrático italiano, y Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo por el PSC-PSOE, firmaron este lunes una carta dirigida a Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PSE), en la que reclaman que la conducta de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se aborde en la próxima reunión conjunta.

El texto, al que tuvieron acceso la agencia ANSA y el diario La Repubblica, denuncia el "eje inaceptable" entre los gobiernos de Dinamarca e Italia y pide una votación interna que fije la línea política de la familia socialista en materia migratoria. El argumento central de la misiva es que la solidaridad europea no puede ser selectiva.

Provenzano y López enumeran los episodios en los que esa familia cerró filas: la presión migratoria sobre Lampedusa, la instrumentalización de migrantes desde Bielorrusia en la frontera polaca y las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, precisamente el asunto que reforzó a Frederiksen dentro y fuera de Dinamarca.

El miedo a una crisis migratoria como la de 2015 lleva al norte de Europa a respaldar a Meloni en su choque contra Sánchez

Consideran inaceptable que un miembro de su misma familia política se alineara de manera coordinada con Roma justo cuando Italia acababa de anunciar la suspensión del tratado de Schengen con España, decisión que califican de completamente propagandística porque entre Ceuta y el resto de la Unión no existe libertad de circulación.

Como respuesta, el gobierno danés se reafirmó en sus políticas… aunque no quiso ser especialmente duro con Sánchez: "No es una falta de solidaridad con España. Al contrario, se trata de encontrar soluciones europeas comunes", afirmó.

La carta critica también que el texto de Fredriksen y Meloni describa la inmigración como una emergencia permanente en el momento exacto en que las llegadas irregulares a Europa caen con fuerza —cerca de un 40% en lo que va de año, según los firmantes—, y que ese desajuste entre relato y cifras alimenta un clima de alarma políticamente oportunista.

Es la misma línea de defensa que emplea el Gobierno español desde el 30 de julio: un 37% menos de llegadas irregulares en el primer semestre y un 71% menos en concreto a Canarias.

Iratxe García, presidenta del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, ya había avisado el 10 de agosto de que las últimas declaraciones de la danesa no representaban al grupo.

Por su parte, Matteo Piantedosi, ministro del Interior de Italia, ha insistido recientemente en que cada entrada irregular por esas costas representa "una vulnerabilidad para todo el espacio Schengen" y recuerda que las suspensiones parciales del acuerdo se han activado cientos de veces en las fronteras interiores europeas.

Iratxe García Luis Cotobal

Francia, Austria, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Suecia y Noruega han recurrido a ellas, y la propia España, según sus cuentas, unas veintiuna o veintidós veces.

De hecho, habría que matizar que el mecanismo de suspensión parcial de la libre circulación viene regulado en el propio acuerdo de Schengen y que, por lo tanto, lo que llamamos "suspender Schengen" es, más bien, "aplicar los matices de Schengen".

Dos socialdemocracias que llevan 10 años divergiendo

Lo que está claro es que el enfoque de Sánchez y el de Frederiksen respecto a la migración son completamente incompatibles.

Dinamarca ha adoptado desde 2019 el sistema de asilo más restrictivo de Europa occidental. Aquel año, el Folketing aprobó el llamado "cambio de paradigma", que convirtió la protección temporal en la norma para todos los refugiados y desplazó el eje de la integración al retorno.

La meta declarada entonces era llegar a los cero solicitantes de asilo y los resultados se aproximan: Dinamarca concedió 839 permisos en 2025, la cifra más baja registrada fuera del año de la pandemia, después de aceptar unas 860 de las 2.333 peticiones presentadas en 2024.

El Gobierno de coalición que se formó el 3 de junio incluye a la izquierda verde y a los socioliberales, con el apoyo externo de la Alianza Roja y Verde.

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Suecia camina en la misma dirección, pero desde fuera del Gobierno.

Magdalena Andersson, líder del Partido Socialdemócrata, repitió en junio que su país necesita una política migratoria estricta y restrictiva y que un cambio de gobierno no traería más inmigración, una posición que la separa de los otros tres partidos del bloque opositor —verdes, centristas y de izquierda—, todos partidarios de abrir vías de entrada.

Las solicitudes de asilo cayeron allí un 30% en 2025. El primer ministro, Ulf Kristersson, que se juega la reelección el mes que viene, ha convertido la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez en munición de campaña.

El SPD, por su parte, colabora en Alemania con una política migratoria que no ha diseñado. El acuerdo de coalición con la CDU/CSU cerrado en 2025 introdujo el endurecimiento del asilo a cambio de la subida del salario mínimo a quince euros la hora.

Los resultados han sido inmediatos: 4.311 primeras solicitudes en julio, aproximadamente la mitad que en julio de 2025 y un 75% menos que en julio de 2024. Berlín ha reactivado además las devoluciones a Italia por el Reglamento de Dublín —la primera está prevista para el 19 de agosto— y las deportaciones a Afganistán.

El líder del Partido Moderado de Suecia, Ulf Kristersson, próximo primer ministro. Europa Press

El laborismo británico ha ido todavía más lejos.

Andy Burnham, primer ministro desde la dimisión de Keir Starmer en junio, mantuvo a Shabana Mahmood al frente del Ministerio del Interior, quien había sacado adelante pocas semanas antes, por 264 votos contra 90, una ley de inmigración y asilo inspirada en el modelo danés.

Contempla un estatuto de refugiado temporal revisable cada treinta meses, el endurecimiento del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la ampliación del plazo para la residencia permanente de cinco a entre diez y veinte años.

Más allá del citado Partido Democrático Italiano, lo cierto es que Sánchez y el PSOE se están quedando sin apenas aliados en Europa en materia de inmigración.

40 procesos y ningún efecto llamada

Otra cosa es cuando nos fijamos en los detalles. Italia, por ejemplo, ha regularizado a casi 1,9 millones de personas en ocho procesos desde 1982, la mayoría vinculados a la presentación de un contrato de trabajo y aplicados tanto por gobiernos de centroderecha como de centroizquierda.

La práctica no se ha interrumpido con Meloni: sus decretos de flujos prevén la entrada de 450.000 migrantes para el periodo 2023-2025 y de 490.000 para 2026-2028, un mecanismo que en la práctica sirve para contratar a quienes ya trabajan de forma irregular dentro del país.

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Los datos proceden del análisis que Claudia Finotelli, investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, publicó en junio en la revista Panorama Social de Funcas.

En comparación, España acumula seis regularizaciones masivas entre 1985 y 2005, con más de 1,2 millones de beneficiarios.

La de 2005, la mayor, dio permiso de residencia a más de 570.000 solicitantes y contribuyó a que la tasa de irregularidad bajara del 42% en 2004 a poco más del 10% en 2007 sin que se registrara un "efecto llamada" reseñable.

Lo que sí disparó los flujos fue la supresión del visado a Rumanía en 2002 y la posterior adhesión de dicho país a la Unión Europea, que regularizó la situación de muchos de sus ciudadanos en España.

Alemania, el país tradicionalmente más reacio a estas medidas, ha acabado construyendo su propia vía. La Duldung —suspensión temporal de la deportación—, el derecho de residencia de 2005 y la norma de 2023 que permitía a los tolerados de larga duración obtener un permiso de dieciocho meses para buscar empleo han acercado el modelo alemán al español.

En el Reino Unido no consta ningún proceso equivalente en los últimos años. De hecho, hay que recordar la escasa oposición que plantearon los laboristas en la campaña del Brexit en 2016, con Jeremy Corbyn a la cabeza.

El comisario de Migración, Magnus Brunner, durante la rueda de prensa de este martes en Estrasburgo Comisión Europea

La Comisión Europea sostuvo en febrero que la regularización española no encaja en el espíritu comunitario en materia de migración, pero tuvo que reconocer que la competencia es nacional, mientras que el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha desvinculado la medida de lo ocurrido en Ceuta.

Finotelli concluye que "siguen existiendo enfoques muy diferentes en el uso de los instrumentos de regularización" y que el problema sigue siendo abrir canales legales capaces de cubrir la demanda de mano de obra.

La extrema izquierda, inerme

En 1983, Jean-Pierre Stirbois obtuvo más del 16% de los votos en las municipales de Dreux y fusionó su lista con las del RPR y la UDF para arrebatar a la izquierda una ciudad industrial de grandes bloques levantados en los años sesenta.

Fue el primer éxito del Frente Nacional y la primera vez que la derecha francesa pactaba con la extrema derecha desde que se iniciara la V República. Un año después, el partido de Jean-Marie Le Pen alcanzaba el 10,9% en las elecciones europeas.

En 1995, Le Pen fue por primera vez la opción más votada entre obreros y parados, mientras el candidato comunista, Robert Hue, no llegaba al 9%.

El patrón se ha repetido después en otros caladeros históricos de la izquierda. En los länder orientales, las encuestas dan a la AfD en torno al 41% en Sajonia-Anhalt y el 36% en Mecklemburgo-Pomerania, que votan el 6 y el 20 de septiembre.

En las federales de 2025, obtuvo un 20,8% del voto y este verano ha rozado el 28% en la mayoría de los sondeos, por delante del bloque conservador. En este giro de la extrema izquierda a la extrema derecha pesan los salarios bajos, la despoblación, la sensación de abandono institucional… y, por supuesto, la inmigración.

Ahí es donde la izquierda situada a la izquierda de la socialdemocracia está tomando nota.

La líder de BSW Sahra Wagenknecht en un mitin cuando formaba parte del partido la Izquierda Die Linke

Sahra Wagenknecht sostiene desde 2018, primero en Die Linke y después al frente de la alianza que lleva su nombre, que la apertura total de fronteras es irreal y que la competencia por los empleos de bajo salario perjudica a los trabajadores ya establecidos; Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, lleva años denunciando el desplazamiento de trabajadores comunitarios.

La objeción a estas tesis por parte de otros medios de izquierdas es que competir dentro del marco de la ultraderecha acaba produciendo jerarquías etnorraciales y que, entre la copia y el original, el votante suele quedarse con el original.

Hay que recordar que los primeros antiglobalistas fueron, en buena parte, gente de izquierdas, como el francés José Bové, que combinaba la lucha contra los McDonald's… y contra las frutas y hortalizas españolas.

Es decir, que en la llamada "lucha obrera" hace tiempo que se abandonó el internacionalismo y se desconfía de todo lo que venga de fuera, no ya por motivos de seguridad o de integración cultural, sino puramente económicos.

Los pobres de fuera hacen la competencia a los pobres de dentro, parecen querer decir. Y al haber colaborado a colocar el debate sobre la inmigración en el centro de la política europea han dado alas al otro extremo y han descolocado a la izquierda más moderada, que, como se ha visto, no sabe muy bien qué hacer.

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