Golpe de hasta 400 euros en la pensión máxima a los que se prejubilen este año

Ampliar

Solo han transcurrido dos de los diez años fijados como periodo de tránsito hasta aplicar las penalizaciones más altas. EFE Golpe de hasta 400 euros en la pensión máxima a los que se prejubilen este año

La penalización sobre la prestación se eleva de imprevisto hasta el 21% debido a una interpretación de la Seguridad Social

Sergio Llamas

Jueves, 12 de febrero 2026, 00:18

... hasta 705 euros sobre el tope de 3.359 en el caso de retirarse dos años antes, cuando con la última reforma, supuestamente, gozaban de unos coeficientes reductores más suaves y el ajuste se limitaba a 305 euros.

De esta forma, en lugar de restar el 9,10% de 'castigo' sobre la pensión máxima que se contemplaba este año para quienes hubieran cotizado menos de 38 años y seis meses, finalmente se les restará un 21% según los criterios del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Esto se traducirá notablemente en las nóminas de este colectivo. Restado de la prestación máxima para los jubilados fijada este año, las pensiones que recibirán no podrán superar los 2.654 euros, una fuerte sacudida para un grupo de trabajadores que venía cotizando por unos sueldos que superaban los 61.200 euros brutos cada año.

La decisión de la Seguridad Social radica en la reforma que introdujo en 2022 para endurecer los castigos por jubilarse antes de tiempo. Su objetivo era desincentivar esta práctica, ya muy extendida, con unos coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión que se va a recibir, y no sobre la base de cotización. De esta forma se perjudica especialmente a los trabajadores con las rentas más altas, que antes apenas notaban el recorte sobre sus pensiones.

Ahora, pese a que solo hayan transcurrido dos años de los diez previstos con esas penalizaciones mucho más benévolas para llevar a cabo esta transición, se opta por retirar la medida al haberse incrementado las pensiones máximas del sistema en un porcentaje que, para la Seguridad Social, ya absorbe ese perjuicio y se equiparan las prestaciones con las que se habrían podido cobrar en 2021, cuando se modificó la normativa.

Entonces, se reducía la pensión máxima un 0,5% por cada trimestre adelantado hasta alcanzar un 4% por esos dos años, un sistema que se sigue aplicando para quienes se prejubilen por cuestiones forzosas como estar inmersos en un proceso de despido colectivo. Se trataba en aquel momento de una penalización mucho menor que el 21% contemplado ahora, aunque el punto de partida era también más bajo ya que la pensión máxima hace cinco años estaba fijada en los 2.707,49 euros, lo que asemeja los resultados en ambos casos.

«Letra pequeña»

La advertencia de que esta «evolución de la pensión máxima» dejaría sin vigor la aplicación gradual de los coeficientes reductores una vez se equiparasen los resultados ya figuraba en la norma (la disposición transitoria 34), si bien expertos y sindicatos denuncian que esta «letra pequeña» del acuerdo ha pillado a todos por sorpresa. Una situación que no cambia la decisión de la Seguridad Social que ayer aseguraba a este periódico que «ahora mismo se está aplicando la ley en sentido estricto», si bien reconocen que se trata de un asunto que están «estudiando internamente».

De momento, con este cambio culmina una modificación con la que la Seguridad Social quería evitar que los trabajadores abandonaran el mercado laboral cuando su base reguladora superara la pensión máxima y no tuvieran incentivos para alcanzar la edad de jubilación. Aunque el objetivo está claro, los expertos levantan una ceja ante la falta de esfuerzos para comunicar la medida. El anuncio se ha limitado a un escueto aviso en el simulador oficial de la Seguridad Social que fundamentalmente ha pasado inadvertido.

«Muchas reformas de este tipo se están haciendo a 'sotto voce' y no se están transmitiendo a la población», alerta el socio director de la división laboral del Bufete Barrilero y Asociados, José Ramón Mínguez. Funcionario en excedencia del Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social –ha sido director provincial del INSS en Bizkaia–, recuerda que esta medida únicamente afectará a las jubilaciones voluntarias y señala que es recomendable analizar cada caso concreto, si bien subraya que «el Gobierno debería haber dado más publicidad» a esta decisión. «Esta es una cuestión que debe transmitirse con luces y taquígrafos. Lo que no se puede hacer en un asunto tan técnico como éste es encontrarte con los sustos que se llevan los profesionales», asegura.

También la socia responsable del departamento laboral del País Vasco y Navarra del bufete Garrigues, Begoña de Frutos, muestra su sorpresa por esta falta de visibilidad. «A los profesionales que están calculando jubilaciones hay que pedirles que tengan mucho cuidado porque la Seguridad Social ya lo ha incorporado en la hoja de cálculo y esos son los criterios que va a aplicar», remarca.

La medida ya ha puesto en alerta a los sindicatos. CC OO hizo saltar las alarmas y envió un mensaje de advertencia a sus afiliados de Telefónica. La central condenó «la falta de comunicación formal» de esta medida y exigió junto a UGT una aclaración al Instituto Nacional de Seguridad Social. «No es una cuestión legal, parece más bien un criterio administrativo que tampoco está muy claro y por eso hemos pedido aclaraciones», explicó uno de sus portavoces.

Replantearse la salida

Mientras las aguas se aclaran, los afectados ya están reaccionando. Así le ocurre a Pedro, un vasco que pensaba firmar su prejubilación y ahora reconoce que se lo está «replanteando». «Ya había comentado en la oficina mi intención de salir», explica ahora a los 63 años y medio, aunque planeaba esperar hasta verano cuando ya tendrá 64. Por eso advierte que su caso no está entre los más afectados, aunque admite que la prestación «para toda la vida» ya no le quedaría «como esperaba». «Hay mucha gente a la que le compensará mucho esperar», admite.

Y es que el panorama actual arroja demasiadas dudas, como reconoce el responsable de la asesoría Algorta, Pompeyo Herreros. El experto remarca que con estas situaciones cambiantes «parece que estamos perdiendo la seguridad jurídica y no se puede estar con esa incertidumbre». Tanto que confiesa estar convencido de que finalmente este tema terminará en los tribunales. «Si no rectifica la Seguridad Social, esto podría terminar en los juzgados y luego el Supremo dirá lo que diga. Desde luego nuestras asociaciones de pensionistas seguro que lo llevan hasta el final», señala Herreros.

El suyo no es el único despacho al que le afecta esta marea. Los expertos en jubilación del despacho de abogados laboristas Luengas explican que ya han tenido varios clientes con este problema. «Siempre que es posible les recomendamos que pidan la jubilación con efectos al 31 de diciembre», explica su director, Jagoba Luengas, ya que aunque la pensión máxima sea menor (entonces fue de 3.267,6 euros), también lo era el coeficiente reductor (del 7,40%) y se beneficiarían del IPC con el cambio del año. Lo cierto es que la prestación se puede retraer hasta 90 días en el caso de quienes ya no tenían empleo, por lo que el plazo para optar por esta vía termina el 31 de marzo. Pero la solución no cabe para quienes han seguido trabajando. Para ellos quizás merezca la pena, de ser posible, retrasar la prejubilación para hacer caer estas penalizaciones. En apenas medio año ya se reducirían hasta un 8,8%.

Límite de sesiones alcanzadas

El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.

Por favor, inténtalo pasados unos minutos.

Sesión cerrada

Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.

Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.

Iniciar sesión Más información

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

• Temas
• INSS