El 10 de septiembre, el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, se reunió en privado con representantes de las grandes empresas. Al almuerzo, organizado por el Instituto de Estudios Económicos (el think tank de CEOE), acudieron directivos de compañías como Santander, Iberdrola o Mercadona, así como representantes de las grandes constructoras -agrupadas en Seopan-, de las patronales eléctricas, de los fondos, del sector inmobiliario y del capital riesgo. También acudieron economistas.
En dicho almuerzo, según revelan a EL MUNDO diversas fuentes conocedoras del contenido, Figaredo aseguró que la receta de Vox para mejorar la crisis de acceso a la vivienda era incentivar la construcción de pisos, con «mucha más oferta privada», pero «antes de eso» hay que «rebajar la demanda». ¿Y cómo? Expulsando de España a buena parte de los inmigrantes que han entrado en los últimos años. «Con 1,5 millones de inmigrantes menos, habría menos presión sobre la vivienda», les dijo, según tres fuentes presenciales. Y no sólo eso, también «habría menos presión sobre los servicios públicos», añadió.
Preguntadas ayer por esto, fuentes de Vox aseguraron a este diario que no, que lo que dijo en realidad es que si siguen entrando 1,5 millones de inmigrantes al año, será imposible satisfacer la demanda de vivienda. «Ni en nuestros mejores sueños». Pero Vox mantiene que es favorable a la deportación masiva: «Nosotros hemos dicho que todos aquellos que vienen a delinquir se tienen que ir, todos aquellos que vienen a vivir de subsidios se tienen que ir, todos aquellos que no se integran en nuestra cultura se tienen que ir. Serán 1,5 millones, 10 o 100.000. No tenemos una referencia», explican en Bambú.
Algunos empresarios se quedaron «perplejos». En particular, los que mejor conocen los sectores residencial y financiero. «Le dijimos que la inmigración regulada en nuestro país es fundamental y que el problema de la vivienda no es tan sencillo» de solucionar, reconoce uno de ellos. «Y que el problema viene de 2009, cuando se paralizó la vivienda privada». Además, se le advirtió de que frenar la compra extranjera sería un gran error, pues hay fondos foráneos que apuntalan los empleos nacionales.
Figaredo aseguró que buena parte del problema que hay en el mercado de la vivienda viene por la fuerte «entrada» de inmigrantes. De hecho, aportó un dato: «Han entrado en España 7,8 millones de personas desde 2018». A su juicio, el crecimiento económico de España se está produciendo por la vía del aumento de la población, y el modelo debería cambiar a «crecer vía industria y eficiencia, no por población».
En ese sentido, los directivos le preguntaron sobre la posibilidad de que Vox gobierne con el PP y lleve a cabo este tipo de medidas. Es decir, si ya tienen pactadas con el PP las líneas maestras del programa económico. Figaredo contestó que no pueden pactar aún un programa económico o político con el PP, ya que éste dependerá del peso que tengan los escaños de su formación en la hipotética futura mayoría parlamentaria: «Todavía no sabemos cuánto van a valer nuestras acciones dentro de la próxima coalición de Gobierno».
La mano derecha de Santiago Abascal en economía habló también de la ley de nietos y de lo mucho que, en su opinión, puede influir en el resultado electoral de 2027. Después desgranó sus propuestas energéticas y planteó una gran rebaja del IRPF, cosa que el PP no se ha atrevido a prometer aún. Y pidió «ideas» a las empresas para su programa de «desregulación para mejorar el crecimiento económico».
De nuevo, Figaredo habló también sobre los servicios públicos y ligó su saturación a la ingente «masificación» que hay por parte de los inmigrantes recién llegados a España. Volviendo entonces a la vivienda, incidió en que si la demanda se reduce -vía expulsiones- tendría efectos «en el precio y la disponibilidad» de pisos. Y habló también de «mejorar la tramitación urbanística».
Un representante del sector del ladrillo le dijo, según las fuentes consultadas, que el problema es mucho más complejo que la demanda de inmigrantes, y que la clave es que no se construye suficiente, ya que se crean más de 200.000 familias nuevas todos los años y sólo se construyen unas 90.000 viviendas por ejercicio, de manera que el déficit no para de crecer. De hecho, el Banco de España ya habla de un desajuste de más de 700.000 viviendas.