- TOM BURNS MARAÑÓN
- Editorial Expansión. Regulación masiva sin todas las garantías
- Guía de la regularización de inmigrantes: plazos, requisitos e impacto en la economía
Lo que dicen los sabios es que la nación más exitosa ha sido, es y será la que mejor retenga e integre al forastero que aspira a una vida mejor. La sociedad en un futuro próximo será amablemente mestiza y multicultural, o no será. El nativismo es el camino más corto hacia el estado fallido.
El abogado del llegado en un cayuco tiene bien aprendido el alegato en favor de quien se jugó la vida para labrarse un futuro. Y cualquier persona medianamente informada y ecuánime sabe que en toda democracia liberal, avanzada y próspera, la gestión del flujo inmigratorio pasa forzosamente por la regularización de cuantos "sin papeles" ocupan los empleos que desdeñan los residentes. La nativista pretensión de cerrar la frontera al inmigrante y de excluir al que ya llegó, es contraproducente. Quienes abogan por la eficaz gestión de "puertas abiertas" a la inmigración dicen que tal cerrojazo es propio de una sociedad suicida que, como mínimo, se dispara varias veces en el pie. No hacen falta menos inmigrantes. Hacen falta más. Pero, eso sí, legalmente presentes y cumplidores con las normas del país que los acoge.
El inmigrante no es un problema. Es la solución a los problemas que, quiérase o no, surgen en una sociedad avejentada y debilitada por el "invierno demográfico". España es, probablemente, el país europeo que más se ha beneficiado de un fuerte flujo inmigratorio encabezado por marroquíes, colombianos, venezolanos y ecuatorianos.
El inmigrante, latinoamericano y magrebí, con "papeles" o sin ellos, es la mano de obra que asegura el buen funcionamiento del tejido productivo de un país y la provisión y la distribución de sus servicios esenciales. Y es un contribuyente más a las arcas de la Hacienda pública.
El defensor de los "sin papeles" sabe bien cómo rebatir a los críticos de la regularización de cientos de miles de inmigrantes. Todo político que no entienda por qué la ineludible asimilación de extranjeros es beneficiosa y que no actúe en consecuencia, tiene el pensamiento desordenado, sufre la ceguera que crearon ancestrales prejuicios, muestra la irremediable incompetencia del cortoplacista y se delata como peligrosamente disfuncional.
Lo que consiguen los políticos que o bien muestran una indolente desidia ante el fenómeno inmigratorio o bien lo demonizan es acumular bombas de relojería. La inmigración marginada puede convertirse en un asunto divisivo y explosivo aquí como ya lo es en tantas democracias, igual de avanzadas y prósperas, del entorno. El discurso nativista emplea conceptos inflamables. Y además lo saben quienes lo pronuncian a conciencia.
La eficaz gestión de la inmigración es uno de los temas claves de nuestro tiempo. De ello depende la sostenibilidad del bienestar y los dirigentes de un bando y de otro tienen la obligación de emprender la necesaria labor pedagógica para que así lo comprenda la sociedad en su conjunto.
Lo que dicen los sabios es que la nación más exitosa ha sido, es y será la que mejor retenga e integre al forastero que aspira a una vida mejor. La sociedad en un futuro próximo será amablemente mestiza, multicultural y multiétnica, o no será. El nativismo en estos tiempos interconectados que corren es el camino más corto hacia el estado fallido.
Tales alegatos evidentemente vienen a cuento porque el gobierno de Pedro Sánchez, a través de un Real Decreto, ha acordado esta semana la regularización extraordinaria de un estimado medio millón de personas que se encuentran en situación irregular en España. Quizás son más. En esta ocasión el sanchismo ha estado a la altura de las circunstancias. Y no lo ha estado.
Inaceptable
La medida era y es urgente. En un estado que se precia de ser moderno, la existencia de al menos un uno por ciento de la población "sin papeles" es inaceptable. En cuanto a la masa laboral, el porcentaje es seguramente mucho más alto según apuntan determinados estudios.
Puede que la población inmigrante, con o sin sus documentos en regla, represente el veintitrés por ciento de la población ocupada en España. Y lo cierto es que los inmigrantes, de nuevo regularizados o no, ocupan una inmensa mayoría de los nuevos puestos de trabajo que se han creado en España en los últimos ejercicios.
Pero el gobierno de Sánchez no ha estado a la altura de las circunstancias en cuanto que no ha sometido la muy necesaria norma a un extenso debate en el Congreso de los Diputados y a la aprobación de la cámara de la soberanía nacional. Rehusó hacerlo porque temía perder la votación. Esto es falta de miras, cortoplacismo, sectarismo y, también, cobardía.
La negativa a coger los cuernos de este particular toro es un nefasto punto de partida para los trámites de regularización que comenzarán el lunes de la semana que viene y que, según la norma, cuentan con un plazo para la presentación de solicitudes hasta el treinta de junio.
Si los representantes de la soberanía nacional son incapaces de apoyar decisivamente el Real Decreto, ¿con que ánimo va a recibir la norma el hombre o la mujer de la calle? Para que rebose su copa de odio y de agravios hostiles el ciudadano normal y corriente ya tiene suficiente con las enrabietadas opiniones, racistas y conspironaicas, que pululan en las redes sociales
La envergadura que constituye la extraordinaria regularización de la enorme multitud de "sin papeles" requiere, como mínimo, una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados. Es decir, para este tema en concreto, para este tema que es existencial por naturaleza, era imprescindible el consenso entre el Partido Socialista, el del Gobierno, y el mayor grupo parlamentario que es el del Partido Popular.
Por descontado no hubo tal acuerdo. No lo iba a haber nunca porque la penosa polarización política es la que es. Al Partido Socialista le pisa los talones la izquierda de la izquierda y al Popular la derecha de la derecha.
El desencuentro se manifestó desde el minuto uno de la presentación del Real Decreto. Según la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, España se convertía en "un país mejor que reconoce derechos en lugar de recortarlos".
El comentario no sorprende porque es lo que cabe esperar de la superioridad moral que cultiva y cosecha el Partido Socialista y, muy particularmente, el sanchismo. Ellos son los limpios, los mejores. Son los buenos que, de acuerdo con la irracional expresión que está tan de moda, se han instalado en "el lado correcta de la historia".
Regular la inmigración no va de buenos ni de malos. Tiene que ver con el sentido común, con el pragmatismo y con el interés propio y el beneficio de todos y de cada uno que componen la sociedad. Esto, justo es reconocerlo, al menos lo admitió el propio Sánchez en una "carta a la ciudadanía" que envió por el ciberespacio durante su periplo por China. Los inmigrantes, escribió el presidente del Gobierno, "están contribuyendo a tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mí (sic), cuando también me jubile".
La respuesta de Feijóo
Las declaraciones del líder del Partido Popular, por el contrario, fueron particularmente desafortunadas. Se le ocurrió decir que la norma era "irresponsable, inhumana, insegura e insostenible". "Irresponsable" porque iba "en contra de la mayoría de los españoles", lo cual es una afirmación bastante aleatoria. Según Sánchez, que exagera cuando no miente, el Real Decreto cuenta con el apoyo de los sindicatos y de los empresarios. Y, para que no falte nada, también con el de la Iglesia. "¿Inhumano?". Aparentemente el decreto va a "alentar" a las mafias.
Alberto Núñez Feijóo se arrogó el discurso trumpiano cuando le bastaba con decir, uno, que el Real Decreto era manifiestamente mejorable y, dos, que lo hubiera sido de haberse debatido en el Congreso de los Diputados en lugar de haber sido unilateralmente sacado de la manga por el sanchismo. Feijóo debería haber dicho que él mejorará el Real Decreto, de manera contundente pero consensuada, el año que viene en cuanto gane las elecciones.
El problema de España no es la inmigración descontrolada. El problema es la disfuncionalidad de un sistema parlamentario que no es capaz de regularizar los procesos de integración y de asimilación de manera profesional y con sensatez, proveyendo para ello los elementos humanos y los recursos materiales necesarios.
No será fácil, por ejemplo, para muchos "sin papeles" acreditar que no tienen antecedentes penales no porque sean delincuentes sino porque son inexistentes en su país de origen los registros que demuestren que no lo son. A los funcionarios les sobra cordura para saber quiénes pueden suponer una amenaza para el orden, la seguridad y la salud pública. Lo que echarán en falta son los medios para ejercer su discernimiento.
Es previsible que de aquí al verano la tramitación de los "sin papeles" esté cercana al colapso. Será un ejemplo más de la España que ha dejado de funcionar con los disparatados bulos del sanchismo.
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