. Ilustración: Tomás Serrano
Política Feijóo, contra la "fábrica de españoles" de Sánchez: recurrirá la aplicación de la 'ley de nietos' y la subcontrata de los trámitesEl PP exige datos sobre los 2,6 millones de solicitudes, informes de la Abogacía del Estado sobre los contratos de Ineco y la cubana Palco y una comparecencia de Albares sobre el impacto en el censo y el Estado del bienestar.
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Alberto D. Prieto Publicada 2 julio 2026 04:09h Las clavesLas claves Generado con IA
Alberto Núñez Feijóo ha decidido convertir la llamada ley de nietos en uno de los ejes de su ofensiva contra Pedro Sánchez. El líder del PP se siente seguro de la posición de su partido "que es la misma desde 2007" y que ya expresó en la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, en 2022.
Este jueves, el Partido Popular registrará una batería de preguntas, requerimientos de información y la exigencia urgente de comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. El objetivo es recabar toda la información posible para tratar de recurrir la norma por la vía jurídica, legal o política.
Cuando, el pasado lunes, Feijóo acusó al presidente de practicar "ingeniería electoral" y de haber montado una "fábrica de españoles" a toda velocidad que podía alterar el censo con cientos de miles de nuevos votantes estaba reflejando las sospechas de su formación "ante un proceso acelerado, opaco y sin garantías".
Según la dirección popular, eso desató una campaña urdida desde Moncloa para desacreditar a Feijóo, acusándole de "contradecirse" por haber propuesto, en el programa electoral de 2023, una ley de nacionalidad para nietos y criticar ahora la aplicación de esta norma.
El PP replica que Feijóo "la pedía y la pide", pero no "esta ley de nietos, modificada por la puerta de atrás".
El Gobierno duplica el número de contratos en los consulados para tramitar la 'ley de nietos': de 320 en 2022 a 657 en 2026Sino con una ley específica, debatida en el Congreso y "con todas las garantías jurídicas, presupuestarias y políticas". La respuesta popular se articula ahora en clave parlamentaria y jurídica, con el objetivo de frenar lo que consideran una posible adulteración silenciosa del censo electoral y una vulneración de la voluntad del legislador.
La ofensiva que el PP en el Congreso pivota sobre la opacidad que, según los populares, ha presidido toda la gestión de la ley de nietos. Moncloa ha negado durante meses datos básicos, como el número de nacionalizados, pese a las reiteradas preguntas escritas y requerimientos de información.
La propia presidenta del Congreso, Francina Armengol, tuvo que admitir por escrito que las respuestas del Ejecutivo eran "insuficientes" y exigir a Félix Bolaños, ministro de Justicia, más detalle sobre una norma de enorme impacto institucional.
Ahora que el debate ha estallado ante la opinión pública, los populares entienden que el Gobierno se verá obligado a ser más transparente, y quieren aprovechar ese contexto para forzar todas las cifras.
"Por la puerta de atrás"
En Génova insisten en que no cuestionan el derecho de los descendientes a recuperar la nacionalidad, sino "las formas" elegidas por el Gobierno. "En democracia, las formas son las que dan garantías y derechos", resumen fuentes de la dirección, que acusan al Ejecutivo de haber impulsado un proceso "masivo, descontrolado, acelerado y falto de garantías".
El PP sostiene que España afronta ya "el mayor proceso de nacionalización de toda nuestra historia", con 2,6 millones de solicitudes registradas por la vía de disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
Ese volumen, unido a la falta de información y al recurso a empresas públicas para agilizar los trámites, alimenta la sospecha de una adulteración del censo de residentes ausentes (CERA) de cara a las próximas elecciones.
El Gobierno ha ido acelerando las concesiones de nacionalidad en los consulados en los últimos meses, y aflora cientos de miles de solicitudes incluso meses después del cierre del plazo para acogerse a la disposición adicional octava de la ley.
Radiografía del 'pucherazo legal' en marcha: así está alterando el Gobierno el censo electoral con presuntos nietos de españolesAl mismo tiempo, ha reforzado la tramitación con empresas externas para el apoyo a la red consular, subcontratando tanto con la empresa pública Ineco como con el Grupo Palco, del Estado cubano.
Para el PP, el problema de fondo es que todo se ha hecho "por la puerta de atrás", mediante una orden administrativa que reinterpretó el alcance de la Ley de Memoria Democrática, sin debate ni control parlamentario.
Esa vía es la que Feijóo se plantea ahora recurrir, tanto en sede legislativa como en los tribunales, si halla cómo, y advirtiendo de que ya hay un contencioso-administrativo vigente, en instrucción en el TSJ de Madrid desde diciembre de 2022.
"Derecho civil inalienable"
En términos doctrinales, el PP defiende que todos los hijos y nietos de españoles que salieron durante la Guerra Civil y la dictadura deben tener derecho a la nacionalidad, hayan salido por motivos políticos, por persecución o por razones económicas o familiares.
Lo fundamentan en la Constitución y el Código Civil: son españoles de origen los hijos de españoles, y ningún español de origen puede ser privado de la nacionalidad.
Feijóo sostiene que se trata de "un derecho civil inalienable" y que, precisamente por eso, no debía vincularse a una Ley de Memoria Democrática que el PP considera "sectaria" y orientada a reescribir la historia en favor de uno de los bandos de la Guerra Civil.
El líder popular, de hecho, se ha comprometido reiteradamente a derogar esa ley en cuanto llegue a La Moncloa.
Y como la norma ya estaba en vigor, el PP acudió a las últimas elecciones del 23-J proponiendo una Ley de Nacionalidad que abordara de forma integral todo lo relativo a la adquisición de la condición de español: de origen, por opción, por carta de naturaleza, etc.
El PP rebate los ataques a Feijóo por reclamar una 'ley de nietos' en 2022: "La pedía y la pide, pero no por la puerta de atrás"Esa ley, según los populares, debía contemplar ordenadamente las implicaciones de un proceso de nacionalización de este calibre, tanto para los beneficiarios como para el Estado.
La instrucción de Sofía Puente
La pieza clave del conflicto es la instrucción dictada por la fiscal Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia.
Esa orden amplió el rango de beneficiarios más allá de los exiliados por persecución política, considerando "exiliados" a todos los españoles que salieron en aquellas décadas, por cualquier motivo, y remontando las generaciones "incluso hasta el siglo XIX", denuncia el PP.
Lo cierto es que el Congreso había rechazado expresamente esa ampliación, al votar en contra de una enmienda de Ciudadanos que proponía abrir el derecho a todos los emigrantes.
Y que fue el voto del PSOE el tumbó aquella enmienda, al considerar que la ley perdería su esencia si dejaba de centrarse en resarcir a los exiliados del franquismo.
Por ese doble motivo, los populares rechazan de plano la instrucción interna de Justicia: "El legislativo lo debatió y dijo 'no', además de que una instrucción interna no puede ampliar lo que dice una ley", insisten fuentes del PP
A su juicio, el Gobierno se ha "saltado la voluntad del legislador, y la suya propia", por razones que consideran cada vez "más sospechosas" ante la falta de información al Parlamento y la aceleración del proceso en los consulados.
Los contratos
Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, advierte de que España está inmersa en "el mayor proceso de nacionalización de toda nuestra historia" y que se está impulsando mediante una orden administrativa "sin control parlamentario".
Exteriores deberá informar al Congreso si paga a empresas externas para "agilizar" las solicitudes por la 'ley de nietos'Por eso, el PP exige también a la Abogacía General del Estado los informes jurídicos sobre los contratos de externalización para labores de apoyo consular en este procedimiento.
El PP reclama la copia de los tres expedientes completos de contratación del Grupo Palco, empresa vinculada a la dictadura comunista cubana, por un importe total de 1.602.217 euros para personal al servicio del Consulado de España.
En paralelo, pide detalle de los contratos con Ineco y del número de expedientes tramitados, concedidos y denegados, desglosados por circunscripción y consulado.
Beneficiarios desprotegidos
A juicio de los populares, el proceso "chapucero" del Ejecutivo ha dejado desprotegidos a los propios beneficiarios legítimos.
Porque la impugnación de la instrucción ministerial por parte de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ante el TSJ de Madrid, hecha en plazo para pedir su nulidad de pleno derecho, pone en riesgo sus derechos.
Si la sentencia da la razón a los recurrentes, todas las nacionalizaciones otorgadas podrían quedar en un limbo y ser revocadas.
Fuentes del partido alertan además de que "no sólo se cambia masivamente el censo con la posible incorporación de uno o dos millones de nuevos españoles".
También se pone "en riesgo el Estado del bienestar", porque esos 2,6 millones de potenciales nuevos ciudadanos adquieren acceso a sanidad, ayudas y subvenciones sin que se haya debatido ni previsto el impacto económico y social.
"Defendemos este derecho con ley, rigor, acuerdo parlamentario y garantías", resume Ezcurra, que denuncia "la falta de controles y la escasa exigencia documental del sistema" actual.
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