La AEAT revela que está revisando todas las declaraciones entre 2021 y 2025 de Zapatero, su mujer, sus hijas, 'Julito' y sus sociedades, pero que éstas pesquisas pueden solaparse con la causa de la Audiencia Nacional
Regala esta noticia Añádenos en Google José Luis Rodríguez Zapatero a la entrada de la Audiencia Nacional. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo, Almudena Santos y Javier Arias Lomo
03/07/2026 Actualizado a las 14:18h.Hacienda ha comunicado a la Audiencia Nacional que ha abierto inspecciones fiscales de los ejercicios comprendidos entre 2021 y 2025 y de «alcance general» a ... José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer, Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura, la empresa familiar Whathefav, Julio Martínez Martínez, 'Julito', y una docena de sociedades vinculadas a la órbita económica de los implicados. La revisión es amplísima puesto que abarca a la liquidación de cinco campos diferentes: impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA); Impuesto sobre Sociedades; Impuesto sobre el Patrimonio; e Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
La comunicación de la AEAT ha sido incorporada por Calama a las diligencias del caso Plus Ultra mediante providencia de este mismo viernes. El juez, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, no ha adoptado todavía ninguna decisión de fondo. Se ha limitado a unir los informes de Hacienda a la causa y a dar traslado de la documentación al Ministerio Fiscal para que informe.
La petición de la Agencia Tributaria es sencilla: si los mismos hechos están siendo investigados en vía penal, conviene que sea el juez quien marque el paso antes de que Hacienda liquide o sancione por su cuenta. Se trata -según fuentes del caso- de un procedimiento habitual en este tipo de causas complejas económicas en las que se solapan la vía fiscal y la penal.
«Se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general», comunica la Delegación Especial de Madrid respecto de Zapatero, Sonsoles Espinosa, Laura y Alba Rodríguez Espinosa y Whathefav. En el caso del expresidente, la inspección afecta al IRPF de 2021 a 2024, al IVA desde el segundo trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre de 2024, al Impuesto sobre el Patrimonio de 2021 a 2024 y al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
Las actuaciones sobre Zapatero y Sonsoles arrancaron el 15 de junio de 2026. Las de sus hijas comenzaron el 22 de junio. La inspección a Whathefav, sociedad fundada por Alba y Laura Rodríguez Zapatero y analizada por la UDEF como pieza del entorno económico y documental del expresidente, se inició el 26 de junio. Hacienda añade un detalle fiscal relevante: Zapatero y su esposa aplicaron en sus declaraciones de IRPF de 2021 a 2024 la modalidad de tributación conjunta.
El segundo bloque de inspecciones lo lleva la Delegación Especial de la AEAT en la Comunidad Valenciana porque Julio Martínez Martínez, 'Julito', reside en Elda. La AETA revisa las declaraciones del amigo y supuesto testaferro de Zapatero y de sus empresas Análisis Relevante (la empresa que supuestamente sirvió para pagar al expresidente las mordidas por el rescate de Plus Ultra), además de las sociedades Agropecuaria Lucena, ASP Rentas, Zenitram Partners, Zenzap, Afitta, Idella Consulenza Strategica, Mérida Capital, Rentalia 2002, Voli Analítica, NEZ y Pickashop. A Julito se le comprueba el IRPF de 2021 a 2024. La mayoría de esas sociedades están bajo inspección por Sociedades e IVA.
Pero estas inspecciones -arguye el fisco- pueden duplicarse con las pesquisas de Calama. Si dos vías avanzan a la vez —la penal y la administrativa—, el riesgo es que una inspección tributaria llegue a conclusiones con menos documentación o incluso distintas de las que luego fije el juzgado.
La AEAT habla de «prejudicialidad penal». Traducido: si para saber si hay deuda fiscal primero hay que aclarar qué pasó, quién cobró, por qué concepto, con qué documentos y con qué origen, esa respuesta puede depender de la causa penal. Y la causa penal tiene más herramientas: registros, incautación de dispositivos, análisis de chats, informes policiales, declaraciones de investigados y testigos, y documentación que puede no estar a disposición inmediata de Hacienda.
«Las mayores y más intensas facultades investigadoras en el ámbito de la instrucción penal frente a las de los procedimientos administrativos aconsejarían, a juicio de esta Dependencia, la investigación en sede penal de los hechos con mayor eficacia», sostiene la Agencia Tributaria en su comunicación al juez.
Hacienda enumera varias razones para pedir esa coordinación. La primera, «economía procesal»: no tiene sentido, dice, que los mismos hechos sean investigados al mismo tiempo por varios órganos judiciales y administrativos distintos. La segunda, evitar duplicidades y contradicciones. La tercera, que la documentación solicitada por la Inspección podría estar ya incautada en la Audiencia Nacional.
«Porque la documentación solicitada por la Inspección se podría encontrar incautada en sede del proceso penal», explica la AEAT. En ese caso, añade, la comprobación administrativa carecería de «documentos esenciales para su desarrollo».
La advertencia es práctica. Si Hacienda siguiera adelante sin esperar a la causa penal, tendría que cerrar sus inspecciones con los documentos que tenga en su expediente administrativo, no necesariamente con todo lo incautado por Calama. La propia AEAT admite que esas conclusiones podrían tener «mucha menor solidez probatoria» que las que se recaben en vía penal.
«Si no se procediera a suspender las actuaciones inspectoras por prejudicialidad penal», advierte Hacienda, esas actuaciones tendrían que finalizarse en vía administrativa con los hechos acreditados en el expediente administrativo, «presumiblemente de mucha menor solidez probatoria» que los que se recaben en la causa penal.
La Agencia Tributaria pide por eso al juez que, «en la medida que lo entienda oportuno», ordene la paralización de los procedimientos inspectores. Esa suspensión, si Calama la acuerda, no dejaría caer los expedientes. Al contrario: interrumpiría los plazos de prescripción para que Hacienda pueda retomar las actuaciones cuando la vía penal avance o concluya.
La comunicación también deja claro qué ocurrirá si no hay orden judicial. Hacienda seguirá adelante por la vía administrativa. «En caso de no recibir por parte del presente órgano judicial orden de paralización del procedimiento inspector», dice el escrito, se continuará con la emisión de «liquidaciones administrativas de carácter provisional» y, en su caso, con las sanciones tributarias que puedan corresponder.
La causa penal que dirige Calama investiga a Zapatero y a otros implicados por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra. La UDEF examina si sociedades como Análisis Relevante, Whathefav, Idella o Focus Social Research sirvieron para canalizar pagos por supuestas gestiones de influencia. La defensa del expresidente sostiene que sus ingresos responden a trabajos reales de asesoramiento, informes, conferencias y actividad internacional.
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