Mientras otros países limitan la prestación o retrasan la jubilación, España aumenta los ingresos para sostener el sistema
Regala esta noticia Añádenos en Google Una pareja de jubilados contempla una playa en Benidorm. (EFE) 04/10/2026 Actualizado a las 00:13h.Europa envejece y empieza a hacer cuentas. Con cada vez más jubilados y menos trabajadores para ... del Viejo Continente ha comenzado a tomar decisiones incómodas: trabajar durante más años, endurecer el acceso al retiro o limitar las prestaciones. El último en recorrer este camino ha sido el Reino Unido. Esta misma semana su primer ministro, el laborista Andy Burnham, ha dado un giro a una política que parecía intocable.
La oposición a Burnham -desde los verdes hasta el ultra Nigel Farage- no ha tardado en rebelarse contra una medida que «lanza una ofensiva contra los mayores». Y eso pese a que la pensión pública tiene en Reino Unido un peso menor que en otros países europeos, ya que una parte importante de los ingresos durante la jubilación procede de los planes de empleo financiados por trabajadores y empresas. La resistencia social a tocar estas prestaciones se repite, sin embargo, en todo el continente, donde los jubilados forman un colectivo cada vez más numeroso y con un peso creciente en las urnas.
Dinamarca ha elevado la edad de jubilación hasta los 70 años, Alemania avanza hasta los 67 y estudia vincularla a la esperanza de vida, mientras Francia aprobó hace poco retrasarla de 62 a 64 años
Francia es quizás el mejor ejemplo del coste político que puede generar recortar las pensiones. En 2023 Emmanuel Macron aprobó elevar progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, además de exigir más años cotizados para acceder a la pensión completa, con el objetivo de contener el déficit del sistema. La reforma provocó meses de huelgas y multitudinarias protestas y alimentó una crisis política que se prolongó durante los años siguientes. Desde su aprobación han pasado cinco primeros ministros por Matignon y, finalmente, el Gobierno de Sébastien Lecornu acordó suspender temporalmente parte de su aplicación hasta 2028. El proyecto de Presupuestos presentado esta misma semana, en todo caso, limita la revalorización de las pensiones superiores a 1.260 euros mensuales, una medida con la que pretende ahorrar 4.100 millones de euros, y recorta además ventajas fiscales de los jubilados por otros 1.400 millones.
En Alemania también han asumido la necesidad de contener el gasto para sostener un Estado del bienestar que, según el propio canciller Friedrich Merz, «ya no es sostenible financieramente». El país ya está elevando progresivamente la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años en 2031, pero ahora se plantea ir más allá. La comisión de expertos creada por el Gobierno conservador propone vincularla después a la esperanza de vida, con una fórmula que sumaría ocho meses de trabajo por cada año ganado de longevidad. El otro gran cambio pasa por complementar la pensión pública con un ahorro obligatorio: trabajadores y empresas destinarían a partes iguales un 2% adicional del salario a cuentas individuales, cuyo dinero se invertiría en los mercados para financiar parte de la futura jubilación.
España ha recuperado la vinculación al IPC para que los jubilados mantengan su poder de compra
Las reformas se extienden al resto de Europa. Dinamarca aprobó en 2025 elevar la edad de jubilación hasta los 70 años a partir de 2040, mientras Italia ha decidido restringir las vías de retiro anticipado y mantener los aumentos ligados a la esperanza de vida. Países Bajos ha optado por una transformación más profunda de sus planes de empleo, que desde este año avanzan hacia un modelo en el que la pensión dependerá en mayor medida de las aportaciones realizadas y de la rentabilidad obtenida en los mercados.