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Los paises denuncian la "inflación regulatoria" creada por las exigencias de las autoridades que van más allá de las leyes.
Es necesario acotar los poderes del Banco Central Europeo (BCE) y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) para impulsar la competitividad de las entidades en el continente. Esa es la premisa que defienden España, Francia e Italia en el documento conjunto (non-paper) al que ha tenido acceso EXPANSIÓN y con el que pretenden formar un frente común para perfilar la futura reforma bancaria.
El tridente de países denuncia en su informe que los bancos de la Unión Europea sufren lo que califican como "inflación regulatoria". Se trata de un término que lleva tiempo utilizando el sector para referirse a las capas adicionales de normas que los organismos técnicos aplican a los bancos en el ejercicio de sus funciones y que van más allá de lo recogido en la legislación.
España, Francia e Italia hacen suya esta posición y sostienen que "una parte cada vez mayor de los marcos normativos proviene del nivel 2 [como se denomina el desarrollo técnico de la legislación por parte de la EBA], así como del nivel 3 y la orientación del supervisor [categoría que recoge las guías y recomendaciones no vinculantes del BCE]".
Mecanismos de control
Para acotar esta avalancha normativa, los países señalan que la Comisión Europea y los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, deben "desempeñar un papel más relevante en la revisión de los estándares técnicos producidos por la EBA". En ese sentido, el documento insta a que las instituciones deben hacer evaluaciones de impacto antes y después del desarrollo técnico de las leyes bancarias "mucho más exhaustivas" e incluir en ellas "aspectos como la carga acumulativa y la comparabilidad internacional".
España, Francia e Italia sugieren, además, dejar en manos de académicos o expertos del mercado estos análisis sobre las medidas de la EBA.
En cuanto al BCE y la llamada regulación de nivel 3, aunque se trata de acciones no vinculantes, los países destacan que "las expectativas de supervisión pueden funcionar como un reglamento de facto difícil de comprender, costoso de implementar y, en ocasiones, propenso a interpretaciones divergentes". Por ello, recalcan que "esto genera una inflación regulatoria y debilita la seguridad jurídica, especialmente cuando los requisitos superan lo previsto".
Los ministros de España, Francia e Italia reafirman en su documento conjunto que los supervisores deberían tener que justificar que sus guías y requisitos se limitan al mínimo adecuado para cubrir riesgos y garantizar la estabilidad. Además, defienden que se imponga la obligatoriedad de realizar consultas antes de exigir cambios en las prácticas corporativas de las entidades.
El documento propone también la creación de una Junta Europea de Estabilidad Financiera y Competitividad, un organismo asesor independiente que emitiría recomendaciones no vinculantes al Consejo de Supervisión bancaria del BCE y a la Junta Única de Resolución (JUR) para asegurar mantienen una visión holística sobre el impacto en la banca que pueden tener sus recomendaciones y guías.
Por último, España, Francia e Italia defienden la necesidad de recoger por ley la posibilidad de que las entidades impugnen las guías generales ante los tribunales (TJUE) con el objetivo de reforzar el control judicial sobre la actuación de las autoridades bancarias. El TJUE ya permite que las entidades impugnen decisiones del BCE, pero los bancos apenas hacen uso de este recurso en la Unión Europea .
"Si bien las directrices y las expectativas de supervisión pueden favorecer la convergencia, no deben convertirse en un conjunto de normas paralelas que creen obligaciones", indican los países, que aseguran que "la complejidad crea costes y rigideces que van más allá de lo necesario para preservar la estabilidad financiera: debilita la seguridad jurídica, aumenta las cargas de cumplimiento y desvía recursos de la financiación y la innovación".
Tanto el BCE como la EBA han preferido no hacer comentarios al tratarse de una posición recogida en un informe sobre el que los países todavía trabajan y que no se ha distribuido de forma pública.
Mandato de competitividad
España, Francia e Italia hacen suya una de las grandes reclamaciones del sector bancario de cara a la reforma de la regulación: introducir un segundo mandato en las autoridades para obligar a que tengan en cuenta el impacto sobre la competencia del sector en sus decisiones. El documento no deja lugar a dudas o interpretaciones y apunta directamente que "el mandato y la gobernanza de la EBA deben reflejar los objetivos de simplificación y competitividad", algo que requeriría de una profunda revisión.
Las entidades han defendido que, si las autoridades "tuvieran que tener en cuenta la necesidad de preservar la competitividad y la rentabilidad del sector bancario, sus decisiones serían mucho más proporcionales dentro de un régimen que mantenga la robustez y la protección del sistema". En ese sentido, consideran que esa es la llave para que se cumpla el resto de reclamaciones, como la simplificación de los procesos.
El Banco de Inglaterra ya cuenta con este segundo mandato explícito desde hace unos años, pero tanto el BCE como la EBA han rechazado que necesiten cambiar su misión.
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