El Ministerio de Inclusión traslada tranquilidad a los solicitantes, recuerda que el alto tribunal avaló la continuidad del proceso en mayo y replica que la autorización solo habilita a residir y trabajar en España
Regala esta noticia Añádenos en Google Imigrantes hacen cola a las puertas de la administración. (Mireya López)Madrid
30/06/2026 Actualizado a las 12:46h.El mismo día en que se cierra el plazo de solicitudes, la regularización extraordinaria de inmigrantes ha quedado bajo la sospecha del Tribunal Supremo, que ... ve indicios de que el decreto del Gobierno pueda vulnerar el derecho de la Unión Europea. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no ha suspendido el proceso, pero ha abierto la puerta a entregar el asunto a un árbitro sobre el que el Ejecutivo no tiene ascendente: el Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo. Antes de resolver, ha dado a las partes un plazo «improrrogable» de cinco días para que se pronuncien sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial, ante la «duda» de si la norma «podría entrar en colisión» con la legislación comunitaria.
El alto tribunal da cinco días a las partes para pronunciarse ante la «duda» de si la regularización «podría entrar en colisión» con el derecho comunitario
La composición de la Sala que firma las providencias no ayudará a desarmar las dudas que puedan sembrarse desde el PSOE sobre la eventual decisión del alto tribunal, como ha hecho con las investigaciones por corrupción que lo salpican. Los tres magistrados —Carlos Lesmes, expresidente del propio Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; Wenceslao Olea, exvocal conservador del CGPJ; y Fernando Román, ex secretario de Estado de Justicia con Rajoy— suman trayectorias que la Moncloa difícilmente leerá como neutrales en un pulso de fondo institucional.
El núcleo del reproche son las disposiciones adicionales 20 y 21 del decreto, que el Supremo describe no como un trámite individualizado, caso a caso, sino como un régimen general para entregar la residencia al margen de la situación administrativa de cada solicitante. La primera regulariza a quienes hubieran pedido protección internacional antes del 1 de enero de 2026, aunque el asilo les fuera denegado y aunque pese sobre ellos una orden de expulsión; la segunda alcanza a cualquier extranjero irregular que estuviera en el país antes de esa fecha, al amparo de unas «circunstancias excepcionales» que los magistrados juzgan demasiado genéricas. El efecto que más escuece es automático: la concesión «supondrá el archivo del procedimiento de expulsión o devolución», incluso cuando la orden hubiera sido «confirmada en sentencia».
A partir de ahí, el tribunal despliega un catálogo de fricciones con Bruselas. La disposición 20 podría chocar con el reglamento que fija el procedimiento común de asilo, según el cual el derecho a permanecer mientras se tramita una solicitud no equivale a un permiso de residencia. La 21 tropieza con la Directiva de Retorno —en vigor pese a que España nunca la traspuso—, que obliga a dictar una decisión de retorno «contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular». Reconocer la residencia por el mero hecho de la estancia irregular podría chocar con esa exigencia.
El argumento más de fondo es competencial. Tras el Pacto de Migración y Asilo, la gestión de los flujos irregulares ya no se concibe como una decisión que cada Estado adopte por su cuenta, sino bajo un principio de cooperación leal que los tratados elevan a obligación. El Supremo cifra el alcance potencial entre 900.000 y 1,65 millones de personas y cuestiona que una operación de esa escala se haya despachado «mediante norma reglamentaria, de rango infralegal» y «sin que conste notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con los demás Estados miembros». La pregunta que traslada suena ya a dictamen anticipado: si un Estado puede regularizar en masa «sin condicionamiento alguno que no sea la mera decisión política».
El factor Schengen
El tribunal añade un efecto que internacionaliza el choque: quien obtenga la residencia española podría circular por el espacio Schengen, de modo que una decisión tomada en solitario terminaría descargando sobre las fronteras interiores del conjunto de la Unión. Es, en lenguaje político, el «efecto llamada» que la derecha agita desde hace semanas. Y es también el punto donde el Gobierno planta su defensa: fuentes del Ministerio de Inclusión replican que la autorización habilita a residir y trabajar solo en territorio español, un matiz con el que el Ejecutivo busca desactivar de raíz el argumento fronterizo de la Sala.
Los magistrados cifran entre 900.000 y 1,6 millones los beneficiarios y cuestionan que una medida así pueda tomarse «mediante norma reglamentaria» y sin notificación previa a Bruselas
El resto del mensaje gubernamental es de calma. Inclusión recuerda que el Supremo ya avaló la continuidad del proceso en mayo, subraya que la norma se redactó «velando estrictamente» por su encaje comunitario y traslada tranquilidad a los solicitantes mientras trabaja con la Abogacía del Estado en sus alegaciones, que debe presentar antes del viernes 3 de julio. Solo después decidirá el tribunal si eleva o no la consulta a Luxemburgo.
El telón de fondo, sin embargo, juega contra esa serenidad. El plazo de solicitudes expira este martes habiendo desbordado todas las previsiones: el Ejecutivo calculaba medio millón de beneficiarios y las peticiones rondan ya el millón, pendientes aún de filtrar por posibles duplicidades. Cuanto mayor es el éxito de participación, mayor es lo que queda en el aire. Eso es lo que el Supremo ha puesto sobre la mesa: la apuesta social más visible de la legislatura, convertida en un nuevo capítulo del pulso permanente entre el Gobierno y los tribunales, y aplazada a la espera de una respuesta que ya no depende de Madrid.
comentarios Reportar un error