La maniobra de presión de Salvador Illa para renovar las cuentas de la Generalitat va camino del fracaso. «Al 99%, no habrá Presupuestos», pronostican fuentes de la dirección de ERC en conversación con EL MUNDO. El vaticinio se basa en que el Govern «no ha realizado ninguna nueva oferta» a la formación independentista respecto a la cesión del IRPF a la Agencia Tributaria Catalana, única condición impuesta por Oriol Junqueras para sentarse a negociar el proyecto presupuestario que el PSC elevó al Parlament sin haber amarrado antes el crucial apoyo de los republicanos.
El 1% de posibilidades que ERC concede a la aprobación de las cuentas no se basa en la posibilidad de que acaben ablandándose ante la presión pública ejercida tanto por el president como por sus consellers, con continuas llamadas a la «responsabilidad» para que la autonomía disponga de un proyecto presupuestario actualizado, tras haberse aprobado el último en 2023, bajo el mandato del republicano Pere Aragonès y, precisamente, con el apoyo del PSC desde la oposición.
Ese 1% de posibilidades se basa en la ínfima probabilidad de que el Gobierno ofrezca «garantías» de que transferirá la recaudación y gestión del impuesto a Cataluña. Y de que esas garantías lleguen antes del próximo 20 de marzo, fecha en la que se votará en el Parlament la enmienda a la totalidad presentada por los republicanos contra el proyecto presupuestario del Govern y que, de salir aprobada, impedirá su tramitación.
«La dirección de ERC está tranquila y el partido también. El Govern del PSC sabrá cómo sale de dónde se ha metido», advierten las misma fuentes de la formación independentista, y subrayan que la opinión es «totalmente compartida» por el conjunto de la cúpula.
«Ahora, no habrá Presupuestos; en junio ya no sabemos», precisan las mismas voces, reiterando el ofrecimiento que la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, realizó la pasada semana: volver a presentar las cuentas en tres meses para dar más tiempo al Gobierno para avanzar hacia la cesión del IRPF. Por el momento, el Govern ha evitado valorar ese escenario y sigue centrado en señalar a ERC cómo única responsable de la aprobación de los Presupuestos.
El lunes, la consellera de Economía, Alícia Romero, aseveraba: «ERC tendrá que moverse. El compromiso con el IRPF es evidente y sincero». Se refería la socialista a la palabra dada por Illa, que ha prometido reiteradamente que la cesión del impuesto acabará llegando, sin que ello suponga para Junqueras la «garantía» reclamada para sentarse a negociar los Presupuestos de la Generalitat.
La propia Romero admitía el fin de semana que será imposible que en 2028 el fisco catalán recaude y gestione el IRPF, a pesar de que fue el propio president el que fijó esa fecha; lo que ya supuso un retraso respecto al compromiso inicial adquirido entre ERC y el PSC en su pacto de investidura, que establecía 2026 como el año en el que la Agencia Tributaria Catalana debía controlar el gravamen.
Ayer, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, se manifestó en la misma línea, al descartar que el Consejo de Política Fiscal y Financiera vaya a reunirse antes del día 20 para cristalizar el compromiso de cesión del IRPF y saciar así a ERC antes de la decisiva votación del Parlament.
El Ejecutivo catalán ya empieza a asumir que las cuentas no serán aprobadas y ayer se comprometió a impulsar de todos modos los últimos acuerdos alcanzados: la limitación de la «compra especulativa de vivienda» pactada con los comunes a cambio de su apoyo a los Presupuestos y un aumento salarial para los profesores. Este compromiso aleja la posibilidad de un adelanto electoral como reacción al bloqueo presupuestario.
ERC sí está dispuesta a negociar suplementos de crédito para actualizar las cuentas de 2023 y dotar de más capacidad de gasto al Gabinete de Illa a través de estos parches que se tendrían que negociar de uno en uno y aprobar en el Parlament.