Unos 700 reclusos han salido en la primera tanda de una reforma que permitirá a condenados de un determinado perfil abandonar la cárcel tras cumplir un tercio de la pena
Regala esta noticia Añádenos en Google Exterior de un presidio de Inglaterra en una imagen de 2024. (EFE) 02/10/2026 Actualizado a las 19:28h.Con sus pertenencias metidas en bolsas, algunos recibidos por familiares y otros sin saber siquiera dónde pasarían la noche, alrededor de 700 presos cruzaron el ... jueves las puertas de las cárceles de Inglaterra y Gales antes de la fecha en la que hasta ahora les habría correspondido hacerlo. Fue la primera tanda de un nuevo sistema de excarcelaciones con el que el Gobierno británico pretende liberar espacio en unas prisiones que funcionan al límite de su capacidad. La medida, sin embargo, traslada parte de la presión fuera de los presidios, sobre unos servicios de libertad condicional sobrecargados y unas fuerzas policiales que deberán supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas a quienes terminan su condena fuera del calabozo.
Salir antes tampoco significa que desaparezca el resto de la condena. El preso pasa a cumplirla en la comunidad bajo supervisión del Servicio de Libertad Condicional (Probation Service) y sometido a las condiciones de su permiso, que pueden incluir pulseras electrónicas, zonas de exclusión, controles de drogas y restricciones sobre determinados lugares o personas. Si incumple las condiciones, puede ser devuelto a prisión.
Detrás del plan está una crisis de capacidad que el Ministerio de Justicia reconoce abiertamente. Las prisiones masculinas para adultos han llegado a funcionar al 98% de su capacidad y el Gobierno sostiene que, pese a su programa para construir 14.000 nuevas plazas antes de 2031, levantar cárceles no resolverá con suficiente rapidez el problema inmediato. La reforma, según el Ejecutivo, pretende evitar que la falta de celdas termine afectando al funcionamiento del conjunto del sistema penal.
La aplicación se ha dividido en diez tandas. Unos 700 presos salieron el 1 de octubre y alrededor de 650 lo harán el 13, y las siguientes fases continuarán hasta junio de 2027. En total, serán más de 4.000 excarcelaciones (al principio, se calculaban 6.000). Las primeras salidas hicieron visible esta semana una dificultad añadida, ya que algunos reclusos abandonaron la cárcel sin una vivienda a la que regresar y con condiciones de licencia cuyo cumplimiento puede resultar especialmente complicado precisamente por carecer de domicilio.
Es el caso de David Elliott, de 50 años, quien dijo a varios medios británicos que abandonó la cárcel de Brixton después de cumplir siete semanas de una condena de veinte por robar unas gafas en una tienda. «No tengo dónde vivir», aseguró, y explicó que temía ser devuelto a su celda porque una de las condiciones de su licencia exigía permanecer en un domicilio fijo para poder someterse a vigilancia electrónica. Su caso resume uno de los problemas que los trabajadores encargados de supervisar las nuevas liberaciones habían advertido antes de que comenzara el programa.
Poco personal y mucho trabajo
Funcionarios de libertad condicional consultados por 'The Guardian' aseguraron que las plazas disponibles en alojamientos para exreclusos estaban prácticamente agotadas. «Tenemos apenas unas pocas plazas y están llenas. Ahora estamos contemplando liberar a algunas personas directamente a la calle», explicó uno de ellos.
La cuestión es especialmente delicada porque el nuevo modelo reduce el tiempo que determinadas personas permanecen físicamente encarceladas, pero amplía el periodo durante el cual deben ser supervisadas fuera de prisión. Ben Cockburn, presidente nacional de Napo, el sindicato de los trabajadores de libertad condicional, ha denunciado graves carencias de personal y cargas de trabajo que considera «insostenibles y peligrosamente elevadas». Su advertencia resume la principal objeción operativa al programa: «Si sobrecargas el servicio de libertad condicional, aumentas el riesgo. Es así de sencillo».
El Gobierno sostiene que está reforzando precisamente ese sistema, con una inversión de 700 millones de libras, la contratación de 1.300 funcionarios adicionales y otros 100 millones para ampliar la vigilancia electrónica. El primer ministro, Andy Burnham, ha prometido «periodos más largos de supervisión» y nuevas restricciones, entre ellas zonas de exclusión para determinados delincuentes.
La Policía también tendrá que asumir una parte de la carga. Los agentes deberán intervenir ante determinados incumplimientos, detener a quienes sean reclamados de nuevo para ingresar en prisión y gestionar los riesgos para las víctimas. La Police Superintendents' Association ha calculado que las reformas penitenciarias podrían generar costes adicionales de alrededor de 480 millones de libras para las fuerzas policiales.
Las víctimas constituyen el otro gran punto de fricción. Claire Waxman, comisionada para las Víctimas de Inglaterra y Gales, advirtió que «la confianza que proyecta el Gobierno todavía no se corresponde con la realidad sobre el terreno». Y añadió que «las afirmaciones contundentes en comunicados de prensa no sustituyen una planificación eficaz, una preparación sólida y una aplicación coherente».
El plan no afecta a todos los reos. Quedan fuera los condenados a cadena perpetua y a determinadas penas por delitos violentos o sexuales graves, como violaciones, o relacionados con la explotación sexual de menores. La lista, sin embargo, no excluye todos los delitos violentos. Algunos condenados por agresiones y violencia doméstica pueden beneficiarse de las nuevas reglas, una cuestión que ha provocado especial preocupación entre organizaciones de víctimas. El Ejecutivo retrasó de septiembre a octubre la entrada en vigor del sistema para permitir que más afectadas fueran informadas y pudieran solicitar restricciones, como zonas de exclusión.
El caso de Andrew Harper
La posible liberación anticipada de dos de los condenados por la muerte del policía de 28 años Andrew Harper en 2019 obligó al Gobierno a ampliar las exclusiones del plan. Harper acudió a un aviso por el robo de un quad que los ladrones remolcaban con un coche mediante una correa en la que Harper quedó atrapado. Murió tras ser arrastrado detrás del vehículo durante más de un kilómetro. Tres hombres fueron condenados, uno a 16 años de prisión y otros dos, a 13.
Cincuenta responsables policiales reclamaron al primer ministro que explorase «todas las opciones legales» para impedir que los culpables salieran antes de prisión. «¿Qué confianza pueden tener las víctimas, las familias y el público en una sentencia si cambios posteriores permiten liberar a un delincuente significativamente antes de lo previsto?», se cuestionaron. El Gobierno rectificó y excluyó determinados delitos de asesinato y homicidio, además de la violación y otros abusos sexuales.
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