Un Guardia Civil durante una operación.
Política Guardias civiles critican al Gobierno por excluirles de la profesión de riesgo y solo reconocer a la Policía Nacional"Lo pretenden justificar exclusivamente por su naturaleza militar", han asegurado las asociaciones profesionales del cuerpo.
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Cristina Muñiz | Agencias Publicada 18 marzo 2026 23:00h Actualizada 18 marzo 2026 23:02hLas claves nuevo Generado con IA
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han abandonado la actividad en el Consejo del cuerpo al considerar que el Gobierno castiga a los agentes por su naturaleza militar y los excluye de la profesión de riesgo, mientras que sí lo va a reconocer a la Policía Nacional.
En un comunicado conjunto, las siete asociaciones representativas de la Guardia Civil, en unidad de acción, han abandonado el pleno del Consejo como protesta por la tramitación del proyecto de Real Decreto por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los miembros de la Policía Nacional encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social.
"No podemos tolerar que se esté tramitando un proyecto de Real Decreto que reconoce la profesión de riesgo solo para los policías nacionales", subrayan en el comunicado.
Los guardias civiles ganan 2.000 € y no quieren trabajar en Madrid: "Faltan dos millares; es difícil atraerlos y retenerlos"Aseguran que el motivo para que el Gobierno excluya a los guardias civiles "lo pretenden justificar exclusivamente por su naturaleza militar" pese a que, de "forma insistente", las asociaciones vienen demandando el reconocimiento como profesión de riesgo en igualdad de condiciones que el resto de policías.
Además del abandono del pleno, las asociaciones profesionales representativas han acordado no participar en los próximos grupos de trabajo, comisiones y plenos hasta ser convocados por la Secretaría de Estado de Seguridad o el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para la apertura de una mesa de diálogo y alcanzar las mismas condiciones económicas de jubilación que el resto de cuerpos policiales, concluyen.
Peticiones conjuntas
Centenares de policías nacionales y guardias civiles —1.500, según la Delegación del Gobierno— se unieron el sábado 14 de marzo en una manifestación en Madrid donde reclamaron, entre otras cuestiones, la plena equiparación salarial entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y que se les garantice "una jubilación digna".
La protesta tuvo lugar en la Puerta del Sol y fue promovida por la asociación JuntosPolGC, no ligada a ningún sindicato policial ni asociación de guardias civiles y que se define como "apolítica y asindical", aunque la concentración contó con la participación del líder de Se Acabó la Fiesta, el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, y de la exdirigente de Vox Macarena Olona.
El portavoz de la asociación, Alfredo Perdiguero, declaró que ambos cuerpos se sienten "ninguneados desde el Gobierno", pues, según lamenta JuntosPolGC, policías nacionales y guardias civiles cobran "menos que policías autonómicas y locales", aun cuando afrontan "riesgos iguales o mayores".
Muere un guardia civil de Majadahonda mientras hacía paracaidismo en Murcia: era instructor de otros agentesPerdiguero reclamó asimismo el pleno reconocimiento como profesión de riesgo en ambos cuerpos, y en este sentido apuntó que el año pasado "agredieron a 16.000 compañeros en toda España" sin que haya, a su juicio, "armas procesales" adecuadas contra los "delincuentes".
"Deben defendernos, y no lo hacen ni cuando nos asesinan", agregó en alusión al asesinato en Barbate (Cádiz), en 2024, de dos agentes de la Guardia Civil por el brutal impacto de una narcolancha que les embistió.
Por su parte, el secretario de la asociación, Iván Martínez, exigió recuperar para ambos cuerpos su "principio de autoridad" para así "poder trabajar en las calles como Dios manda".
Además, desde JuntosPolGC aseveran que los veteranos "sufren jubilaciones indignas", por lo que exigen que estas sean "acorde a la entrega y sacrificio que exige" la profesión. Durante la protesta, los manifestantes pidieron la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.