Galicia quiere cerrar el paso a las grabaciones en clase y a la difusión de exámenes en redes. La futura Ley de Educación Digital, presentada este lunes por el presidente gallego, Alfonso Rueda, fija un marco más claro en los centros y reduce el margen para el uso indiscriminado de la tecnología.
"Salvo autorización expresa, ningún alumno, familiar o persona ajena al centro podrá grabar una clase y luego difundirla", ha advertido Rueda. La norma establece esa prohibición como regla general y la extiende a cualquier canal, desde WhatsApp hasta redes sociales. En la misma línea, vetará la publicación de exámenes o contenidos académicos del alumnado en internet.
La ley también afectará al profesorado, que no podrá difundir imágenes, audios o información obtenida en el ámbito escolar, incluidas actividades extraescolares o pruebas de evaluación. El objetivo es evitar que el día a día en las aulas acabe "expuesto sin control". Según ha adelantado esta mañana el barón 'popular', solo habrá excepciones "muy tasadas", como casos de accesibilidad (por ejemplo, alumnos con discapacidad visual que necesiten grabar las clases) o enseñanzas específicas como las de conservatorio.
USO DE LA IA EN CLASE
El texto irá un paso más allá y abrirá un nuevo frente. Galicia será la primera comunidad en regular el uso de la inteligencia artificial en la educación y extenderá la condición de autoridad pública del profesorado al entorno digital, reforzando su protección fuera del aula.
Además, la Xunta limitará el uso del móvil a fines pedagógicos a partir de 3º de la ESO e incorporará el derecho a la desconexión digital del alumnado para evitar que la actividad escolar se alargue fuera del horario lectivo.
Todo ello formará parte de un modelo de enseñanza híbrida que busca equilibrio entre tecnología y métodos tradicionales. "No se trata de introducir la tecnología por introducirla, sino de quedarse con aquello que realmente mejore la calidad docente", ha señalado el presidente. El texto ha iniciado hoy su exposición pública y el Gobierno gallego prevé aprobarlo antes de que termine 2026.