El Alto Tribunal no admite un recurso de la empresa que trataba de cobrar unas deudas que no estaban reconocidas
Regala esta noticia Añádenos en Google El Ayuntamiento de Torremolinos. (SUR)Torremolinos
30/06/2026 a las 00:08h.A comienzos del año pasado, la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, hizo pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, adelantada por SUR ... , que enmendó una decisión previa del Contencioso Administrativo.
El germen del litigio está en una momento de huelgas de basura en 1994 por supuestos impagos del Ayuntamiento, gobernado por el socialista Miguel Escalona, a la concesionaria. En 1995, con Pedro Fernández Montes, del PP, con la vara de mando, se rescata el servicio y de ahí surge la creación de Litosa y la municipalización de la recogida de residuos y limpieza viaria.
Al romperse la relación contractual, FCC sostiene que el Ayuntamiento le debe dinero y, en 2004, todavía con Fernández Montes, el Gobierno local opta por suscribir un convenio para congelar las exigencias económicas; a cambio de ello, entrega suelos municipales, en La Leala. Finalmente, este acuerdo es neutralizado en los tribunales, al acudir a estos la Junta, que considera que sus términos vulneran la ley. A partir de ahí, FCC recurre a los juzgados para que se abone lo que considera que es suyo y es cuando, a comienzos de 2024 llega un fallo en el Contencioso Administrativo que, tras revisarlo el TSJA, previo recurso del letrado municipal, decáe.
Último intento
La parte reclamante todavía contaba con un as en la manga: acudir en casación al Tribunal Supremo; pero la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano ha inadmitido el recurso. ¿El motivo? El Alto Tribunal no aprecia infracción de una ley o doctrina legal ni el quebranto garantía legal del proceso, además considera que el caso concreto no tiene traslado a los «supuestos de anulación de convenios que exijan la restitución de prestaciones»; tampoco entiende que con su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ponga en riesgo «el interés general en la correcta ejecución de los convenios con la administración». La resolución, contra la que ya no caben más recursos, impone las costas a FCC.
Regla general
Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya dio la razón al Ayuntamiento de Torremolinos, el quid de la cuestión estuvo en que, al no darse carta de legalidad al acuerdo tras la reclamación por impagos, contra el que se pronunció el propio TSJA, se aplicó lo que se considera como regla general, es decir, «que los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses».
Pero, como aclaraba la máxima instancia judicial andaluza, «nada entregó FCC por razón del contrato ni ningún precio satisfizo por la cesión municipal, sino que, lisa y llanamente, solo se comprometió a desistir de una serie de procedimiento judiciales». Es decir, no se podía dar por seguro, como hizo el Contencioso Administrativo, que existiera una deuda como tal.
Convenio
El TSJA abunda «ni siquiera en el convenio se realiza un reconocimiento de deuda por la Corporación Local (que igualmente carecería de eficacia jurídica tras su anulación, razona el propio tribunal), sino que solo se alude a catorce procedimientos judiciales que FCC tenía pendientes de resolución«. Igualmente, a tenor de lo argumentado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, quedó claro que los suelos, con los que se iba a resarcir a FCC, son claramente de titularidad municipal.
9,87
Millones
La admisión de esta deuda de Torremolinos hubiera supuesto un quebranto grueso para las arcas de la ciudad. Para dar una idea, la cantidad es superior, como indicó la alcaldesa, a la que el municipio mantiene con Málaga, después de que el tribunal condenara al Consistorio a abonar 9,87 millones más los intereses devengados desde 1997, en concepto de limpieza, recogida de basura y uso del vertedero hasta 1990
La admisión de esta deuda de Torremolinos hubiera supuesto un quebranto grueso para las arcas de la ciudad. Para dar una idea, la cantidad es superior, como indicó la alcaldesa, a la que el municipio mantiene con Málaga, después de que el tribunal condenara al Consistorio a abonar 9,87 millones más los intereses devengados desde 1997, en concepto de limpieza, recogida de basura y uso del vertedero hasta 1990.
Lectura política
En clave política, Del Cid argumentó sobre esta causa que fue, en sus palabras, «un asunto mal gestionado por quien entonces generó un problema con la concesionaria de limpieza, por quien intentó compensar esta problemática con patrimonio municipal de suelo y por el último equipo de Gobierno socialista», pues, como apuntó, FCC basaba parte de su estrategia judicial en una auditoría que encargó el PSOE en 2017 y en un decreto de Urbanismo, de 2016, que hacía referencia, dijo, »a un concepto jurídica y administrativamente muy poco sólido, deuda no contabilizada».
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