El Gobierno tiene retenidos más de 1.300 millones de euros en préstamos de los fondos 'Next Generation' por los hitos que no ha cumplido ... y que fueron comprometidos para su desembolso, entre ellos el nuevo impuesto al diésel o la reducción de la temporalidad en la Administración Pública. Sin embargo, las últimas derrotas parlamentarias del Ejecutivo -como en el caso de la ley de lobbies- sumarán otros 1.100 millones de pérdidas una vez el Gobierno solicite este miércoles la última petición de pago. Esto supondrá que España pierda hasta 2.460 millones de euros de dinero europeo, según estima el Partido Popular (PP).
Entre ellos, y en plena crisis de vivienda, el Ejecutivo ha reducido de 20.000 a 15.700 las viviendas sociales comprometidas a Europa, además de admitir la construcción y la rehabilitación de inmuebles para poder alcanzar el hito y no solo las viviendas nuevas como se fijó en el año 2021. Junto a ello, la línea ICO para vivienda social ha reducido su ejecución inicial de un presupuesto de 4.000 millones de euros a 567,85 millones, menos del 85%. Además, el Gobierno ha renunciado a 18 leyes, entre ellas la reforma de la Ley del Suelo, lo que ha restado fondos a España, según los populares.
Fondos con futuro incierto
Además, el partido de la oposición identifica hasta 30.000 millones de euros de los fondos que tienen un futuro incierto. Esto se debe a que más de 15.000 millones se encuentran desviados en manos de entidades gestoras -como Red.es, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) o la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES)- bajo un esquema que hace a Bruselas darlos por destinados, aunque realmente no están ejecutados, con el objetivo de hacerlo a futuro. El resto -unos 13.000 millones- engrosan las cuentas del ICO y del fondo 'España Crece'. Los populares creen que estos fondos no se ejecutarán, por lo que piden al Ejecutivo aclarar cuánto dinero realmente ha llegado ya a la economía real, a las familias y a las empresas.
Junto a ello, denuncia que el Gobierno no se marca una fecha límite para la ejecución de los gastos pendientes amparándose en una disposición adicional de un real decreto ley sobre Oriente Medio, del 1 de septiembre, en el que acordó dejar todas las actuaciones ya iniciadas y no finalizadas sin fecha límite de ejecución, además de eliminar el control de la Intervención General del Estado.
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