Un agente de la Policía Nacional sale del edificio donde se encuentra la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante el registro este martes en Madrid. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL El PSOE y Sumar se sublevan contra el Estado de derecho tras la imputación de Zapatero Publicada 19 mayo 2026 12:38hLa Audiencia Nacional ha citado hoy martes 19 de mayo como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que declare el próximo 2 de junio por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
La causa investiga las circunstancias del rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.
Pocas horas después de conocerse la decisión judicial, el PSOE ha activado ya su respuesta habitual frente a todos los casos de corrupción que le afectan: mensajes de "tranquilidad" combinados con la afirmación de que [los jueces y la oposición] "no pararán".
Sumar, por su parte, ha recurrido sin rodeos a la acusación de lawfare.
Ambas reacciones comparten un rasgo inquietante: se han producido antes de que se conozcan públicamente los indicios concretos que ha valorado en su auto el juez José Luis Calama.
La reacción de PSOE y Sumar no es, por tanto, una defensa serena de la presunción de inocencia, sino una descalificación preventiva del procedimiento.
Cuando un partido político responde a la imputación de un expresidente del Gobierno con la tesis de que la justicia actúa por motivaciones políticas, no está protegiendo a un ciudadano, sino cuestionando la legitimidad de la institución que lo investiga y del Estado de derecho que la ampara.
El dato temporal refuerza esta lectura. Las elecciones andaluzas se celebraron este domingo 17 de mayo. Zapatero participó activamente en la campaña del PSOE.
Si el objetivo de la Audiencia Nacional hubiera sido interferir en el proceso electoral para perjudicar a los socialistas, lo razonable habría sido hacer pública la imputación durante la campaña o en los días inmediatamente anteriores.
El hecho de que la decisión se haya conocido dos días después de los comicios sugiere, por el contrario, una actuación respetuosa con el calendario electoral. La prudencia institucional, en este caso, ha operado en sentido contrario al que denuncia el relato oficial.
El recurso al lawfare ha dejado de ser una categoría analítica para convertirse en un mecanismo de defensa automática. El Gobierno y sus socios lo han invocado en el caso de Begoña Gómez, en el del hermano del presidente, David Sánchez, y, más recientemente, en la investigación contra el fiscal general del Estado. Ahora lo aplican a un expresidente.
Cuando el mismo término sirve para englobar desde la instrucción de un juez hasta el procesamiento de un alto cargo del Ministerio Público, deja de describir una patología y pasa a funcionar como coartada general ante cualquier actuación judicial incómoda.
El pacto de investidura con Junts ya consagró esta lógica al comprometerse a investigar supuestos casos de lawfare derivados del procés. Lo que entonces se presentó como una corrección excepcional se ha convertido en una excusa de uso ordinario.
La imputación de Zapatero tiene una dimensión institucional añadida. Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es investigado por delitos de corrupción. Ante un hecho de esa relevancia, la respuesta exigible de un partido responsable sería exigir que se aclaren los hechos con todas las garantías procesales y sin interferencias políticas.
En su lugar, el PSOE ha optado por el cierre de filas y la sospecha genérica sobre la motivación del juez. Sumar ha ido un paso más allá al cuestionar abiertamente la legitimidad de la actuación judicial. Ninguna de las dos actitudes contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones; ambas la erosionan.
La presunción de inocencia es un principio fundamental del Estado de derecho. También lo es la independencia judicial. Cuando un Gobierno y sus aliados parlamentarios responden a una imputación con la tesis de que los jueces actúan por razones políticas, están invirtiendo los términos: convierten la carga de la prueba y exigen a la justicia que demuestre que no persigue fines espurios.
Esa inversión no fortalece el Estado de derecho: lo debilita.
Y lo hace de forma especialmente llamativa cuando se produce en un caso que afecta a quien fue durante ocho años presidente del Gobierno y que sigue siendo una figura de referencia para el partido que hoy lo sostiene, además del principal consejero del hoy presidente del Gobierno.
La justicia deberá acreditar si los indicios que ha considerado suficientes para citar a Zapatero resisten el contraste procesal. Esa es su función.
La del resto de los actores institucionales es respetar que esa función se ejerza sin descalificaciones preventivas ni marcos interpretativos que conviertan cualquier investigación en un supuesto de persecución política. Hasta ahora, ni el PSOE ni Sumar han optado por esa vía.