El 11 de mayo de 2025, EL MUNDO publicó un cruce de mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez que reflejaban hasta qué punto el presidente del Gobierno se había apoyado en quien en ese momento era ya un ex de todo, imputado por corrupción y a pocos meses de la cárcel. Esa misma mañana, la dirección de la Guardia Civil ya estaba poniendo en marcha una investigación interna contra la Unidad Central Operativa (UCO). Conforme al sumario del caso Cloacas, la activación de esos procedimientos internos por impulso de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, fue uno de los instrumentos de la trama para intentar atenazar a la unidad que preocupaba al Gobierno y al PSOE.
Esa investigación interna se zanjó de manera fulgurante tras una advertencia del magistrado del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente: si se escudriñaba por ese motivo a los agentes, quienes acabarían sometidos a una investigación penal serían los responsables de poner en marcha esa investigación interna.
Así se lo trasladó, de manera «tajante» el magistrado al general de la Guardia Civil designado como instructor, que se desplazó al Supremo consultó a Puente si tenía algún inconveniente con al puesta en marcha del proceso interno: «A esta consulta el magistrado le manifestó de forma tajante que no lo autorizaba y que si se llegaba a realizar la apertura de la información reservada procedería a abrir diligencias tanto contra el testigo como contra la persona que le ordeno la apertura».
Así lo relató la semana pasada a los investigadores del caso Cloacas el propio advertido por Puente, el responsable de la Jefatura de Armas Explosivos y Seguridad Antonio Cortés Ruiz. Fue a él a quien el 11 de mayo, tras la información de EL MUNDO, telefoneó el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para convocarle con urgencia en la cafetería de la Dirección General. Le encargó la investigación y, según el relato de Cortés, le indicó que antes de proceder consultara con los dos jueces que en ese momento instruían el caso Koldo, el de la Audiencia Nacional y el del Supremo.
Dos días más tarde, recibió «un sobre cerrado conteniendo la orden de incoación de la información reservada, donde se incorporaba la orden de proceder y se detallaba que el objetivo de la apertura de dicha información verbal era el esclarecimiento de una posible filtración por parte de la Unidad Central Operativa en las investigaciones por esta Unidad desarrolladas y vinculadas a las noticias publicadas en los medios de comunicación».
Antes de contactar con los magistrados, el general trató el asunto con Alfonso López Malo, jefe de la Policía Judicial y superior del jefe de la UCO, la unidad a la que iba a investigar. El instructor le dijo que estaba valorando consultar a los jueces del caso Koldo. El jefe de la Policía Judicial se lo desaconsejó, al ser asuntos judicializados, anticipando que no sería del agrado de los magistrados.
López Malo añadió en ese encuentro un dato que exculpaba ya en ese momento a la UCO. «Que tenía total confianza que la posible filtración de la información a la prensa no podía tener su origen en la UCO, ya que algunas de las imágenes eran posteriores a la fecha en la que se produjo la incautación de los dispositivos, hecho que descartaba, a su parecer, que el origen de dichas publicaciones pudiera proceder de la UCO».
Tras la declaración de Alfonso López Malo a los investigadores, este mando de la Guardia Civil volvió a contactar con ellos para resaltar este último punto: la investigación interna siguió adelante pese a que ya había ofrecido este dato que exoneraba a la UCO, puesto que algunos datos publicados no estaban en manos de la unidad.
En esa segunda comparecencia quedó claro que el DAO también «era conocedor» de la «imposibilidad» que la UCO hubiera filtrado la información, pese a lo cual la investigación siguió adelante. No le quedaba mucho recorrido y no sobrevivió ya al aviso del magistrado Puente. Cuando el instructor comunicó lo sucedido al DAO, este ordenó proceder al cierre de la investigación.
El general instructor también se había reunido con el entonces jefe de la UCO. Rafael Yuste le advirtió de que solo él prestaría declaración en la información reservada, «no tomándose declaración a ningún otro componente de la UCO». Y avisó de que «no aportaría ningún dato relativo a la investigación», porque esas eran las «instrucciones» de la autoridad judicial.
Antes del encontronazo con el magistrado Puente, el general instructor se había dirigido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de todo lo relacionado con el caso Koldo que el Supremo no había asumido. Preguntó si tenía «algún tipo de inconveniente» para la apertura de la investigación. La respuesta fue «que no había problema en la ejecución de la misma mientras no afectase al procedimiento judicial», según el relato de Cortés.
Ese mismo día, el general se trasladó al Supremo para reunirse con Puente. El magistrado no estaba y, finalmente, concertaron un encuentro para el 19 de mayo. De nuevo le trasladó la encomienda que había recibido y el motivo, preguntándole igualmente si tenía objeciones. La respuesta fue muy distinta y dio al traste con la investigación interna.
La cercenada por el Supremo es una de las al menos tres investigaciones internas contra la UCO promovidas desde la dirección de la Guardia Civil, abiertas todas como reacción a informaciones que perjudicaban al Gobierno. Se abrieron por decisión de por directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, según fuentes de la investigación. Formalmente, la apertura de dos de ellas fue firmada por el DAO; otra, por la propia directora.
A la investigación de mayo de 2025 le había precedido una en diciembre de 2024 y le siguió otra el pasado septiembre. Esta última, de nuevo a raíz de una información que en julio había publicado este diario y que anticipaba lo que estaba sucediendo en el seno de la Guardia Civil: Tensión en la UCO por la constante intromisión del peón de Marlaska.
Dentro de esa investigación se llegó a requerir al jefe de la UCO «la remisión de un organigrama de la misma en la que se hiciese constar aquella parte de la estructura de la misma, que tuviese relación directa con las investigaciones vinculadas al Gobierno, identificando a los agentes integrantes de la misma».
En su declaración a los investigadores del caso Cloacas sobre las presiones recibidas, el ex jefe de la UCO resaltó que la información de EL MUNDO «señalaba otras unidades policiales», pero que no tenía conocimiento «de que se hubiese efectuado una información reservada respecto a estas».