Vox, como Bildu, el PNV, Junts o ERC, vincula los plenos derechos de los ciudadanos a determinados requisitos nacionalistas. Todos ellos establecen una prioridad de origen de los naturales respecto de los que no lo son. Las diferencias tienen que ver con los fines y también con las vías para lograrlos.
En cuanto a lo segundo, Vox y el PNV conforman un subgrupo caracterizado por que ninguno de los dos ha violado la ley. En el caso de los nacionalistas vascos, han conjugado políticas de asimilación con otras de discriminación de baja intensidad en puntos sociales críticos, como pueden acreditar profesores universitarios y guardia civiles que conviven con el rechazo del sistema o que se han marchado. «Ancha es Castilla», les despidió Xabier Arzalluz.
No se puede decir lo mismo de Bildu, cuya matriz, Sortu, es el brazo político de una organización que optó por el exterminio físico del discrepante. Por su parte, Junts per Catalunya y ERC vulneraron los derechos políticos de la mitad de los ciudadanos de su comunidad y del conjunto de los españoles a través de un referéndum ilegal de independencia. No por voluntad propia sino por la capacidad coercitiva del estado de Derecho, todos han regresado a la negociación política como herramienta para acceder a sus propósitos.
En cuanto al fondo, Vox camina en solitario al no ofrecer al extranjero ninguna oportunidad de adquirir todos los derechos y libertades. Su rechazo al «africano», ya sea negro o magrebí, es étnico, de piel y, por tanto, vulnera el respeto a la mismísima esencia de su dignidad como ser humano. Apela a algo de lo que el afectado no se puede desprender ni aunque quiera. En su ideario no hay distinción entre el nacionalismo, la xenofobia y el racismo. Son todo uno.
Ninguna de estas formaciones va a renunciar a su «prioridad nacional» con sus diferentes matices, porque desaparecerían. Pero la cuestión que se ventila estos días tiene más que ver en cómo se integran en los pactos con los grandes partidos, de concepciones más trasversales. El PSOE lleva ventaja porque parte de su electorado ha interiorizado la xenofobia light como mal menor y beneficioso entre las partes.
Uno de los ejemplos más logrados es el PSC. Su máximo representante, el presidente de la Generalitat de Catalunya, defendió esta semana en una entrevista con Carlos Alsina que el acceso a los derechos plenos de ciudadanía de un inmigrante está condicionado a que éste aprenda catalán. Según Salvador Illa, es para favorecer su «integración». ¿No puede integrarse en Cataluña un extranjero que se exprese en español? ¿En qué idioma da las ruedas de prensa Hansi Flick? En Dioses inútiles, naciones y nacionalismos, Álvarez Junco explica precisamente que, a diferencia del vasco o el castellano, el nacionalismo catalán es esencialmente lingüístico, pues elige el habla con elemento de cohesión o de rechazo al distinto. El requisito idiomático es una barrera de entrada a la comunidad establecida por el partido ultraderechista francés Asamblea Nacional, pero Illa la consideró de «sentido común».
Es la expresión perfecta. Vox la emplea para exponer que su ideario es lo que siente el pueblo en sus plazas frente al laboratorio ideológico de «la izquierda woke». No siempre lo «común», lo más extendido, es lo correcto por mucho que anide en las tripas de los paisanos. El pacto de Extremadura y Aragón dice que los españoles no somos libres e iguales. Y, según Vox, que nunca lo seremos. A ver cómo baila el PP esta jota.