Acceso al Peñón de Gibraltar desde el territorio español. EP
Política España sacará a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales: inicia este viernes los trámites para cambiar su estatus tras 35 añosLa orden ministerial de Hacienda sale a consulta pública sin que el Gobierno lo haya anunciado. Según el texto, el Peñón "cumple ya con los criterios de transparencia fiscal y equidad tributaria exigidos por la legislación española".
Más información:El Tratado con Gibraltar quita la Verja, somete a la colonia a supervisión de la UE pero blinda la soberanía británica.
Alberto D. Prieto Publicada 22 mayo 2026 02:40h Las clavesLas claves Generado con IA
España ha decidido borrar a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales tras 35 años.
La decisión ya ha sido tomada, pero como en todas las ocasiones anteriores desde el inicio de la negociación del nuevo Tratado postBrexit, ha sido la colonia británica en suelo español la que lo ha hecho público, no el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según fuentes del Ejecutivo gibraltareño, el Ministerio de Hacienda que dirige Arcadi España publicará este viernes la orden ministerial por la que el Peñón queda fuera de la lista española de "jurisdicciones no cooperativas". La norma permanecerá siete días en consulta pública.
El texto, según estas fuentes, excluye a Gibraltar de la relación fijada por la Orden HFP/115/2023 (última actualización del listado), con el argumento de que "cumple ya con los criterios de transparencia fiscal y equidad tributaria exigidos por la legislación española".
Pero aunque España está a punto de tomar una decisión definitiva, que previsiblemente regirá desde el día siguiente de su publicación en el BOE, lo cierto es que el Tratado no ha entrado aún en vigor.
Es más, cuando lo haga (el 15 de julio) será únicamente de forma provisional. Y ni siquiera entonces la colonia habrá iniciado su equiparación a las normas fiscales europeas.
La paradoja es que el giro ha sido ocultado por Moncloa y por el flamante titular de Hacienda, Arcadi España, como ya ocurrió con la publicación del Tratado, el pasado mes de febrero.
Picardo da la "bienvenida"
El paso del Gobierno llega 35 años después de que el Real Decreto 1080/1991 etiquetara por primera vez a Gibraltar como "paraíso fiscal", bajo el gobierno de Felipe González.
Esa calificación ha sobrevivido a todos los retoques de la lista española desde entonces.
Para la colonia, se trata de una reparación reclamada con insistencia e incluso enfado, tras la ratificación de esta calificación en 2023, en plena negociación.
Gibraltar anuncia el fin de la Verja el 15 de julio tras recibir Albares a Picardo oficialmente por primera vez en la Historia"Es un paso largamente esperado y muy bienvenido por parte de España", celebra el ministro principal, Fabian Picardo, en un comunicado.
Añade que el sello de paraíso fiscal "era injusto cuando se aplicó en 1991 y se hizo cada vez más difícil de justificar" con el paso del tiempo.
El Gobierno de Gibraltar recuerda que lleva en la "lista blanca" de la OCDE desde 2009 y que "nunca ha aparecido en la lista de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas", acusando a España implícitamente de utilizar su excepción como baza negociadora.
Es más, las fuentes del Ejecutivo de la colonia reprochan al Gobierno español que en el Acuerdo Internacional [entre el Reino de España y el Reino Unido] en relación con Gibraltar, de 2021, Madrid se comprometió a sacar al Peñón de la lista en dos años. "Y ese plazo se incumplió".
Picardo celebra que, ahora, "la publicación del proyecto de Orden da cumplimiento a aquel compromiso y corrige el relato". Y remata: "Lo importante ahora es que España está actuando en consecuencia. Es una buena noticia para Gibraltar, para nuestro sector de servicios financieros y para las muchas empresas y personas de ambos lados de la frontera”.
Contradicciones
El Tratado, en todo caso, sigue en pañales: necesita aún el visto bueno del Parlamento Europeo y superar los procedimientos internos del Reino Unido, con el escrutinio del Parlamento de Westminster. Hasta que no se cumplan esos pasos, la vigencia del acuerdo será provisional.
En ese contexto, resulta contradictoria la decisión del ministro España, de manera previa y con carácter definitivo, como coartada política para pavimentar el camino de un polémico texto de más de 1.180 páginas que aún puede ser bloqueado, dado el rechazo del principal partido de la oposición, el PP de Alberto Núñez Feijóo, con mucho peso en el PP Europeo.
El Ejecutivo se apoya en la idea de "paquete": acuerdo fiscal de 2021, tratado UE‑Reino Unido, caída de la Verja y salida de la lista. Pero adelanta la recompensa de la descalificación fiscal sin esperar a comprobar sobre el terreno el cumplimiento del tratado ni a que esté ratificado por todos los parlamentos implicados.
La entrada en vigor provisional, el 15 de julio, de hecho, ya es una fecha demorada, frente al 10 de abril previsto de inicio. Fue una decisión política y técnica de los Veintisiete al constatar que la revisión jurídico‑lingüística del texto y las decisiones formales de firma no llegaban a tiempo.
Sin obligación
Además, el Tratado UE‑Reino Unido sobre Gibraltar no contiene ninguna cláusula que obligue a España a sacar al Peñón de su lista de "jurisdicciones no cooperativas". El texto habla de fronteras, Schengen, cooperación policial, judicial y migratoria.
En materia fiscal, la más farragosa del larguísimo documento, dibuja un concepto de level playing field (igualdad de condiciones) y "lucha contra el blanqueo"
El pacto sobre Gibraltar elimina la Verja pero impone un "control dual" de la frontera que implica 'de facto' la soberanía británicaLa Unión Europea no tiene ninguna competencia sobre la soberanía de España en la materia, tampoco. Es decir, el listado español de paraísos fiscales sigue siendo una potestad interna de Madrid.
Esa relación se nutre de los criterios de la OCDE y de la 'lista negra' de la UE, pero no se limita a copiarlos. Hacienda incluye y excluye países y territorios en función de su nivel de transparencia, de la existencia de convenios de intercambio de información y de si ofrecen o no regímenes de baja o nula tributación sin actividad real.
Así, que Gibraltar sea excluida de ese listado es un gesto más en la misma línea que otras concesiones incluidas en el Tratado.
Entre ellas, el reconocimiento de facto de aguas jurisdiccionales gibraltareñas y de soberanía británica sobre el istmo en materia de seguridad. Es decir, la cláusula que obliga a un policía español a pedir permiso para perseguir a un delincuente que cruce la frontera hacia Gibraltar.
Al menos, tres años
El Tratado sí prevé que Gibraltar converja fiscalmente con España y, por tanto, con la UE. Pero esa convergencia no será inmediata, está diseñada como un proceso gradual.
En sus comparecencias, José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha explicado que el Peñón deberá implantar un impuesto indirecto equivalente al IVA, que arrancaría en torno al 15% desde la entrada en vigor y se aproximaría a los tipos europeos en un plazo mínimo de tres años.
Ese calendario no está grabado en piedra. De hecho, depende de decisiones políticas que se tomarán en el seno de un Consejo de Cooperación,que se creará tras la entrada en vigor del acuerdo. Será ese órgano mixto el que vaya activando, por acuerdo, la plena aplicación de las normas fiscales de la UE en Gibraltar.
Es decir, cuando el Gobierno español empieza a sacar al Peñón de la lista de paraísos fiscales, la convergencia fiscal que se esgrime para justificar el giro sigue estando sólo sobre el papel. Ese level playing field está comprometido, pero no consumado.
PP: "Es paraíso fiscal"
Ildefonso Castro, secretario de Internacional del PP, lo resume así en conversación con EL ESPAÑOL: "Gibraltar ha sido y es un paraíso fiscal. Es la base de su modelo económico que necesita preservar a toda costa".
Los populares alertan de que este movimiento les da la razón en su denuncia de "oscurantismo" contra el Gobierno de Sánchez.
Castro sostiene que "la fiscalidad de Gibraltar es el principal impedimento de la supuesta 'prosperidad compartida' que está por demostrarse".
El PP reprueba a Sánchez por Gibraltar: "Dilapida la ventaja de soberanía que España tenía por el Brexit y huye de las Cortes"Y hace suyo el mensaje de Juanma Moreno: "Como bien dijo el presidente de la Junta de Andalucía, 'la verja que hay que derribar es la invisible: la fiscalidad'. Las enormes diferencias fiscales dificultan la prosperidad del Campo de Gibraltar".
El dirigente popular también cuestiona el papel de Bruselas. "La UE dejó de considerar paraíso fiscal a Gibraltar en un procedimiento dudoso, ycomo paso previo al acuerdo UE‑Reino Unido. No podían alcanzar un acuerdo con una jurisdicción que fuese oficialmente un paraíso fiscal", recuerda.
No es la primera vez que el PP acusa al Gobierno de ir de la mano de Londres y de Gibraltar sin contar con las Cortes. Los populares ya reprobaron a Sánchez por "dilapidar la ventaja de soberanía" que España había logrado con el Brexit y por "huir del Congreso" cuando se conocieron las primeras versiones del tratado.
Moncloa ocultó la fecha de entrada en vigor y su contenido hasta que Londres y Picardo empezaron a deslizar detalles. El texto completo sólo se hizo público en inglés de inicio, y fue antes conocido en Bruselas y en Gibraltar que en el Congreso.
La reunión formal entre Albares y Fabian Picardo en el Palacio de Viana, la primera de la historia en la sede de Exteriores, se anunció desde la Roca, y no desde Madrid. Y ahora, los populares se han enterado de la decisión de sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales por la prensa.
OCDE, UE y España
Incorporar un territorio al listado español exige una orden ministerial justificativa, apoyada en informes de la Agencia Tributaria y en las evaluaciones de foros como el Foro Global de Transparencia.
Sacar a la colonia británica, del mismo modo, implica demostrar lo contrario: que se ha firmado y aplicado un acuerdo de información reforzada, que las normas se han alineado con los estándares OCDE y que ya no hay opacidad ni dumping fiscal evidente.
El Peñón se mantuvo en el listado de paraísos fiscales incluso cuando la OCDE lo incluyó en su 'lista blanca' en 2009. También en el momento en que la UE elaboró su propia 'lista negra' en 2017, tras el referéndum del Brexit, y decidió no llegar a incluir a la colonia para no entorpecer una negociación que ya se preveía larguísima.
Ha durado casi una década, en la que España nunca movió un milímetro su posición, ni tras negociar el acuerdo fiscal bilateral de 2021, ni en 2023, al elaborar su actual listado.
El Tratado UE‑Reino Unido sobre Gibraltar no obliga, es provisional, y no prevé la igualdad de condiciones hasta 2029, como pronto. El paso que da este viernes Arcadi España es una decisión soberana del Ejecutivo.
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