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Fermín Javier Villarrubia, presidente de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Málaga
«Estamos señalando juicios para 2029: se han cargado la jurisdicción social con la falta de jueces»«Nuestro estado de ánimo es de 'no puedo más', desmoralización y cansancio: son muchos años supliendo la falta de medios con esfuerzo personal»
Málaga
Lunes, 16 de marzo 2026, 00:22
... cuarto turno' (reservado a juristas de reconocido prestigio). Antes de llegar a la jurisdicción social pasó por Penal y el juzgado de cláusulas suelo de Málaga. Con la implantación de la nueva Oficina Judicial su responsabilidad ha crecido, ya que ahora es presidente de la Sección Social del Tribunal de Instancia, coordinando así a los antiguos 14 juzgados de lo social (que ahora se llaman plazas). En esta entrevista denuncia la insostenible situación de esta jurisdicción en Málaga, reflejada ayer en este reportaje en SUR, y la inacción de las dos administraciones responsables de dotar de medios a la Justicia: Gobierno central y Junta. Sigue a Diario SUR en Google Discover–El Colegio de Abogados de Málaga ha presentado una queja formal por la «grave situación» de la jurisdicción social, que según dice compromete el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Qué responde?
–Entiendo las quejas de los abogados laboralistas y los graduados sociales y comprendo la indignación de muchos ciudadanos ante la lentitud de la justicia, pero la capacidad de resolución de los juzgados de lo social de Málaga ha llegado al tope.
–Hasta hace unos años, los juzgados de lo social funcionaban razonablemente bien en Málaga. ¿Qué ha ocurrido?
–El punto de inflexión fue la pandemia. Hasta entonces se funcionaba bien; en ese momento hubo una cierta paralización de demandas y a partir de ahí, la tasa de litigiosidad no ha dejado de subir. Si sumas cada año un 13%, un 15% o un 20% más de carga judicial y no sumas jueces, en cinco o seis años has duplicado los asuntos pendientes y te has cargado la jurisdicción. El resultado es que la mayoría de jueces estamos señalando las reclamaciones de cantidades a tres años vista, para 2029. Y los casos de despidos y Seguridad Social se están yendo en muchas salas ya a los dos años.
–¿A qué se debe este aumento constante de la litigiosidad?
–Hay dos factores: el volumen de asuntos que entran y las pocas plazas judiciales que hay. Según el Consejo General del Poder Judicial, la carga máxima de trabajo que un juez debería tener en la jurisdicción social sería dictar entre 400 y 440 sentencias al año, cuando en Málaga estamos en una media de 472 sentencias por juez. Pero es que el último año entraron 1.272 asuntos por plaza. Teniendo en cuenta que de esos asuntos hay unos 600 que se archivan o se resuelven por acuerdo, todavía queda una bolsa de 200 o 300 asuntos al año que no da tiempo a resolver, sencillamente porque el juez no tiene más capacidad.
–¿Cuántos juzgados más hacen falta en Málaga para resolver este atasco?
–No faltan juzgados ni funcionarios. Lo que faltan son jueces, porque el embudo está ahí. Si en las 14 salas de lo social de Málaga en vez de haber un juez, hubiera dos, la jurisdicción iría al día. No es que falten jueces solo en Málaga: en España la media es de 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa la media es de 22.
Reforma de la Oficina Judicial«La idea es buena porque da flexibilidad, pero se pretende hacer a coste cero y así el modelo fracasará»
–El TSJA envió el año pasado dos jueces de adscripción territorial para reforzar Málaga. ¿No ha servido de nada?
–Esa medida no está siendo realmente efectiva. De los dos jueces de refuerzo, uno cubre la plaza de una vacante pendiente de titular, con lo cual realmente tenemos solo un refuerzo para 14 juzgados. Ese juez va a celebrar juicio una semana de cada 14 en cada juzgado. Eso es totalmente insuficiente.
–Usted habla de duplicar el número de jueces. ¿El TSJA respalda esta demanda?
–La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es de 2024, ya decía que Málaga necesitaba ocho jueces más de lo social.
–¿Y qué dice el Gobierno? ¿Qué previsión de creación de plazas judiciales hay?
–Hay un borrador de real decreto del Ministerio de Justicia para reforzar la nueva estructura de tribunales de instancia con la creación de 500 plazas judiciales. En ese borrador se prevén dos nuevas plazas en la sección social del Tribunal de Instancia de Málaga. Es un número totalmente insuficiente respecto de esos ocho que pide el TSJA y, además, si con la creación de esas dos plazas nos quitaran los dos jueces de refuerzo, nos quedaríamos igual.
«Las dos administraciones responsables, Junta y Ministerio, se han desentendido de la implantación de la reforma»
–Y en este contexto, llega la nueva Oficina Judicial. ¿Está sirviendo para aliviar la congestión o todo lo contrario?
–Antes los juzgados eran como células, cada uno con su equipo de funcionarios. El problema era que, si se daba de baja un funcionario, el juzgado se colapsaba. Ahora se ha creado un Tribunal de Instancia con todos los jueces. Eso permite que cooperemos más y unifiquemos criterios. De la misma manera, todos los funcionarios y los letrados de la administración judicial (LAJ) se agrupan en tres servicios comunes. La idea es buena porque da flexibilidad: si falta un funcionario, los demás lo cubren. La parte fea es que es difícil hacer una reforma a coste cero. Yo defiendo que la oficina judicial y los tribunales de instancia son una buena idea, pero si se planifica y se ejecuta bien. Si no se invierte y lo que se intenta es ahorrar costes, al final este modelo fracasará.
–¿Qué administración es responsable de esta dejadez?
–Las dos administraciones responsables, la Junta y el Ministerio de Justicia, se han desentendido de la implantación de la nueva oficina judicial. No ha habido ni experiencia piloto, ni presupuesto, ni diseño, ni planificación. Si esto está funcionando es por el esfuerzo personal de la gente que está dentro: en gran parte, gracias a los LAJ, que se han encargado de pensar el mejor reparto de los funcionarios.
–¿El proceso de adaptación va a agravar el colapso?
–A corto plazo, este proceso va a afectar al funcionamiento de los juzgados. Yo me he mentalizado de que hasta después del verano no vamos a funcionar con normalidad. El impacto de esta transición lo veremos dentro de unos meses porque ahora estamos viviendo de las rentas del trabajo realizado el año pasado. Ahora es muy frecuente ver a abogados o procuradores que van vagando en busca de tal servicio o tal funcionario. Además, se ha hecho la mudanza física antes que la informática, con lo cual hay funcionarios que no podían trabajar porque no tenían acceso. Ha habido un poco de caos y es lógico que la gente se desespere.
«En Málaga los jueces de lo social ponemos 472 sentencias al año, casi 100 más que la media en España, pero nunca es suficiente»
–¿Físicamente ya ha concluido este cambio?
–Está terminando ahora. La sección social fue la primera, a mediados de enero. Antes estábamos en la planta tercera y ahora a una parte del servicio de tramitación nos han subido a la cuarta, pero hay un equipo que está en la tercera y el de ejecución está en la segunda. Por supuesto, no han cambiado la cartelería todavía ni los teléfonos. Los teléfonos no suenan porque nadie se los sabe. Repito: la Junta no ha liderado este proceso. La redistribución de los despachos la han tenido que hacer entre la presidenta del Tribunal de Instancia y los LAJ: yo los he visto con el plano repartiendo despachos, cuando eso es competencia de la gerencia de la Ciudad de la Justicia.
–¿Se han vuelto más complejos los conflictos que llegan a los juzgados de lo social?
–Sí. Hace años, las sentencias eran de cuatro o cinco páginas. Ahora muchas demandas implican vulneraciones de derechos fundamentales, acosos laborales o cantidades complejísimas. Yo estoy terminando una sentencia de un directivo que me está costando una semana de trabajo y llevo 38 páginas escritas. Ya no hay juicios de lo social sencillos.
–¿Cómo se refleja esta situación en su día a día?
–Los jueces de lo social hemos normalizado que trabajamos todos los fines de semana. La media en España es de 376 sentencias al año; en Málaga estamos en 472. Yo no tengo capacidad profesional para poner más sentencias, salvo que quieras que te ponga una sentencia de un folio. El ciudadano merece más y por ahí no paso. Si una criatura espera tres años, qué menos que dedicarle un tiempo y una reflexión. Yo suelo redactar unas 15 sentencias a la semana. Si le dedicas tres o cuatro horas a cada una, salen 60 horas de trabajo a la semana… eso sin contar las mañanas de juicio ni el día que paso en el juzgado resolviendo dudas e incidentes.
«No faltan juzgados ni funcionarios; faltan jueces»
–¿Cuál es el estado de ánimo de los jueces ante esta situación?
–El estado de ánimo es de «No puedo más», de cansancio y desmoralización. Te das cuenta de que no llegas. Llevamos muchos años haciendo un esfuerzo extraordinario para que esto no se nos vaya de las manos y la situación se está yendo. Estamos cansados de suplir la falta de plazas judiciales con el esfuerzo personal.
–¿El ciudadano percibe ese sobreesfuerzo?
–Seguro que no, porque al ciudadano es difícil explicarle que su juicio se celebrará a tres años vista. No somos capaces de explicar que la tasa de resolución en Andalucía es la más alta de España y, sin embargo, la tasa de congestión también lo es. Trabajamos más, pero estamos peor. A mí me da mucha pena el ciudadano, pero tengo claro que no voy a dar un mínimo de calidad inferior. Málaga tiene un problema de infradotación general; en su día perdió la batalla de la Ley de planta judicial y lo seguimos pagando.
-¿En qué situaciones le pesa más que la justicia no sea rápida?
-Evidentemente los despidos, porque además ahí también está perdiendo dinero la Administración por los sueldos e indemnizaciones que acaba pagando el Fogasa. Luego existen asuntos que me duelen, como las prestaciones de la Seguridad Social: incapacidades permanentes o impugnaciones de alta médica que tengan que esperar dos años o más. Aunque también voy a lanzar una poulla a los abogados: ahora resulta que casi todos los despidos conllevan vulneración de derechos fundamentales y se pide la nulidad, no hay despidos improcedentes.., Evidentemente esto muchas veces es una estrategia para señalar antes o para negociar, pero quien lo sufre es el que verdaderamente ha padecido esa vulneración de derechos.
-¿Se ha llegado a arrepentir de haberse hecho juez?
-Yo fui secretario judicial durante veinte años. Un día me decidí a presentarme por el llamado cuarto turno con la mala suerte de que lo aprobé... Digo mala suerte porque, por 1.000 euros de diferencia, ahora trabajo todas las tardes y los fines de semana... Digamos que yo me alegro los cinco primeros días del mes y el resto ya me arrepiento. Esta es una carrera muy bonita para el que le gusta el Derecho, pero muy solitaria. Los jueces somos como los cirujanos: es un trabajo de mucha responsabilidad.
-Los abogados se quejan también de que se suspenden demasiados juicios.
-Ahí no voy a estar de acuerdo, porque el porcentaje de suspensiones achacable al juzgado es inferior al 5%. La mayoría de suspensiones son por causas imputables a las partes, porque han llegado a acuerdo o porque han desistido.
-¿Por qué la mediación extrajudicial no está más implantada?
-No se está utilizando porque los profesionales no creemos en la eficacia de la mediación tal y como está montada. Es verdad que tendríamos que ir buscando vías alternativas de solución de conflictos. Una posibilidad es que ahora la ley permite celebrar conciliaciones anticipadas ante el LAG. Antes de la reforma, el acto de conciliación se celebraba justo antes del juicio. Ahora se permite que el LAG pueda adelantar esa conciliación. Por ejemplo, la puede programar dos meses antes que el juicio. Veremos cómo se va implantando esto. Lo que pasa es que muchas veces los profesionales y las partes parece que si no está el juez abajo esperándoles, no se ven obligados a llegar a acuerdo. Está por ver si el ciudadano y los profesionales se van mentalizando, porque creo que en España falta mucha cultura del acuerdo.
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