"El problema lo tenemos nosotros, por haber sido un servicio demasiado disciplinado y conformista con las normas". El cónsul general en Córdoba (Argentina), Alejandro Alvargonzález, concluye eso en una conversación con EL MUNDO, en la que denuncia el limbo en el que ha quedado su mujer, actualmente sin derecho a asistencia sanitaria ni en Argentina ni en España por acompañarlo en el extranjero. ¿El desencadenante? La jubilación.
Alvargonzález tiene una dilatada experiencia como diplomático. Dentro de la carrera, ha sido embajador en Perú, en Bosnia o secretario general de Política de Defensa en España. A todos esos destinos ha acudido con el apoyo de su mujer, que ha trabajado durante 20 años como autónoma. Este año se jubiló y solicitó su pensión de 793 euros. Semanas después tuvo una dolencia y, cuando acudió a un hospital en Argentina, le explicaron que su tarjeta sanitaria no funcionaba.
Tras hacer averiguaciones, Muface había decidido darle de baja del seguro de su marido al considerar que, al cobrar una jubilación en España, debía depender del ServicioNacional de Seguridad Social para tener cobertura sanitaria. Sin embargo, como figura como residente en Argentina, no tiene derecho a tarjeta sanitaria en España, y en la Pampa está descubierta si tiene una urgencia, pues ninguno de los cuatro seguros grandes de España aceptan a una señora "ex novo" mayor de 60, y un quinto, que ha aceptado estudiar su propuesta, "pide precios desorbitados", explica.
Inconformista con la situación, Alvargonzález comenzó a indagar, convencido que la legislación le ampara, pues, según el artículo 59 de la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, "el gobierno establecerá las condiciones para que los familiares puedan acompañar a los funcionarios destinados al exterior" y en su párrafo cuarto establece que "los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el extranjero y sus beneficiarios tendrán derecho a que se les facilite el acceso a una cobertura sanitaria similar a la que tendrían de estar prestando sus servicios en territorio español".
El silencio del Ministerio de Asuntos Exteriores, que de momento no encuentra una solución para su familia, le llevó a dirigirse al Defensor del Pueblo, a quien envió una carta hace unas semanas. Pero la decisión de hacer público su caso ha inquietado a otros diplomáticos, que se ven en la misma situación y temen que sus cónyuges vayan a perder el derecho sanitario en el exterior. "Yo no podría ocupar en esta situación una plaza en Estados Unidos, donde la sanidad es inasumible", recuerda.
Este caso ha llevado a la Asociación de Diplomáticos Españoles a expresar su preocupación en una carta, ya que, además del problema de coberturas sanitarias, aseguran que se producen dos cosas igual de graves. "En el Gabinete médico del ministerio no están vacunando a los hijos de funcionarios destinados al exterior de enfermedades tropicales y respecto al gabinete psicológico, hace meses que no hay disponibilidad de asistencia psicológica en el servicio médico de servicios centrales".