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Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. Borja Sánchez-Trillo Gobierno y sindicatos refuerzan la protección ante los riesgos laborales por salud mental y cambio climáticoLa norma comienza su proceso parlamentario después de casi dos años de negociación con la ausencia de la patronal y con una debilidad parlamentaria que pone en riesgo el grueso normativo
Martes, 10 de febrero 2026, 13:53
... deberá pasar por el Congreso de los Diputados para su puesta en marcha. Este martes, el equipo de Yolanda Díaz ha logrado el respaldo de los sindicatos, pero no el de la patronal, que se desmarcó de las negociaciones tras calificar la actitud del Ministerio como «inasumible, inconsecuente y una rémora». La nueva normativa, acordada en enero, actualiza una ley con más de treinta años de vigencia e introduce regulaciones más estrictas sobre agentes cancerígenos, biológicos y químicos, así como mejoras en los sistemas de información y en el registro de los accidentes de trabajo, además de en el cuadro de enfermedades profesionales. Asimismo, incorpora el cambio climático como un «factor esencial que pone en peligro la salud de los trabajadores», según señaló Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.La reforma tiene como objetivo principal visibilizar los riesgos emergentes cuya presencia ha aumentado en los centros de trabajo en los últimos años. Entre las principales demandas sindicales se encuentra la modificación del cuadro de enfermedades profesionales para incluir los riesgos psicosociales y adaptar la normativa española a los estándares de los países más avanzados en esta materia. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo incorporó en 2010 los trastornos mentales a su listado de enfermedades profesionales. No obstante, en España estas patologías continúan tratándose, en la mayoría de los casos, como enfermedad común, pese a que con frecuencia guardan relación directa con el entorno laboral.
En esta línea, la reforma pone el foco en factores como los riesgos psicosociales, los efectos del cambio climático, las nuevas formas de trabajo a distancia y las deficiencias en la garantía del derecho a la desconexión digital.
Asimismo, se plantea integrar la variable de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva de las empresas, de manera que el trabajo pueda adaptarse, cuando sea necesario, a la evolución de las capacidades físicas y psicológicas de las personas trabajadoras.
La iniciativa también contempla el refuerzo de las medidas de protección dirigidas a las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia, así como la reducción de la siniestralidad laboral y de las enfermedades profesionales mediante una mayor concienciación y una gestión más eficaz de los riesgos psicosociales y ergonómicos. De forma paralela, se pretende fortalecer la organización preventiva dentro de las empresas, incrementando la participación del personal con funciones preventivas e introduciendo la figura de los agentes territoriales de prevención, destinados a mejorar la seguridad y la salud laboral en empresas o centros de trabajo sin representación sindical, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas.
Por último, la reforma persigue optimizar el funcionamiento de los servicios de prevención acreditados y de los registros administrativos en los que se encuentran inscritos, así como actualizar los requisitos formativos exigidos a quienes desarrollan funciones preventivas en los niveles básico, intermedio y superior.
Casi 700 muertes
Según los últimos datos de siniestralidad laboral disponibles, cuya actualización a diciembre se conocerá a finales de esta semana, en los primeros once meses de 2025 fallecieron un total de 686 personas en accidentes laborales, una cifra que, aunque se ha reducido con el paso de los años, la vicepresidenta segunda del Gobierno calificó de «vergüenza».
De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo descendieron un 8,2% hasta noviembre de 2025, tras registrarse 550 fallecidos, 49 menos que en el mismo periodo de 2024. Por su parte, los siniestros in itinere con resultado de muerte cayeron un 4,2%, hasta un total de 136 fallecidos, seis menos que entre enero y noviembre del año anterior.
Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, con un total de 242, lo que supone un descenso del 19,1% respecto a 2024. También redujeron su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 46 trabajadores, 16 menos que hasta noviembre de 2024, y la industria, con cuatro accidentes mortales menos, hasta alcanzar los 106 fallecidos.
Acuerdo necesario
Aunque la rúbrica del texto pone en marcha el proyecto, el futuro de la normativa queda pendiente del visto bueno del Parlamento. «Un difícil equilibrio parlamentario», lo definió esta mañana Pérez Rey durante unas jornadas organizadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El secretario de Estado urgió a huir de la política partidista y del «regate corto». Horas después, la vicepresidenta segunda fue más allá: «Es la norma más importante que vamos a aprobar en estos seis años», afirmó, antes de lanzar un llamamiento: «Es una política de Estado y no se puede permitir que nadie muera en su puesto de trabajo».
Díaz agradeció a los sindicatos el trabajo realizado y recordó la ausencia de la patronal. «Me habría gustado que fuera un acuerdo tripartito», señaló. «No es política de partido», remachó.
Para evitar el bloqueo parlamentario, el Ministerio de Trabajo tratará de sacar adelante algunos de los puntos de la actualización a través de decretos específicos que solo necesitarán el visto bueno del Consejo de Ministros.
Por ello, algunas de las novedades presentadas este martes en la sede ministerial podrían quedar en saco roto. Otras tienen más fácil materializarse mediante un decreto específico sobre riesgos psicosociales, que obligaría a todas las empresas a realizar una evaluación en estamateria. También se plantea el refuerzo de la vigilancia ya prevista en el real decreto de coordinación de actividades empresariales -aplicable cuando varias empresas actúan en un mismo centro de trabajo- y la modificación del reglamento de lugares de trabajo. A pesar de ello, el Ministerio y los sindicatos confían en lograr el acuerdo necesario para sacar adelante el texto normativo.
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