Organizaciones de derechos humanos hablan de campaña contra los deportistas
.- F.M.C.
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la guerra que Estados Unidos e Israel mantienen contra el gobierno islamista de Irán no descuida a este de seguir ejerciendo la represión contra la disidencia, ni sirve de demasiada ayuda a quienes se enfrentan al mismo. En las últimas horas el régimen de los ayatolás ha ejecutado por ahorcamiento a tres personas. Entre ellas a Saleh Mohammadi, luchador de alto nivel -la lucha es deporte nacional en Irán- de 19 años de edad.
Según informaciones, Mohammadi estaba acusado de matar a un policía durante las protestas generalizadas contra el régimen del pasado mes de noviembre, aunque la sentencia señalaba que su delito era la "enemistad con Dios" y ser agentes extranjeros. En principio la ejecución debería haber sido pública, pero fuentes iranís señalan que los condenados han sido ahorcados a puerta cerrada en una prisión de la ciudad de Qom, considerada como "sagrada" por la República Islámica. Irónicamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos había "exigido" que se detuviera la ejecución.
De izquierda a derecha: Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Saeed Davodi en imágenes del juicio publicadas por los medios estatales y recogidas por Irán Human RightsNima Far, activista de derechos humanos y deportista iraní citada por Fox News, ha declarado que esta ejecución "es un plan de la República Islámica para aterrorizar a la sociedad atacando a los deportistas". Ya en el año 2020 el régimen ejecutó al también luchador Navid Afkari, pese a una amplia campaña internacional en su favor. Sus defensores adujeron entonces que se falsificaron las acusaciones en su contra. Far señala también que "el Comité Olímpico Internacional y la Federación Internacional de Lucha deberían haber intervenido públicamente, amenazando con la suspensión de Irán, en vez de confiar en una diplomacia silenciosa e ineficaz".
Los tres ejecutados son Saleh Mohammadi, Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi. Según informes de activistas por los derechos humanos en Irán, los juicios se realizaron a puerta cerrada, sin garantías legales ni derecho a apelación, además de haberse conseguido las acusaciones mediante tortura.
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