Los planes de la Comisión Europea para forzar a las industrias química y de maquinaria del continente para que diversifiquen sus proveedores presentan interrogantes.
Por un lado, avanzan en la idea de Bruselas de determinar la operativa cotidiana de las empresas bajo el pretexto de asegurar la autonomía estratégica de Europa. Una idea loable e inevitable en un contexto de continuas disrupciones en las cadenas de suministros por causas geopolíticas, pero que no debe convertirse en la vía para un mayor intervencionismo ni poner en cuestión las libertades económicas en las que se ha basado el proyecto comunitario en las últimas décadas.
Por otro, puede generar mayores tensiones con China, que ya ha protestado por lo que considera que es una normativa dirigida a limitar la cuota de mercado en el mercado europeo de las empresas de su país. Bruselas alega que las restricciones responden a la limitación previa por parte de Pekín de la exportación de tecnologías clave.
Hace menos de un mes, Pekín ya hizo patente en un duro comunicado su malestar con la Ley de Aceleración Industrial de la UE, al considerar que limitaría la inversión china en sectores estratégicos como las baterías, los vehículos eléctricos, la energía fotovoltaica y las materias primas críticas.
Es paradójico que algunas de esas restricciones comunitarias vienen forzadas por EEUU, mientras que la semana pasada Donald Trump y Xi Jinping escenificaron pragmatismo para rebajar la tensión entre ambos, que incluye mayor cooperación en ciertos ámbitos. Europa debe hacer un complicado ejercicio de equilibrismo geopolítico.
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