- Bruselas busca liberar casi 500.000 millones en recursos bancarios congelados
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Las autoridades comunitarias lanzaron ayer dos ambiciosos planes para aligerar normativas que, de acuerdo con los informes elaborados por Mario Draghi y Enrico Letta, comprometen la competitividad de la economía europea.
Por un lado, la reforma del mercado de derechos de carbono, instrumento clave para la transición energética, pero que debido a su configuración original se había convertido en un lastre para la industria.
Tras las numerosas quejas recibidas y la constatación de los fallos del sistema, Bruselas lo ha reorientado para transformar lo que hasta ahora eran penalizaciones por emisiones excesivas en incentivos, de manera que, en adelante, se premie a las empresas industriales que inviertan en la descarbonización de sus actividades.
De ello dependerá el grueso de los derechos de emisiones que reciban (un 80% del total), mientras que otra parte relevante (el otro 20%) se vinculará a la reducción efectiva de la contaminación generada con su actividad productiva.
La reforma no se aplicará hasta 2028, siempre que sea ratificada por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, pero señala el camino futuro para el sector industrial del continente, que debe ser más ecológico, pero también más competitivo frente a sus rivales chinos y norteamericanos.
Del mismo modo, la propuesta de reforma del marco normativo del sector financiero llega en un contexto de intensa desregulación al otro lado del Atlántico impulsada por la Administración Trump.
El enfoque de Bruselas es antagónico al de la Casa Blanca, ya que se orienta a poner fin de una vez a la fragmentación que ha frenado la unión bancaria continental y no a impulsar el crecimiento del crédito y de los beneficios de la banca, como en Estados Unidos.
Aun así, también dará como resultado la "liberación" potencial de unos 500.000 millones de euros que las entidades bancarias mantienen inmovilizados a consecuencia de los elevados requisitos de capital y provisiones vigentes en la actualidad. Lo cual se logrará suprimiendo la obligación de mantener esos colchones financieros en cada una de las filiales de los grupos bancarios europeos, centralizando en las matrices esas exigencias precautorias.
La propuesta todavía debe discutirse a nivel de los Estados miembros, pero se alinea con los objetivos estratégicos marcados por la presidenta Von der Leyen para flexibilizar las exigencias normativas y burocráticas en todos los ámbitos para reactivar la esclerotizada economía del euro.
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