Doñana es la cara de la emergencia climática. iStock
Tribunales Fiscalía demanda a Transición Ecológica por no sancionar e impedir robos de agua en Doñana y escudarse en la JuntaEl Ministerio Público ha acabado llevando a los tribunales a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a la que reclamó hace un año que ejerciera sus competencias frente a las extracciones de agua.
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María Peral Publicada 6 marzo 2026 20:57hLas claves nuevo Generado con IA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado este viernes que ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. El Ministerio Público considera que la Administración central ha hecho dejación de sus competencias para exigir responsabilidades e impedir las extracciones ilegales de agua en el espacio natural de Doñana.
La demanda reclama que se condene a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Sara Aagesen) a adoptar medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación de los robos de agua detectados por el Seprona de la Guardia Civil.
La demanda tiene su origen en unas diligencias preprocesales iniciadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2021.
El TJUE estimó el recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra España.
La Corte de Luxemburgo declaró que España "ha incumplido las obligaciones que le incumben”, en la protección, entre otras, de las aguas subterráneas afectantes al espacio natural de Doñana,
Según la sentencia, una de las causas significativas del deterioro medioambiental de Doñana se encuentra en la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea.
La Fiscalía ordenó una serie de diligencias que permitieron identificar a los operadores que realizaron extracciones ilegales de agua subterránea durante los años 2022 y 2023.
Fueron 250 operadores: 198 en Huelva, 51 en Sevilla y uno en Cádiz.
Tras el resultado de las diligencias practicadas, la Fiscalía dirigió el 19 de febrero de 2025 a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente una solicitud de inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental.
En concreto, pidió la adopción de “medidas de evitación de nuevos daños” que deben cumplir los operadores relacionados e identificados.
Entre otras, esas medidas debían consistir, a juicio de la Fiscalía, en el “cese definitivo o temporal, total o parcial, de actividades” en las explotaciones económicas y profesionales que, con posterioridad a 2023, hayan continuado con la extracción ilegal de aguas subterráneas de los acuíferos concernidos sin la concesión administrativa preceptiva o en caudales superiores a los permitidos.
Involucrar a la Junta de Andalucía
El 29 de octubre de 2025, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente acordó inadmitir la solicitud de la Fiscalía para el inicio de procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental por daños a las aguas continentales (superficiales y subterráneas) que afectan al espacio protegido de Doñana y la adopción de medidas de prevención y reparación medioambiental.
Adujo que la Secretaría de Estado no es el órgano competente para ello "por no tratarse daños exclusivos del dominio público hidráulico, sino que involucran a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía”.
La Fiscalía considera, sin embargo, que la Administración General del Estado no puede "renunciar y dejar de ejercer sus competencias por apreciar la posible existencia de concurrencia de competencias con la de la Comunidad Autónoma de Andalucía".
En su opinión, ello infringe el principio de que "la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia”.
La demanda solicita la nulidad de la resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y que se la condene a tramitar el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental, (con fijación de un plazo para que se cumpla), a fin de determinar si existe o no responsabilidad medioambiental de los operadores identificados y la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes de prevención, evitación de nuevos daños y reparación.
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- Sara Aagesen