Maros Sefcovic, Fabián Picardo, David Lammy y José Manuel Albares, en la primera reunión a la que se unió en ministro principal de la colonia, en Bruselas, septiembre de 2024. EC
Política El Tratado con Gibraltar quita la Verja, somete a la colonia a supervisión de la UE pero blinda la soberanía británicaLa Roca aplicará normas UE en controles, aduanas y fiscalidad, con agentes españoles en accesos de puerto y aeropuerto, pero el texto consagra que nada del acuerdo puede usarse para discutir la cuestión de fondo: la bandera.
Más información:El Tratado con Gibraltar se hace público a sólo mes y medio de que entre en vigor y sin que el Gobierno informe al Congreso.
Alberto D. Prieto Publicada 26 febrero 2026 12:22hLas claves nuevo Generado con IA
El tratado con Gibraltar establece que la colonia británica en suelo español no forma parte del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido de diciembre de 2020. Pero el documento consolida la soberanía británica sobre la Roca, aceptarse que esa "controversia" queda fuera de la discusión.
El texto de 1.019 páginas, que incluye 336 artículos, 43 anexos y un protocolo de coordinación de seguridad social, se ha hecho público este jueves. Es decir, a menos de mes y medio hasta su entrada en vigor, prevista por la Comisión Europea para el próximo 10 de abril.
El urgentísimo plazo fijado por las partes negociadoras, el Ejecutivo comunitario y Londres, tras más de cinco años de negociaciones, obliga a una ratificación exprés por los parlamentos respectivos.
Y ha provocado las críticas de la oposición en España, porque no está previsto que pase por el Congreso español.
Fuentes de la dirección del Partido Popular, en conversación con este periódico, han exigido que el texto sea debatido y votado "en las Cortes Generales".
El tratado con Gibraltar tiene fijado el 10 de abril para entrar en vigor y Moncloa mantiene en secreto su contenidoSegún fuentes oficiales del partido de Alberto Núñez Feijóo, "cualquier acuerdo sobre Gibraltar tiene que ser autorizado por el Congreso y el Senado por razones constitucionales, por principio democrático y por sentido común".
Pero el tratado se ha publicado sin que el Congreso fuese informado en ningún momento sobre su contenido y sin que el Gobierno tenga previsto o anunciado un debate al respecto.
Sin embargo, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ya sometió a aprobación el texto en su ejecutivo, el pasado 19 de enero, tras cinco reuniones maratonianas. Además, ha entregado una copia a la oposición y ha celebrado reuniones informativas con todos los sectores económicos y sociales afectados en la Roca.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por su parte, compareció el pasado octubre en un pleno informativo. Pero se limitó a aportar líneas generales del texto.
También llamó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el día en que se alcanzó el acuerdo político, el pasado junio. Después, informó de los principios del texto a la mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar y la diputación provincial.
Salvaguarda de soberanía
El corazón político del tratado está en su artículo 2, que consagra una cláusula de salvaguardia de soberanía.
En ella, la Unión Europea y el Reino Unido fijan que nada del acuerdo podrá interpretarse como "reconocimiento, cuestionamiento o alteración" de las posiciones jurídicas de Madrid o de Londres sobre la titularidad de la Roca.
Eso significa que todas las cesiones de supervisión a la UE y de control operativo a España se hacen "sin perjuicio" de la soberanía británica. Y que ninguna de las nuevas estructuras de gobierno conjunto podrá utilizarse como argumento en futuras disputas territoriales.
Acuerdo final por Gibraltar: la UE, Madrid y Londres cierran el tratado para fijar la relación tras el Brexit de la colonia con la UEA cambio de blindar la colonia británica, el texto crea una integración muy profunda de Gibraltar en el espacio europeo.
La Roca queda vinculada al "acervo Schengen" en circulación de personas y a la unión aduanera de la UE en mercancías, bajo la tutela de Bruselas y con un papel central de las autoridades de España.
La primera consecuencia visible será la desaparición de la Verja y de cualquier otra barrera física al paso de personas por tierra.
Policías españoles en la Roca
Los registros se desplazan al puerto y el aeropuerto de Gibraltar, donde se implantará un sistema de "doble control", primero con funcionarios británico-gibraltareños y luego de agentes españoles, bajo normas Schengen.
En la práctica, cuando un viajero llegue a Gibraltar por avión o por mar pasará por dos filtros.
Primero, el control de entrada de las autoridades de Gibraltar. Después, el control de frontera exterior de la UE realizado por la Policía española, aplicando el Código de Fronteras Schengen y sus bases de datos.
A la salida ocurrirá lo mismo, pero en orden inverso. España comprobará que se cumplen las reglas Schengen y, a continuación, las autoridades de la colonia aplicarán sus propios requisitos de entrada o salida.
La novedad es que ese control español se realizará físicamente dentro del puerto y del aeropuerto de Gibraltar, no en la actual línea de la Verja.
Además, la vigilancia de la frontera terrestre entre puntos de paso también se reconoce como función de España, que podrá desplegar medios para "evitar entradas irregulares".
Para los residentes en Gibraltar, el acuerdo consagra una movilidad casi idéntica a la de un ciudadano español o de un Estado europeo firmante del Tratado de Schengen.
El pacto sobre Gibraltar elimina la Verja pero impone un "control dual" de la frontera que implica 'de facto' la soberanía británicaTendrán entrada sin visado, exención del sistema de entrada y salida y del futuro ETIAS, y no se les estamparán sellos en el pasaporte al cruzar la frontera externa de la UE.
En paralelo, la UE se reserva la potestad de "evaluar la aplicación" de estas normas.
Equipos de la Comisión y de las agencias europeas podrán entrar en Gibraltar para comprobar, sobre el terreno, cómo se gestionan los controles y si se respeta el "acervo Schengen".
Unión aduanera
En el plano económico, el tratado establece una verdadera unión aduanera entre la UE y Gibraltar.
No habrá aranceles ni restricciones cuantitativas a la circulación de mercancías entre la colonia británica en suelo español y el territorio europeo, siempre que los productos cumplan la normativa comunitaria.
Esto implica que serán las reglas de la UE sobre seguridad de productos, prohibiciones y restricciones, y medidas sanitarias y fitosanitarias las que se aplicarán en Gibraltar para las mercancías destinadas al mercado europeo.
La Comisión asume un papel de supervisor para garantizar que los controles aduaneros y de calidad se ajustan al estándar común.
El tabaco tiene un capítulo propio, clave para el Campo de Gibraltar.
Las autoridades de la Roca se comprometen a implantar un sistema de trazabilidad de productos del tabaco equivalente al comunitario, a compartir datos con las autoridades de la UE y a "cooperar activamente contra el contrabando".
Ayudas de Estado
La otra gran pata económica está en la fiscalidad y las ayudas de Estado. El acuerdo obliga a la colonia a mantener niveles de protección contra el blanqueo y la evasión fiscal al menos equivalentes a los estándares de la UE y de la OCDE a 31 de diciembre de 2020.
Sánchez y Keir Starmer, seguros de que cerrarán el acuerdo sobre Gibraltar próximamenteEso limita la capacidad de Gibraltar, teóricamente, para competir a base de ventajas fiscales extremas.
La colonia no podrá debilitar sus normas sobre transparencia, intercambio de información, sociedades pantalla o planificación fiscal agresiva por debajo del listón fijado en BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, es decir, normas de Erosión de la base imponible y traslado de beneficiosde la OCDE).
O lo que es lo mismo, en la lucha contra el blanqueo, el tratado impone un compromiso de no regresión y un sistema de consultas rápidas.
Si una parte considera que la otra ha aflojado sus controles y eso crea un agujero regulatorio, podrá adoptar medidas compensatorias proporcionales.
En materia de ayudas públicas, el texto requiere una autoridad independiente de control en Gibraltar, con poderes para autorizar o vetar subvenciones y para ordenar su recuperación cuando sean ilegales.
Esa autoridad deberá "cooperar" con la Comisión Europea, que puede activar "mecanismos de reequilibrio" si detecta distorsiones en el comercio o la inversión.
Entidad 'supraTratado'
La arquitectura institucional crea una especie de entidad supraTratado que refuerza el peso de la UE frente a la soberanía británica proclamada en el papel.
Se crea un Consejo de Cooperación, copresidido por la Comisión y un ministro británico, con poder para desarrollar el acuerdo, modificar anexos y activar mecanismos de corrección.
Por debajo operan comités especializados en circulación de personas, economía y comercio, y aviación, donde España tendrá presencia directa.
Y para resolver disputas se establece un sistema de arbitraje internacional que, cuando se discuta la interpretación de normas europeas, debe remitir la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sin embargo, la cuestión de fondo, la bandera que ondea sobre el Peñón, queda fuera del alcance de todos estos mecanismos.
El tratado lo repite: ninguna decisión, sentencia o práctica derivada del acuerdo podrá utilizarse ni para favorecer ni perjudicar la posición de España o del Reino Unido sobre la titularidad del territorio.
En resumen, el acuerdo despoja de la Verja a la frontera entre España y el territorio no autónomo, pendiente de descolonización" de Gibraltar, tal como lo define Naciones Unidas. Y lo envuelve en una malla de normas, controles y supervisión europea.
Pero el precio político que ha aceptado Madrid es que todo ese entramado se construye partiendo de una premisa: la colonia seguirá siendo, jurídicamente, británica.
"Gibraltar y el Reino Unido no pueden ser premiados por el Brexit", lamentan las fuentes citadas de la dirección del PP. "Hay todavía muchas cuestiones por aclarar".
Mientras Londres tramita ya el texto y Picardo lo ha sometido al escrutinio de su Ejecutivo y de su oposición, en España el debate apenas acaba de empezar.
Y lo hace con el tratado publicado en el Diario Oficial de la UE y en la web de Exteriores, pero sin que las Cortes Generales hayan podido siquiera pronunciarse sobre el contenido de un acuerdo que afecta directamente a la soberanía, a los ministerios de Exteriores, Interior, Hacienda, Transportes y Defensa, y a toda la economía del Campo de Gibraltar.