Pierdan toda esperanza quienes crean que cualquier declaración del Rey sobre el pasado español en América vaya a satisfacer a la presidenta mexicana. La victimización como parte de la identidad es consustancial al populismo. Si la primera desaparece, el segundo pierde sentido y todo el movimiento que sustenta a Claudia Sheinbaum y al denominado Grupo de Puebla decae. Es lógico que el Gobierno del país norteamericano no pare hasta que un monarca español pida disculpas genuflexas, porque sólo así puede obtener el certificado de víctima y, por tanto, de irresponsable ante los problemas reales.
México acumula más de 200 años de independencia, goza de una situación geográfica privilegiada, recursos naturales y una fortaleza cultural poderosa. Lo que le sucede, sea lo que sea, apenas tendrá que ver con Hernán Cortés y sí con el factor que determina el crecimiento de la economía y la estabilidad de los estados en el largo plazo: la calidad institucional. Que cada cual extraiga sus conclusiones.
El debate real no es sobre lo que pasó hace cinco siglos. Los hechos están sustanciados por los historiadores y Felipe VI hizo un resumen bastante ajustado en lo que el Gobierno se apresuró a vender de forma engañosa como el embrión de una petición de disculpas. Ni lo del imperio azteca fue el exterminio del edén indígena de paz y armonía, ni deberían estar dando gracias a los castellanos porque les llevaran las universidades y les quitaran el taparrabos, como sostiene un sector patrio ahíto de nacionalismo. En términos de responsabilidad, ni son sus antepasados ni los nuestros.
Lo cierto es que la posición española en esta controversia es siempre reactiva. En el siglo XVI la Corona de Castilla tenía las instituciones más avanzadas de la época y eso, además de la creación de un imperio, propició su verdadero hecho diferencial: se planteó su relación con los nativos no sólo desde la fe, sino desde el derecho. Algo que no hizo en igual medida el luteranismo ni mucho menos el calvinismo de corte supremacista.
El Rey estuvo ayer junto al presidente de Italia en el que fue epicentro europeo del pensamiento crítico, la filosofía y la economía. Este año harán justo 500 desde que tomara posesión Francisco de Vitoria de la cátedra de Teología de la Universidad de Salamanca. El dominico denunció ante el poder el trato de «los encomenderos» -aquellos que estaban encomendados a la explotación del Nuevo Mundo- hacia los indígenas porque violaba el testamento de Isabel La Católica (1504), que había prohibido la esclavitud.
De Vitoria defendió con éxito que las tierras descubiertas para los españoles no eran res nullius, es decir sin propietario, y que, por tanto, los indígenes no podían perder sus derechos sobre ellas: «Son libres, personas humanas y dueños de sus tierras, pues el dominio no se pierde ni por el pecado mortal ni por la herejía», resumen José Carlos Martín de la Hoz y León Gómez. Fue una revolución que colocó al ser humano en el centro y transformó el cuerpo normativo español con las Leyes Nuevas de 1542.
Cuando los filósofos liberales británicos no existían, De Vitoria ya explicaba el funcionamiento del mercado -«el precio justo es el que fijan en la plaza compradores y vendedores»- y se oponía a los monopolios comerciales, mientras Martín de Azpilicueta teorizaba sobre la relación entre la cantidad del dinero que había como consencuencia de los metales llegados de América y la subida de precios que empobrecía a la población.
Una forma de adoptar una posición razonable y alejada de identitarismos rancios respecto de aquellos hechos es reivindicar a De Vitoria y a la Universidad de Salamanca. Pero me temo que, como siempre, ya vamos tarde. O, sencillamente, no interesa porque no polariza.