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Lula da Silva y Pedro Sánchez Efe Sánchez se une a los gobiernos de izquierda iberoamericanos para una condena conjunta de la intervención en VenezuelaEl comunicado que firman los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay muestra su rechazo a «frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente»
Domingo, 4 de enero 2026, 17:56 | Actualizado 18:28h.
... Nicolás Maduro por orden de Donald Trump. Tras la tibieza inicial en la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no llegó a condenar el ataque en un primer momento, España se ha unido a los cinco países iberoamericanos más importantes gobernados actualmente por la izquierda (Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay) para mostrar su rechazo «frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente».Los gobiernos firmantes subrayan que la crisis venezolana «debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas», apelando al «diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano», sin injerencias externas y con estricto apego al derecho internacional. En ese sentido, remarcan que «solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos», puede derivar en «una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana».
Asimismo, el pronunciamiento reafirma el compromiso regional con la paz, al recordar el «carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz», construido sobre la «solución pacífica de las controversias y la no intervención». Los países hacen un llamado a la «unidad regional, más allá de las diferencias políticas», frente a cualquier acción que amenace la estabilidad de la región.
En el plano multilateral, exhortan al secretario general de las Naciones Unidas y a los Estados miembros a «hacer uso de sus buenos oficios» para «contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional».
Finalmente, los gobiernos expresan su preocupación ante «cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos», al advertir que estas prácticas son «incompatibles con el derecho internacional» y «amenazan la estabilidad política, económica y social de la región».
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