Francisco Granados en la Audiencia Nacional Efe Agencia EFE
Tribunales CASO PÚNICA Francisco Granados y López Madrid, a juicio por supuesto amaño de contratos públicos en el 'caso Púnica'El instructor de esta causa, García-Castellón, cifró en una resolución de 2024 en más de 100.000 euros el dinero público gastado en cestas de Navidad para amigos del exconsejero madrileño.
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Javier Corbacho Publicada 26 mayo 2026 17:04h Actualizada 26 mayo 2026 17:35h Las clavesLas claves Generado con IA
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha enviado a juicio, en el marco del caso Púnica, al exconsejero madrileño Francisco Granados y a los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza, entre otras decenas de personas.
Esta pieza separada, la número 8 de la macrocausa, está centrada en las supuestas irregularidades cometidas entre 2003 y 2011 en operaciones vinculadas a la empresa pública Arpegio y en supuestos amaños de contratos de transportes en la Comunidad de Madrid (CAM).
En ese periodo, Granados fue consejero de Transportes de la CAM y, posteriormente, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
En esta pieza de la causa, la Fiscalía Anticorrupción solicita para el expolítico una pena de 42 años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental.
Como en otras piezas de la causa —ya juzgadas y por las que Granados y Marjaliza han sido condenados—, en ésta, la supuesta trama habría beneficiado a ciertas empresas mediante el amaño de contratos públicos y a través de sobrecostes y manipulación de los criterios técnicos de las adjudicaciones.
La Sala de lo Penal apoya a García-Castellón: confirma el archivo de 'Púnica' para Esperanza AguirreEntre las obras investigadas, destacan algunas relativas a Metro Sur, Metro Norte y el Metro Ligero a Boadilla del Monte.
Hace dos años, en junio de 2024, el entonces instructor del caso Púnica, el juez Manuel García-Castellón, al que sustituyó Piña, propuso juzgar a Granados, López Madrid, Marjaliza y otras 40 personas en esta pieza de la macrocausa.
No obstante, archivó el caso para tres de los investigados; entre ellos, el empresario José Luis Ulibarri.
En aquella resolución, García-Castellón detallaba una operativa utilizada por los investigados para, supuestamente, desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través del entre público Mintra-Madrid Infraestructuras del Transporte y a favor de la trama.
"Con arreglo a la dinámica planeada, se entregaba a los funcionarios encargados de la redacción de los pliegos técnicos no sólo la potestad de la fijación del precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas —que, de entrada, aseguraban la elección del adjudicatario—, sino también el mando para incrementar el precio de salida y adjudicación del contrato e, incluso, el plazo de finalización, a través de la justificación dada para adjudicar modificados", resumía el juez, hoy ya jubilado.
En dicha resolución, García Castellón subrayaba que Esperanza Aguirre, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, destituyó a Granados del cargo de consejero de Transportes, "atendiendo la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella Consejería".
"Pero, al mismo tiempo, le ofreció presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid", relató el juez.
Gracias a esta "nueva organización", narraba García-Castellón, Granados "asumió nuevas funciones, puesto que se asignó a la Consejería de Presidencia la empresa pública gestora del suelo de la Comunidad de Madrid, Arpegio, integrada, hasta ese momento, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio".
También se encomendaron a dicha compañía funciones de administración de parte de los Fondos Prisma (el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid) y se constituyó la Fundación Arpegio.
"De esta forma", como señaló el juez, Francisco Granados volvía a tener bajo su control y gestión "un considerable patrimonio", así como "la decisión última en la adjudicación de contratos para la construcción de obra civil y la actividad urbanística/inmobiliaria".
100.139 euros en cestas de Navidad
García-Castellón señaló en aquel auto que tanto Granados como su mujer utilizaron fondos públicos, a través de Arpegio, para agasajar a sus amigos y conocidos, y hasta a los profesores de sus hijas, en Navidad. Todos ellos, en los años 2006 y 2007, recibieron una cesta navideña.
Esos obsequios, pagados con dinero de la compañía pública, costaron un total de 100.139,17 euros.
García-Castellón también detalló en su resolución de 2024 losregalos efectuados de forma continuada por Marjaliza a Granados durante el tiempo en que éste ostentó cargos públicos, entre 2004 y 2011.
Entre otros, un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, relojes y un maletín con casi un millón de euros, encontrado en el altillo de la casa de sus suegros.
El juez García-Castellón también señalaba en su auto que "las actuaciones [investigadas] también reportarían beneficios ilícitos al investigado Jesús Trabada, invertidos de forma velada en la mercantil Bustren".
"Pese a no figurar en el accionariado nominalmente", Granados y López Madrid serían, según el instructor, socios ocultos de esta empresa de construcción".
Por otro lado, el juez cifró en 1,2 millones de euros las comisiones ilegales que habría obtenido López Madrid de toda esta operativa y aseguró que el empresario pagaba los gastos de uso y disfrute de un yate de recreo (propiedad formal de una sociedad de Marjaliza), pero que era utilizado habitualmente por la familia de Francisco Granados.