La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. CAM
Observatorio de la sanidad El Senado apoya a Ayuso y rechaza la moción del PSOE para obligar a Madrid a crear el registro de objetores del abortoMientras tanto, Mónica García ha amenazado a la presidenta con inhabilitarla si no cumple con la ley.
Más información: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Gobierno de Ayuso iniciar la creación del registro de objetores del aborto
Victoria Villafranca Publicada 18 marzo 2026 14:47h Actualizada 18 marzo 2026 14:52hLas claves nuevo Generado con IA
El conflicto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid continúa vivo por el registro de objetores del aborto. A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha ordenado a la presidenta crearlo con urgencia, el Senado no está de acuerdo con esta imposición.
La cámara, con mayoría absoluta del Partido Popular (PP), ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso y ha frenado la moción del PSOE para obligar a la región a crear dicho registro. El órgano ha rechazado la proposición, que ha contado con 114 apoyos, la negativa de 142 senadores y tres abstenciones.
Esta moción, defendida por el socialista José Manuel Franco, y para la que no se presentaron enmiendas, fue presentada en garantía del cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
En esta se incluyó la creación del citado registro que se votó en el marco de un Consejo Interterritorial en diciembre de 2024.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordena al Gobierno de Ayuso iniciar la creación del registro de objetores del abortoNo obstante, tras el rechazo de la moción, Franco ha anunciado que "el Gobierno de España incluso va a llevar al Congreso una proposición para que este derecho se blinde en la Constitución, para que ningún Gobierno de derechas atente contra este derecho de las mujeres ganado a pulso".
"Estamos defendiendo que se cumpla la ley, no pedimos nada más", ha manifestado, en relación con la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que se ordena al Ejecutivo madrileño a iniciar los trámites para crear el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE).
Madrid
A su juicio, en la Administración liderada por Isabel Díaz Ayuso "ya no hacen caso ni a las decisiones judiciales", lo que es "el colmo de los incumplimientos".
Ahora, según Franco, el objetivo es "programar adecuadamente los abortos" y "que no pase como hasta ahora", que "las que no tienen dinero tienen que abortar a veces en condiciones infrahumanas".
"Madrid es la única comunidad que no tiene registro", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que sí lo ha dispuesto para "objetores en eutanasia".
"Este registro es bueno para los profesionales, les ofrece garantías", ha añadido, tras lo que ha explicado que el objetor de conciencia "no se va a ver obligado a realizar ningún tipo de intervención en esta dirección". Díaz Ayuso "dice que no quiere crear listas negras, cuando esta lista es confidencial", ha asegurado.
Derecho fundamental
Todo ello ha sido rechazado por el senador del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Ruiz Escudero, quien ha afirmado que, "bajo la apariencia de ser técnica", esta moción "vuelve a introducir un debate profundamente ideológico". "La objeción no es ni un privilegio ni una concesión administrativa, es un derecho fundamental" que está recogido "en la Constitución", ha declarado.
Los profesionales sanitarios "tienen derecho a actuar conforme a su conciencia y a no declarar su ideología o sus creencias", por lo que "es realmente preocupante que este Gobierno radical y, en este caso, el Partido Socialista pretendan convertir el ejercicio de la objeción de conciencia en un trámite burocrático sometido a registro", ha continuado.
Este registro "ni mejora la organización sanitaria, ni aporta garantías asistenciales adicionales y tampoco resuelve ningún problema clínico", mientras que lo que sí hace es "identificar profesionales que objetan". Ello abre la puerta "al señalamiento y a la estigmatización".
En cuanto al hecho de que Madrid sea la única región que no ha acatado la ley, ha explicado que "muchas de ellas han puesto en marcha el registro no por convicción", sino "por un imperativo legal". Madrid no lo ha implantado "no por falta de compromiso con la legalidad, sino por una convicción de defensa de un derecho que es absolutamente fundamental para nuestros profesionales", ha manifestado.
Inhabilitación
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó la semana pasada la medida cautelar solicitada por el ministerio e instó a la Comunidad a iniciar los trámites para poner en marcha el registro de objetores. Precisamente este martes el Gobierno regional anunció que ya ha presentado recurso contra esa decisión.
Tras llevar el conflicto a los tribunales, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha amenazado a Ayuso con la posibilidad de que pueda ser inhabilitada si no cumple la ley.
La advertencia llega en plena batalla judicial entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid por este registro.
Hace unos meses, el Gobierno recurrió a los tribunales después de que Madrid no respondiera al requerimiento enviado en octubre a las tres únicas comunidades que no habían iniciado los trámites para crear el listado —Aragón, Baleares y Madrid—. De las tres, sólo el Ejecutivo madrileño no contestó.