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Si Sánchez no convoca elecciones, Feijóo debe exigirle un debate sobre el Estado de la Nación.
El durísimo auto de imputación penal de Zapatero ha abierto una grieta entre el Gobierno y sus aliados que será muy difícil volver a coser. Entre otras cosas porque quien se encargaba de recomponer los puentes entre los autodenominados progresistas cada vez que se producía un distanciamiento era el propio expresidente del Gobierno y asesor aúlico de Sánchez. Fue quien sucedió a Santos Cerdán -ahora en prisión preventiva- en la intermediación con el prófugo Puigdemont una vez que fue imputado el pasado junio también por corrupción.
Zapatero era el pegamento de la mayoría de la investidura, entre el PSOE y los separatistas. Una labor que todos pensaban que hacía por afinidad ideológica, pero que según la investigación judicial respondía a un mero interés mercantilista. El Gobierno de coalición debía durar para que él pudiese seguir haciendo negocios, presuntamente.
Leído el auto, las vendas han empezado a caer entre los socios de Sánchez, empezando por Rufián, tan presto al tuit fácil como a la indignación impostada. Más allá de los ejercicios de contorsionismo para marcar distancias con Zapatero, el terremoto provocado por su fundada imputación por parte del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional en la izquierda es de tal calado que algunos avistan ya el final de la legislatura.
Contaba Javier Ayuso ayer en estas mismas páginas que, ante las peticiones de presentar una moción de censura a Sánchez, Feijóo ha preferido activar el compás de espera en las filas del PP hasta ver si de una vez los que se dicen indignados por el hedor de la corrupción entorno a Moncloa hacen caer al Gobierno. No sucederá tal cosa ni siquiera en el caso improbable de que Zapatero enfile la senda hacia Soto del Real cuando acabe su declaración ante el juez, prevista para el próximo 2 de junio.
Los separatistas no van a romper con un presidente más débil que nunca, por tanto más proclive a realizar toda clase de concesiones para sobrevivir a cualquier precio hasta 2027. Menos aún Sumar, cuyos ministros arrancan las hojas del calendario con pánico a encontrarse una citación judicial en el envés. Tampoco Sánchez convocará elecciones anticipadas, ya que sería tanto como aceptar el final de su escapada cuando todavía están por llegar las sentencias de los juicios en los que se investiga a Ábalos, a su mujer, a su hermano, y la financiación del PSOE.
Pero España no merece tener que soportar por más tiempo el deterioro continuado de las instituciones, la degradación de la vida pública y la desatención de los problemas reales de los españoles, que pasan a un segundo plano frente al objetivo prioritario del Ejecutivo de PSOE y Sumar de seguir en la poltrona para que no llegue al poder la oposición. Y por eso Feijóo debe hallar, al margen de los cara a cara de cada semana en el Congreso, en los que el presidente ha demostrado saber fajarse de sus invectivas, la forma de obligar a Sánchez a responder sin evasivas en las Cortes sobre su relación con Zapatero y la influencia que éste tenía en su Gobierno.
Aquí emerge la alternativa del Debate sobre el Estado de la Nación, que por ley debe solicitar el presidente al Congreso pero lleva sin celebrarse desde el año 2022. A diferencia de una moción de censura, de la que el Sánchez podría salir reforzado con el previsible rechazo a un candidato alternativo, este formato de debate dejaría patente el rechazo de la mayoría parlamentaria al Gabinete actual de PSOE y Sumar. Incluso, serviría para revertir medidas tan nocivas como es la nefasta Ley de Vivienda gracias a los votos de los partidos que la rechazan, y para que el impasse hasta las elecciones de 2027 no sea sólo una letanía insorportable de escándalos del sanchismo.
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