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Examinadores de tráfico paran los exámenes porque los graban: la misma medida que piden los alumnos para protegerse de ellos

Examinadores de tráfico paran los exámenes porque los graban: la misma medida que piden los alumnos para protegerse de ellos
Artículo Completo 905 palabras
Una alumna recibe la evaluación de un examinador tras su examen práctico La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) denuncia que Autoescuela Torcal, que opera en Málaga, instaló sistemas de grabación de audio y vídeo sin cumplir la normativa de protección de datos, lo que llevó a los funcionarios a suspender los exámenes de conducción. El pasado 23 de abril, los examinadores de tráfico en Málaga pararon en seco. No era una huelga al uso, ni una protesta por condiciones laborales. La razón era otra: una autoescuela había instalado sistemas de captación de audio y vídeo durante los exámenes prácticos de conducción sin cumplir, según los funcionarios, con los requisitos que exige la ley. Y ante eso, han decidido no continuar examinando mientras no se restablezca la legalidad. La autoescuela en cuestión es Torcal Formación, el grupo malagueño que se autoproclama el número uno de aprobados de España, con más de 70 oficinas repartidas por varias provincias y cerca de 14.000 alumnos al año. Motor.es se ha puesto en contacto tanto con ASEXTRA como con Autoescuela Torcal para recabar sus versiones, sin obtener respuesta por parte de ninguna de las dos organizaciones en el momento de publicación de este artículo. 13.400Número de alumnos en espera para ser examinados en MálagaEste dato de 2024 refleja la elevada lista de espera que sufren los alumnos en la provincia de Málaga. Se trata de uno más de los numerosos casos existentes en España, donde es habitual esperar varios meses para acceder al examen. La denuncia de ASEXTRA En un comunicado público, la Asociación de Examinadores de Tráfico detalla que Torcal procedió a la instalación «unilateral» de los sistemas de grabación «sin observar los requisitos y garantías que exige la normativa vigente en materia de protección de datos personales», señalando expresamente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD). La asociación no se limita a describir una irregularidad puntual. Afirma que, pese a los requerimientos efectuados, Torcal «ha mantenido una actitud abiertamente contraria a Derecho, persistiendo en una conducta» que compromete los derechos fundamentales de los funcionarios actuantes. ASEXTRA describe, por tanto, una negativa reiterada a rectificar. No obstante, la citada asociación no aclara cuántos requerimientos previos se realizaron antes de tomar esta decisión. Esa conducta, según el comunicado, es susceptible de constituir «una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad», así como una infracción grave o muy grave del ordenamiento jurídico en materia de protección de datos, con posibles «responsabilidades administrativas, civiles o penales». Vehículos de autoescuela circulan por las calles de Málaga La suspensión de exámenes ASEXTRA afirma que, «con el respaldo expreso de la Subdirección General de Formación y Educación Vial», los funcionarios examinadores acordaron la suspensión inmediata y cautelar de las pruebas de conducción hasta que se restablezca el respeto a la legalidad. Además, se reserva cuantas acciones legales, administrativas y jurisdiccionales considere pertinentes. El impacto práctico de la paralización recae, como siempre en estos conflictos, sobre quienes menos responsabilidad tienen: los alumnos que esperan examinarse. Y en Málaga, ese colectivo es especialmente numeroso. Los datos de mediados de 2024 ya daban una idea del problema estructural. Según la Dirección General de Tráfico, casi 13.400 personas aguardaban en esa fecha para hacer el examen práctico en Málaga. La propia jefa provincial de la DGT reconocía entonces que Málaga tenía «menor capacidad de examen que en Sevilla» pese a ser una de las provincias con más conductores de España. Paradójicamente, el director general de Torcal Formación, Miguel Aldana, declaró a COPE Málaga en julio de 2024 que la plantilla de examinadores «casi nunca está completa, sino al 60 o 70 % en el mejor de los casos», y propuso como solución el desplazamiento de examinadores desde otras provincias con menos saturación. Ahora, esos mismos examinadores han paralizado las pruebas en una de sus sedes. Los alumnos piden protección El debate sobre la grabación de los exámenes prácticos de conducir lleva años sobrevolando el sector, pero con los papeles invertidos. Son habitualmente los aspirantes quienes reclaman la instalación de cámaras en los vehículos, precisamente para poder impugnar decisiones de los examinadores que consideran injustas o arbitrarias. La ausencia de registro ha sido uno de los argumentos más repetidos por quienes denuncian irregularidades en las pruebas. Que ahora sean los examinadores quienes paralicen su actividad porque una autoescuela los graba genera una tensión que, más allá del debate jurídico sobre protección de datos, pone encima de la mesa una pregunta sin respuesta fácil: ¿quién tiene derecho a grabar qué, y con qué garantías, en el interior de un vehículo durante un examen oficial? La respuesta a esa pregunta, de momento, la tiene pendiente de resolver tanto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si ASEXTRA presenta finalmente la denuncia anunciada, como la propia Autoescuela Torcal, que de momento guarda silencio.
Examinadores de tráfico paran los exámenes porque los graban: la misma medida que piden los alumnos para protegerse de ellos

La Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) denuncia que Autoescuela Torcal, que opera en Málaga, instaló sistemas de grabación de audio y vídeo sin cumplir la normativa de protección de datos, lo que llevó a los funcionarios a suspender los exámenes de conducción.

Una alumna recibe la evaluación de un examinador tras su examen prácticoDavid Plaza[email protected]

Publicado: 29/04/2026 09:20

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El pasado 23 de abril, los examinadores de tráfico en Málaga pararon en seco. No era una huelga al uso, ni una protesta por condiciones laborales. La razón era otra: una autoescuela había instalado sistemas de captación de audio y vídeo durante los exámenes prácticos de conducción sin cumplir, según los funcionarios, con los requisitos que exige la ley. Y ante eso, han decidido no continuar examinando mientras no se restablezca la legalidad.

La autoescuela en cuestión es Torcal Formación, el grupo malagueño que se autoproclama el número uno de aprobados de España, con más de 70 oficinas repartidas por varias provincias y cerca de 14.000 alumnos al año. Motor.es se ha puesto en contacto tanto con ASEXTRA como con Autoescuela Torcal para recabar sus versiones, sin obtener respuesta por parte de ninguna de las dos organizaciones en el momento de publicación de este artículo.

La denuncia de ASEXTRA

En un comunicado público, la Asociación de Examinadores de Tráfico detalla que Torcal procedió a la instalación «unilateral» de los sistemas de grabación «sin observar los requisitos y garantías que exige la normativa vigente en materia de protección de datos personales», señalando expresamente la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).

La asociación no se limita a describir una irregularidad puntual. Afirma que, pese a los requerimientos efectuados, Torcal «ha mantenido una actitud abiertamente contraria a Derecho, persistiendo en una conducta» que compromete los derechos fundamentales de los funcionarios actuantes.

ASEXTRA describe, por tanto, una negativa reiterada a rectificar. No obstante, la citada asociación no aclara cuántos requerimientos previos se realizaron antes de tomar esta decisión.

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Esa conducta, según el comunicado, es susceptible de constituir «una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad», así como una infracción grave o muy grave del ordenamiento jurídico en materia de protección de datos, con posibles «responsabilidades administrativas, civiles o penales».

Vehículos de autoescuela circulan por las calles de Málaga

La suspensión de exámenes

ASEXTRA afirma que, «con el respaldo expreso de la Subdirección General de Formación y Educación Vial», los funcionarios examinadores acordaron la suspensión inmediata y cautelar de las pruebas de conducción hasta que se restablezca el respeto a la legalidad. Además, se reserva cuantas acciones legales, administrativas y jurisdiccionales considere pertinentes.

El impacto práctico de la paralización recae, como siempre en estos conflictos, sobre quienes menos responsabilidad tienen: los alumnos que esperan examinarse. Y en Málaga, ese colectivo es especialmente numeroso.

Los datos de mediados de 2024 ya daban una idea del problema estructural. Según la Dirección General de Tráfico, casi 13.400 personas aguardaban en esa fecha para hacer el examen práctico en Málaga. La propia jefa provincial de la DGT reconocía entonces que Málaga tenía «menor capacidad de examen que en Sevilla» pese a ser una de las provincias con más conductores de España.

Paradójicamente, el director general de Torcal Formación, Miguel Aldana, declaró a COPE Málaga en julio de 2024 que la plantilla de examinadores «casi nunca está completa, sino al 60 o 70 % en el mejor de los casos», y propuso como solución el desplazamiento de examinadores desde otras provincias con menos saturación. Ahora, esos mismos examinadores han paralizado las pruebas en una de sus sedes.

Los alumnos piden protección

El debate sobre la grabación de los exámenes prácticos de conducir lleva años sobrevolando el sector, pero con los papeles invertidos. Son habitualmente los aspirantes quienes reclaman la instalación de cámaras en los vehículos, precisamente para poder impugnar decisiones de los examinadores que consideran injustas o arbitrarias. La ausencia de registro ha sido uno de los argumentos más repetidos por quienes denuncian irregularidades en las pruebas.

Que ahora sean los examinadores quienes paralicen su actividad porque una autoescuela los graba genera una tensión que, más allá del debate jurídico sobre protección de datos, pone encima de la mesa una pregunta sin respuesta fácil: ¿quién tiene derecho a grabar qué, y con qué garantías, en el interior de un vehículo durante un examen oficial?

La respuesta a esa pregunta, de momento, la tiene pendiente de resolver tanto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), si ASEXTRA presenta finalmente la denuncia anunciada, como la propia Autoescuela Torcal, que de momento guarda silencio.

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