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El Tribunal Supremo avala la norma de Barcelona que obliga a reservar un 30% de los pisos de nuevas promociones a vivienda protegida

El Tribunal Supremo avala la norma de Barcelona que obliga a reservar un 30% de los pisos de nuevas promociones a vivienda protegida
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Fue aprobada en el primer mandato de Ada Colau y el actual alcalde, Jaume Collboni, intentó pactar sin éxito una flexibilización con Junts Leer

El Tribunal Supremo ha ratificado la norma del Ayuntamiento de Barcelona que obliga a la reserva de un 30% de los pisos para vivienda protegida en las nuevas promociones inmobiliarias y grandes rehabilitaciones.

El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por la empresa Josel SLU [del grupo Núñez i Navarro] y ha confirmado, de acuerdo con las leyes de urbanismo y con la Constitución, la validez de la norma implantada bajo la alcadía de Ada Colau (Barcelona en Comú) en 2018.

El fallo del Supremo, avanzado por Europa Press, confirma que "a través de los correspondientes instrumentos de planeamiento pueden establecerse reservas de techo para vivienda de protección pública (VPP) en suelo urbano consolidado".

Al iniciar su mandato en 2023, el actual alcalde, Jaume Collboni (PSC), defendió la necesidad de flexibilizar esa norma, pero sus negociaciones con Junts no llegaron a buen puerto y, el pasado mes de julio, el regidor socialista dio carpetazo al asunto y dijo que la modificación quedaba aplazada hasta el próximo mandato (2027-2031).

El partido de Carles Puigdemont había fijado como condiciones una rebaja del 4% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y que los pisos vacíos de la Sareb en la ciudad pasasen a manos de la Administración local. Uno de los puntos en que sí había consenso era el de aplicar la normativa en las zonas con el mercado inmobiliario más tensionado permitiendo que hubiese compensación por áreas, es decir, que se pudiera trasladar ese 30% de reserva para vivienda social a otra zona y no estar obligado a aplicarlo en cada obra nueva.

La aprobación de la medida inmobiliaria del Gobierno municipal de los comunes contó con los votos a favor del PSC, PDeCAT (hoy Junts), ERC y CUP. En el momento de ser validado en el Pleno del Ayuntamiento, los socialistas no formaban parte del Ejecutivo liderado por Colau, pero sí habían sido socios minoritarios de BComú durante parte de ese primer mandato (entre 2016 y 2017) y todo el segundo (2019-2023), también con la ex portavoz de la plataforma antidesahucios PAH como alcaldesa.

Fuente original: Leer en El Mundo - España
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