El Tribunal Supremo ha confirmado los 39.000 euros en concepto de costas que el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz debe abonar por el coste del abogado y procurador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Sala de lo Penal del alto tribunal ha dictado un auto que desestima los recursos de revisión interpuestos por el ex fiscal general y el Ministerio Fiscal contra el decreto del pasado 26 de marzo de la letrada de la Administración de Justicia que fijó en 39.000 euros el importe de la tasación de las costas procesales.
En un primer momento, la letrada aprobó la tasación de costas de 79.942 euros impuestos a García Ortiz tras la presentación de la minuta del abogado y del procurador, pero más tarde redujo la cantidad casi a la mitad al excluir del cómputo diferentes recursos.
La letrada consideró indebidas parte de las costas, estimando parcialmente la impugnación hecha por la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, y por la Fiscalía.
Esta decisión fue nuevamente recurrida por la Fiscalía y Abogacía, que tildaron de indebidas algunas partidas por ser superfluas e inútiles, pero el tribunal rechaza estas alegaciones y mantiene la suma de 39.000 euros.
El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general por un delito de revelación de datos reservados al difundir información reservada de la investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda y le impuso una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y las costas procesales.
El ex fiscal general ya pagó la multa y la indemnización con "fondos procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales (UPF)", de la que el ex fiscal general fue presidente portavoz y quien "asume íntegramente dicho pago como propio".