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Jesús Manuel Gómez García en el Supremo R.C. El testigo clave de la compra de mascarillas señala a Ábalos y Koldo: «No se miraron otras ofertas»El exsubsecretario del Ministerio de Transportes asegura en el Supremo que el exministro no le ordenó estudiar otras vías distintas a la empresa de De Aldama
Martes, 14 de abril 2026, 17:41
... prácticamente en un testigo de cargo contra el exdirigente socialista y su exasesor Koldo García. El exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García señaló directamente a ambos como los últimos responsables de la contratación a dedo de las mascarillas. En su declaración, el exalto cargo reconoció que «no se miraron otras ofertas» y que todo el procedimiento giró, desde el principio, en torno a una única propuesta: la presentada por Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al comisionista Víctor de Aldama.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Gómez como «correa de transmisión» entre el entorno del ministro y los órganos adjudicadores, un papel que el testigo —imputado en el tronco central del «caso Koldo»— trató de acotar durante su comparecencia para, de paso, sacudirse cualquier responsabilidad de cara a un futuro juicio.
El exsubsecretario, que dijo que nunca trató con De Aldama, relató que el proceso arrancó el 19 de marzo de 2020, cuando Ábalos le encargó la compra urgente de mascarillas en pleno estado de alarma. Según explicó, su equipo propuso canalizar la operación a través de Puertos del Estado por su capacidad logística y financiera, una decisión que el ministro avaló. En apenas 24 horas se preparó la orden ministerial bajo el procedimiento de emergencia.
En ese momento, según su versión, no existía ninguna oferta sobre la mesa. «El 19 de marzo no teníamos ninguna oferta», insistió. Sin embargo, la situación cambió al día siguiente. El 20 de marzo, Koldo García acudió a su despacho con una propuesta concreta: la de Soluciones de Gestión. «Me la dio en mano», afirmó, y explicó que la escaneó de inmediato para remitirla a Puertos del Estado y agilizar la tramitación.
Gómez García admitió que esa fue la única oferta que manejó en todo el proceso y que no realizó ninguna comprobación adicional ni buscó alternativas. «El ministro no me ordenó que mirara otras ofertas», señaló, subrayando que, cuando posteriormente llegaron propuestas con precios inferiores, el contrato ya estaba adjudicado y no se tuvieron en cuenta.
Uno de los puntos centrales de su declaración fue la duplicación del volumen de mascarillas. Inicialmente, la orden contemplaba la compra de cuatro millones de unidades, cifra que el propio exsubsecretario reconoció haber fijado «unilateralmente» en función de criterios técnicos. No obstante, antes de su publicación, esa cantidad se elevó a ocho millones.
Según explicó, fue Koldo García quien le trasladó esa decisión en términos tajantes: «ocho millones o nada». El testigo interpretó que esa instrucción procedía directamente del ministro. Este cambio se produjo en apenas 38 minutos, una circunstancia que los investigadores consideran clave para entender la operativa de la trama.
Durante el interrogatorio, Gómez García defendió que el contexto de emergencia sanitaria condicionó todas las decisiones. A preguntas de la acusación popular sobre si no le resultó extraño el incremento repentino o la ausencia de competencia, respondió que se trataba de una situación excepcional. «Era una situación de emergencia», insistió.
Segunda compra
El exsubsecretario también detalló que, antes incluso de que se entregara el primer suministro, el Ministerio decidió realizar una segunda compra a la misma empresa, esta vez a través de Adif. En este caso, el encargo ascendió a cinco millones de mascarillas, aunque el propio testigo reconoció no recordar con exactitud por qué se fijó esa cifra.
Las adjudicaciones investigadas incluyen un contrato de Puertos del Estado por 24,2 millones de euros y otro de Adif por 12,5 millones, ambos a favor de Soluciones de Gestión. La Fiscalía sospecha que detrás de estas operaciones pudo existir un sistema de comisiones para el entorno político implicado, una cuestión que sigue bajo investigación en la Audiencia Nacional.
Gómez García insistió en que su papel se limitó a tramitar órdenes y negó haber intervenido en la elección del proveedor. «En cuanto a la decisión sobre el contratista, no tuve nada que ver», afirmó, tratando de desvincularse de la adjudicación.
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