Resultado de aplicar el principio de ordenalidad al reparto de los fondos Next Generation de la UE.
Política España perdería 115.000M de fondos europeos y Alemania recibiría 125.000 más si la UE aplicara la ordinalidad"Si se aplicara a Madrid el principio de ordinalidad, se escacharraría todo el sistema de financiación autonómica. Por eso sólo se lo dan a Cataluña", advierte el economista Francisco de la Torre.
Más información: Illa cambia el 'España nos roba' por 'Madrid nos roba': los datos desmienten el discurso con el que justifica el cupo catalán
M.A. Ruiz Coll Publicada 18 enero 2026 03:24hLas claves nuevo Generado con IA
Si la UE aplicara el principio de ordinalidad en el reparto de fondos, España perdería hasta 115.000 millones de euros y Alemania recibiría 125.000 millones más.
El principio de ordinalidad, negociado por el Gobierno con ERC para Cataluña, rompe con los criterios de solidaridad y equilibrio en la financiación autonómica.
El nuevo modelo de financiación favorece especialmente a Cataluña, reduciendo su aportación neta y otorgándole ventajas en el reparto de fondos como el IVA de pymes y el Fondo Climático.
El sistema propuesto ha recibido el rechazo de la mayoría de las comunidades autónomas y de varios socios parlamentarios del Gobierno.
España perdería 115.000 millones de euros de los fondos Next Generation, mientras que a Alemania le corresponderían 125.000 millones más, si la UE aplicara el principio de ordinalidad que la vicepresidenta María Jesús Montero ha concedido a Cataluña en el nuevo sistema de financiación autonómica.
Este principio, que Pedro Sánchez pactó con Oriol Junqueras, implica que Cataluña no puede perder posiciones en el ránking de comunidades autónomas mejor financiadas, tras realizar su aportación a la solidaridad del resto de regiones.
Esto significa que, por ejemplo, la tercera comunidad autónoma que más recursos aporta al sistema sea también, al menos, la tercera que más fondos recibe.
Se trata de un principio que quiebra los criterios de solidaridad y equilibrio interterritorial que hasta ahora habían imperado en la financiación autonómica.
¿Qué ocurriría si trasladamos el mismo principio a la Unión Europa?
El Gobierno renuncia a más de 60.000 millones en créditos UE y suaviza las reformas previstas para acceder a las subvencionesEspaña fue el segundo país más favorecido por los fondos Next Generation, aprobados por la Comisión Europea en julio de 2020, para facilitar la recuperación de los Estados miembros tras el shock económico sufrido a causa de la pandemia.
La UE destinó las mayores cuantías a Italia (191.482 millones, según las cifras aprobadas hasta ahora), España (140.000), Francia (40.000 millones), Polonia (35.000 millones), Grecia (30.500 millones), Rumanía (30.000 millones), Alemania (25.600 millones) y Portugal (16.500 millones).
Estas cifras estaban en consonancia con las necesidades de cada país tras el impacto de la pandemia: el PIB de España se había desplomado un 10,8% en 2020, mientras que la caída en Italia fue ligeramente inferior, del 8,9%.
España tenía asignados 70.000 millones de euros en subvenciones a fondo perdido, y otros 70.000 en forma de préstamos a bajo interés.
No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez comunicó a la Comisión Europea el pasado mes de diciembre que renuncia a los últimos 60.000 millones que tenía pendientes en préstamos, pues ya no tiene la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar las reformas que la UE exigía a cambio.
El reparto de estos fondos hubiera sido muy distinto si, en lugar de tener en cuenta las necesidades de cada país para recuperarse de la pandemia, la UE hubiera aplicado el criterio de ordinalidad que María Jesús Montero consagra para Cataluña. El siguiente mapa muestra la cuantía que perdería o ganaría cada país:
En ese caso, los países más perjudicados habrían sido Italia (le habría correspondido hasta 150.000 millones de euros menos), España (entre 105.000 y 115.000 millones menos), Grecia (28.000 millones menos), Rumanía (25.000 menos), Polonia (con idéntica cifra) y Portugal (13.000 menos).
Por el contrario, de acuerdo con su peso económico y su aportación al presupuesto de la UE, los más beneficiados serían Alemania (recibiría hasta 125.000 millones más de los que tiene actualmente aprobados), Francia (recibiría 60.000 millones más), Bélgica y Países Bajos (ambos, con 25.000 millones más), Irlanda y Dinamarca (le corresponderían 18.000 más a cada).
En suma, los países con una economía más saneada recibirían más fondos, mientras que los que más sufrieron el impacto de la pandemia (como España e Italia) verían recortadas sensiblemente las ayudas que han recibido.
Se trata de una proyección (aplicando la ordinalidad per cápita, a partir del último dato de población y Presupuesto de UE de 2023) que permite ilustrar cómo el uso de este criterio liquida la solidaridad territorial en el reparto de los fondos públicos.
El economista e inspector de Hacienda Francisco de la Torre recuerda que, a diferencia de España, Alemania es "contribuyente neto" de la UE: aportó casi 30.000 millones al Presupuesto de la UE de 2023, y recibió la mitad, 14.000.
Durante décadas, ha liberado sumas millonarias para contribuir a la convergencia de los países (como España, tras su incorporación en 1986) cuya renta se situaba por debajo de la media de la UE.
Con todo, a Alemania le compensa este desembolso, pues le ha permitido tener un mercado único en el que resulta más fácil vender los productos de su industria, como la automovilística.
"Al fin y al cabo", apostilla Francisco de la Torre, "la UE es una confederación de países. Con más razón hay que aplicar políticas de solidaridad y equilibrio territorial entre las regiones españolas, pues todos los ciudadanos tienen derecho a recibir unos servicios públicos equiparables, independientemente de dónde vivan".
En cambio, aplicar el principio de ordinalidad al reparto de fondos públicos responde a la misma "lógica egoísta" que esgrimió Margaret Thatcher en 1984, cuando exigió reducir la aportación del Reino Unido a la UE porque, alegó, sus agricultores apenas se beneficiaban de la política agraria común.
La UE concedió al Reino Unido el llamado "cheque británico" (una reducción de en torno a 4.350 millones de euros anuales en su aportación al presupuesto de la UE). Pero este "privilegio" no impidió que Gran Bretaña acabara abandonando la Unión, tras el referéndum convocado por David Cámeron en 2016.
Fedea carga contra el modelo de financiación autonómica de Montero por su "arbitrariedad""El Brexit fue el peor tiro en el pie que se ha dado el Reino Unido en varios siglos, y no sólo en términos económicos", sintetiza De la Torre.
La vicepresidenta María Jesús Montero ha presumido de que todas las comunidades autónomas saldrán ganando con el nuevo sistema de financiación, gracias a la aportación adicional de 21.000 millones anuales que realizará la Administración central.
El grueso de esta cifra, 15.756 millones, corresponde al aumento del porcentaje de recaudación del IRPF (del 50% al 55%) y del IVA (del 55% al 56,5%) que se cederá a las comunidades autónomas.
Pero el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, cree que esta promesa se basa en un castillo de naipes: si se produce un cambio de ciclo y se deteriora la coyuntura económica, esa aportación tendría que dar paso a "recortes de gasto público o subidas de impuestos".
Por otro lado, unos ganan más que otros. Según el último informe que De la Fuente ha elaborado para Fedea, con el nuevo mecanismo la aportación neta de Madrid al sistema será de 8.000 milllones de euros... mientras que la de Cataluña se reducirá a sólo 810 millones, la décima parte.
Según Francisco de la Torre, esto se debe a determinados factores "arbitrarios" que el equipo de Montero ha introducido en el sistema, para favorecer a Cataluña.
Sólo Cataluña apoya la financiación de María Jesús Montero: el resto, las CCAA del PSOE incluidas, en pie de guerraEl mejor ejemplo de ello es el reparto de 1.964 millones de la recaudación del IVA de las pymes: corresponderán 1.441 millones de euros a Cataluña, frente a sólo 232 a la Comunidad Valenciana, 191 millones a Madrid y 55 a Baleares.
"El IVA es un impuesto al consumo, y por tanto, lo lógico es que se quede en la región en la que se produce el pago", explica De la Torre.
"Las grandes empresas huyeron de Cataluña durante el procés, y no terminan de volver", añade el economista, "pero la región todavía tiene un tejido muy importante de pymes".
Así que el Gobierno ha elegido el criterio que puede favorecer más a la Generalitat: un tramo de la recaudación de las pymes se entregará a la comunidad en la que tienen su sede social, en lugar de donde se haya hecho el pago.
"Si aplicamos el mismo criterio al impuesto que pagan las petroleras, el 90% se quedaría en la Comunidad de Madrid, que es donde tienen su sede social", ilustra Francisco de la Torre, que es coautor del libro La factura del cupo catalán, junto a Jesús Fernández-Villaverde.
Lo mismo ocurre con el Fondo Climático de 1.004 millones, que Montero ha introducido en el sistema. Con dos peculiaridades. Dos terceras partes se repartirán entre las regiones ribereñas con el Mediterráneo.
Page justifica su dureza contra los "privilegios" para Cataluña: "Nos jugamos tener servicios públicos en condiciones"Y en segundo lugar, aunque este haya sido el pretexto para justificar el reparto, en nada contribuirá a luchar contra el cambio climático: no es un fondo finalista y, por tanto, el gobierno regional que lo reciba puede destinarlo al fin que quiera.
De la cifra total, aplicando criterios de población ajustada, Andalucía recibirá 234 millones, Cataluña 216, Madrid 105, Galicia 46 y Murcia 43, según la proyección que ha realizado Fedea.
"El cambio climático es un fenómeno global, que afecta por igual al Mediterráneo y al océano Atlántico", dice al respecto Francisco de la Torre.
"Pero el Gobierno ha decidido primar en el reparto a las comunidades del Mediterráneo", añade, "así favorece a Cataluña y, de paso, a Andalucía, donde hay elecciones, y a Comunidad Valenciana y Murcia, que se encontraban entre las regiones más infrafinanciadas".
Los componentes del nuevo modelo de financiación, según el informe de Fedea. Fedea
Aunque no aparece en la documentación que el miércoles entregó a los ejecutivos regionales, María Jesús Montero ha garantizado que el criterio de ordinalidad se aplicará sólo a Cataluña (como exigía ERC), porque está previsto en su Estatuto de Autonomía.
Francisco de la Torre estima que esto puede reducir finalmente en unos 1.500 millones de euros la aportación de Cataluña.
Para el economista, se trata de un principio "profundamente insolidario", que busca nivelar y modular los fondos que recibe cada región, en función de su aportación. "Pero si se aplica sólo a Cataluña, es un privilegio".
"Si este principio se aplicara también a Madrid, se escacharraría todo el sistema, por eso lo aplican únicamente a Cataluña", comenta gráficamente el economista.
Con ustedes, la candidata a expoliar #Andalucía.
— Daniel Lacalle (@dlacalle) January 15, 2026
La ordinalidad explicada... pic.twitter.com/TsKRNrjaMH
Esta fórmula dinamitaría los principios de redistribución y justicia social que la izquierda defiende para la gestión de los impuestos.
Tras el rechazo de todos los gobiernos regionales (salvo Cataluña) al nuevo sistema en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del miércoles, el Gobierno no tiene garantizada su aprobación en las Cortes.
La fórmula tiene el rechazo de varios socios del "bloque de investidura", desde Compromís a la Chunta, el BNG o Podemos.
También Junts descalifica la propuesta, que tacha de "desastre" y "tomadura de pelo", pues no incluye el cupo catalán que ERC exigía para que la Generalitat recaude todos los impuestos, como hacen País Vasco y Navarra gracias a sus "derechos forales" preservados por la Constitución.
Aunque es un primer paso. ERC ha aceptado demorar a 2028 el momento en el que la Generalitat recaudará todo el IRPF, como paso previo para gestionar la totalidad de los tributos.
Será por tanto, después de las elecciones generales, de las que surgirá un nuevo Gobierno que no tiene por qué sentirse atado al compromiso que Sánchez ha adquirido con Junqueras.
La 'llave de la caja'
"Si la llave de la caja se entrega a las comunidades autónomas", como exige ERC, "todo el sistema de solidaridad quedará en entredicho", advierte al respecto el director de Fedea, Ángel de la Fuente, en conversación con EL ESPAÑOL.
Por su parte, el secretario general de la asociación de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo, recuerda que el IRPF tiene una posición central en el sistema tributario español: es el impuesto que más recursos recauda, y el que más contribuye a la progresividad (el 95%, frente al 3% del Impuesto de Patrimonio y el 2% del de Sucesiones).
A falta de contabilizar los datos del mes de diciembre, el IRPF permitió recaudar el año pasado 129.000 millones de euros, frente a los 90.000 millones del IVA, 30.000 del Impuesto de Sociedades y una cifra similar de los impuestos especiales (que incluyen los del alcohol, el tabaco y la gasolina).
Mollinedo teme que entregar la recaudación del IRPF a una Administración que carece de la experiencia necesaria, como la Generalitat, provoque ineficiencias en la lucha contra el fraude.
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