Grietas bajo el mismo techo

EDITORIAL

Corregir la ineficaz política de vivienda del Gobierno exige protección al inquilino, seguridad al propietario y más construcción para no elevar la frustración social

El regreso de Maricarmen Abascal a su casa, pactado con el mismo 'fondo buitre' que la desalojó, demuestra que este desahucio nunca debió producirse. Pero ... el caso de esta mujer de 87 años ha abierto la espita del monumental descontento larvado en España tras años de ineficaces políticas para atajar la crisis de la vivienda. Una dramática realidad encarnada por la incapacidad de la Administración para contener la escalada de precios tanto en el alquiler como en la compra. Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, son casi dos décadas de angustia y precariedad sin que el problema de fondo se haya resuelto: el colapso de las hipotecas ha pasado ahora a las rentas en un mercado que necesita con urgencia inmuebles para poder atender una demanda creciente.

Los decretos del Gobierno de Pedro Sánchez, más allá de contrarrestar la conmoción por la salida de Maricarmen de su hogar, son la señal de un fracaso por mucho que se camufle deprisa y corriendo. Primero con Podemos como socio y ahora con Sumar, el Ejecutivo socialista acumula ocho años de insuficientes medidas para corregir la situación. En la práctica, una deficiente gestión compartida con los ayuntamientos y las comunidades gobernadas en su mayoría por el PP. La propuesta, sustentada en prohibir los desahucios de personas vulnerables hasta 2030, prorrogar dos años los alquileres e incentivar la compra de la primera vivienda, llega el viernes al Congreso en un clima demoledor para la construcción de cualquier pacto, incluido en el bloque de investidura.

Salir de la sesión sin fraguar un acuerdo sería añadir frustración a la sociedad. Es el momento de que la ley ofrezca seguridad a quienes están bajo el mismo techo: los inquilinos más frágiles y también los propietarios porque el fin es ampliar el parque del alquiler a precios asequibles. Eso se consigue con una reforma que garantice la protección, los límites a la especulación y más promociones. Está por ver si el descontento social se canaliza en la vivienda, reflejado en acampadas como la de Sol, o se extiende a otros frentes.