A escasos kilómetros del centro urbano de Aspe, una pequeña localidad de poco más de 22.000 habitantes del interior de la provincia de Alicante, se levanta un centro de menores que está en el punto de mira de las administraciones. Prácticamente aislado y ubicado en un entorno rural, nada en Huize Soria había llamado la atención ni levantado sospechas hasta ahora.
Durante años se promocionó como un proyecto de reinserción para jóvenes holandeses con problemas de conducta o de adicción, adolescentes en su mayoría que llegaban al centro en busca de hábitos saludables y, por qué no, de una nueva vida. Sin embargo, un reciente trabajo de investigación emitido en la televisión pública holandesa ha destapado un supuesto entorno de "presión y coerción", una "cultura represiva" donde los chavales son sometidos a castigos y trabajos durante horas, con la comida restringida o la prohibición de contactar con familiares y amigos.
El escándalo ha sido tal que, según confirman fuentes de la Generalitat Valenciana, se ha abierto una investigación. La Consejería autonómica de Servicios Sociales que dirige Elena Albalat ya ha enviado al servicio de inspección para "verificar los servicios" que se prestan en las instalaciones de Huize Soria. Según las fuentes consultadas, "la inspección ha requerido a la entidad la aportación de la autorización correspondiente, así como de cualquier otra documentación necesaria para acreditar la actividad que desarrolla".
Es más, a la espera de recibir toda la documentación por parte del centro, desde la Consejería advierten de que "no consta como entidad autorizada" para funcionar como centro de menores, por lo que estaría operando con total opacidad y al margen de la legislación española y valenciana. No hay ninguna constancia de que Huize Soria figure inscrita en el Registro oficial General de Titulares de Actividades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Y "un centro sin autorización está fuera de la legalidad", señalan estas fuentes, por lo que, en función de cómo conteste al centro al requerimiento, la Consejería "actuará".
Si bien el centro no ha contestado a la solicitud de información por parte de este diario, la dirección ha publicado en su página web un comunicado negando todas las acusaciones de la televisión holandesa, cuya investigación sostenía incluso que las primeras denuncias se remontaban al menos al año 2021. La señal de alerta la dieron cinco jóvenes que decidieron acudir al Defensor del Menor de Ámsterdam para denunciar el trato que estaban recibiendo.
Pero a las denuncias de los propios internos sobre las condiciones en las que vivían -con largas jornadas de trabajo para plantar árboles, atender a los animales o cavar zanjas como parte del "programa ocupacional"- se suma otra polémica. Hay dudas también sobre la legalidad de algunos de los traslados de menores holandeses a Aspe, pues varias organizaciones han sido señaladas por haber enviado a los jóvenes al centro sin contar con los permisos y las autorizaciones necesarias por parte de España.
Es más, la investigación apunta a que la Inspección de Atención Sanitaria y Juventud de los Países Bajos -que no tiene competencia para actuar en el extranjero- tampoco avisó a España sobre las denuncias que pesaban sobre el centro. Al parecer, el último contacto se dio en 2016.
De hecho, la Consejería de Servicios Sociales no es la única que ha movido ficha en España ante esta situación. También el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo valenciano, ha abierto una investigación de oficio para "esclarecer las condiciones de atención y trato que reciben los menores" y determinar si se han producido "vulneraciones de derechos fundamentales de la infancia". Entre ellos, el derecho a la integridad física y psicológica, a la protección frente a cualquier forma de violencia y al interés superior del menor.
El Síndic, Ángel Luna, ha mostrado su "preocupación" por la posibilidad de que las autoridades holandesas tuvieran conocimiento de denuncias contra el centro y, sin embargo, no las comunicaran a las administraciones española y valenciana. "Una circunstancia que, de confirmarse, podría haber dificultado la adopción de medidas de protección", según fuentes de la institución.
La única respuesta pública por parte de la propiedad de Huize Soria es un comunicado colgado en su página web, en el que aseguran que ofrecen "desde hace más de 20 años" un entorno "seguro" para las familias "que no han encontrado apoyo adecuado en otros lugares". Hasta la fecha, según la dirección del centro, han trabajado con más de 265 jóvenes: "Con muchos de ellos seguimos manteniendo una relación cercana y cordial".
El centro se escuda en que no hay ninguna prueba que sustente las denuncias del supuesto trato degradante a los menores vertidas en el programa Nieuwsuur. "Da la impresión de que somos una organización cerrada, sin supervisión ni rendición de cuentas", lamentan desde el centro, que no ha respondido a las preguntas de este diario. "Es incorrecto. Somos transparentes y accesibles", insisten. "Formamos parte activa de la comunidad local. Personas del pueblo practican deporte junto a nuestros jóvenes".
Desde Huize Soria se defiende que ya fueron objeto de investigación en 2021 a raíz de las primeras denuncias, con conclusiones de la comisión de evaluación "extremadamente positivas". E incluso sacan pecho de que es el propio Consejo para la Protección de la Infancia el que ha derivado a varios jóvenes al centro. "Las acusaciones que Nieuwsuur menciona han sido puestas en conocimiento de la Inspección de Atención Sanitaria y Juventud. Estamos dialogando con este organismo y afrontamos con total confianza cualquier posible investigación que decida realizar", concluye la dirección del centro.