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Garzón dictará la 'verdad' oficial sobre el franquismo, después de que el CGPJ le cerrara la puerta para volver a ser juez

Garzón dictará la 'verdad' oficial sobre el franquismo, después de que el CGPJ le cerrara la puerta para volver a ser juez
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El exmagistrado, expulsado de la carrera judicial, presidirá la Comisión de la Verdad creada por el Ministerio de Memoria Democrática, que hará un informe sobre la dictadura. Más información: El CGPJ rechaza volver a dar la condición de juez a Baltasar Garzón al seguir siendo "válida" su condena por prevaricación

Baltasar Garzón, junto a Dolores Delgado, en un acto público celebrado el pasado mes de noviembre. Europa Press

Tribunales Garzón dictará la 'verdad' oficial sobre el franquismo, después de que el CGPJ le cerrara la puerta para volver a ser juez

El exmagistrado, expulsado de la carrera judicial, presidirá la Comisión de la Verdad creada por el Ministerio de Memoria Democrática, que hará un informe sobre la dictadura.

Más información:El CGPJ rechaza volver a dar la condición de juez a Baltasar Garzón al seguir siendo "válida" su condena por prevaricación

Publicada 29 marzo 2026 03:44h

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Tiene 70 años y, en la cabeza, el anhelo frustrado de volver a lucir la toga de juez.

En los últimos meses, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apuntillado el deseo de Baltasar Garzón (Jaén, 1955) de regresar a la carrera judicial, de la que fue expulsado en febrero de 2012, tras ser condenado a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

El Tribunal Supremo consideró probado que Garzón, cuando era instructor del caso Gürtel, ordenó intervenir las conversaciones con los abogados defensores de los principales cabecillas de la trama, cuando éstos estaban en prisión. Violó, así, su derecho de defensa.

Pero el Gobierno sí parece dispuesto a la rehabilitación pública del exjuez. Y acaba de poner otra piedra en el camino para ello.

Moncloa le ha encomendado presidir la llamada Comisión de la Verdad, que investigará los crímenes del franquismo y "las consecuencias actuales" de la dictadura.

Este grupo de trabajo, dependiente del Ministerio de Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, redactará después un informe.

El franquismo no es un asunto ajeno en la trayectoria de Garzón. En absoluto. En 2008, el entonces juez de la Audiencia Nacional, en un movimiento sin precedentes y no sin polémica, solicitó el certificado de defunción de Francisco Franco, fallecido en noviembre de 1975.

Dos acuerdos de la Comisión Permanente del CGPJ vetan la reincorporación de Baltasar Garzón a la carrera judicial

¿Para qué? En aquella fecha, como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, investigaba supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura, bajo la tesis de que éstos no habrían prescrito con la Ley de Amnistía de 1977.

Finalmente, en medio de un excitado debate público y político, le fue enviado el documento: la partida de defunción de Franco estaba —y sigue estando— en el folio 151 del tomo 4.649 del Registro Civil del distrito de Fuencarral (Madrid).

De forma casi paralela al juicio por su actuación como instructor de la Gürtel, Garzón, vestido de toga, fue juzgado por el Supremo por abrir esta causa contra el franquismo. No obstante, corrió mejor suerte y, esta vez, fue absuelto.

A partir de ahora, como expresó este miércoles el Ministerio de Memoria Democrática en una nota de prensa, la Comisión de la Verdad que Garzón presidirá tratará de "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos" cometidas durante la dictadura.

El Gobierno coloca a Baltasar Garzón al frente de la 'Comisión de la Verdad' sobre la Guerra Civil y el franquismo

Y elaborará un dictamen con "recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos".

Cuenta, para ello, con varios colaboradores. Principalmente, juristas de varios países. Aunque Moncloa también ha incluido entre los miembros de la Comisión a periodistas de la órbita progresista.

Uno de los vocales de este grupo será el abogado brasileño Roberto de Figueiredo Caldas, quien, en el año 2018, dimitió como miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos después de que su mujer le acusase de haberle propinado golpes y de amenazarla.

Pese a que fue condenado inicialmente en septiembre de 2020, fue absuelto en segunda instancia, debido a la "fragilidad" de las pruebas en su contra.

Dolores Delgado

La nueva faceta de Garzón, que no estará remunerada con un salario pero sí dotada de medios, también puede afectar a otro aspecto de su vida.

El Supremo ya advirtió a su esposa, la exministra de Justicia y actual fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos Dolores Delgado, de que "no podrá actuar en los casos en los que su cónyuge haya tenido cualquier tipo de intervención profesional".

Así lo avisó el alto tribunal en noviembre de 2025, una vez avaló el nombramiento de Delgado para este cargo en la Fiscalía. Pero, previamente, el Supremo había revocado en una primera ocasión su designación, ya que se realizó sin que el Consejo Fiscal pudiese analizar si concurría o no la prohibición establecida en el artículo 58 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Ese precepto establece que los fiscales no podrán ejercer "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge (...) ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".

En aquella primera ocasión, el Supremo constató que la Inspección Fiscal debería haber analizado si Dolores Delgado podía ser fiscal de Memoria Democrática teniendo en cuenta que su marido es abogado especializado en derechos humanos y, en aquel momento, presidía una fundación, que lleva su propio nombre, dedicada a esta materia.

Ahora bien, la segunda vez, cuando el Supremo ya sí avala el nombramiento de Delgado, Garzón ya no ocupaba ese cargo, ya que, entretanto, había renunciado a dicha presidencia.

Desde su creación, en 2011, la Fundación Baltasar Garzón también interviene, precisamente, en materias relacionadas con las desapariciones durante el franquismo.

Escaso éxito judicial

Aunque Moncloa le haya encomendado una de las labores más mediáticas de esta legislatura, la rehabilitación de Garzón en el plano judicial, con su pretendida vuelta al escalafón, ha quedado descartada por el CGPJ, órgano de gobierno de los jueces.

El 13 de julio de 2021, casi una década después de ser condenado por el Supremo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió su dictamen concluyendo que el proceso contra Baltasar Garzón fue "arbitrario".

El CGPJ rechaza volver a dar la condición de juez a Baltasar Garzón al seguir siendo "válida" su condena por prevaricación

Desde entonces, en este último lustro, Garzón ha tratado de volver a ser miembro de la carrera judicial. Y no ha tenido éxito.

El Consejo del Poder Judicial argumentó el pasado octubre que, "mientras la sentencia del Tribunal Supremo no sea revisada o en cualquier otra forma declarada nula, para el CGPJ es una sentencia válida a cuyo cumplimiento viene obligado".

Baltasar Garzón presentó después un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, a la que solicitó que revocase esta postura del órgano de gobierno de los jueces. En el marco de dicho procedimiento, también pidió que se ampliase su edad de jubilación hasta los 72, a fin de ganar tiempo.

En España, la ley marca que los jueces deben colgar la toga al cumplir 70. No obstante, pueden solicitar alargar su vida laboral otros 24 meses más.

Pero el exmagistrado no ha tenido éxito al solicitar la prórroga hasta los 72. En una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, fechada el pasado 20 de noviembre —curiosamente, en el 50 aniversario de la muerte de Franco—, el Supremo le deniega la ampliación solicitada.

"La prórroga de su edad de jubilación hasta los 72 años parte de la existencia de una relación de sujeción especial que no existe, que es la de su pertenencia a la Carrera judicial", señala la sentencia, de la que fue ponente el magistrado Carlos Lesmes, expresidente del CGPJ.

"No puede acordarse dicha prórroga respecto de quien en este momento no es juez", concluyó el Supremo.

La resolución de la Sala Tercera también indica que "la no adopción de la medida cautelar solicitada [por Garzón]", la prórroga hasta los 72, no hace perder a su recurso su finalidad legítima, "que no es tanto la consecución de su reintegro en la carrera judicial para desempeñar la actividad judicial, sino obtener una reparación económica y, en su caso, una reparación moral".

Como recuerda la Sala Tercera, "estas pretensiones se pueden satisfacer sin necesidad de adoptar medida cautelar alguna" en la sentencia que estime o, por contra, rechace su recurso.

Así las cosas, que Baltasar Garzón vuelva a lucir en público la toga de magistrado quedará como un deseo frustrado, aunque en los rótulos de algunos programas de televisión en los que participa, como abogado, sí le sigan reconociendo —erróneamente— el estatus de juez.

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