El nuevo calendario da un año a las empresas de más de 8 millones para adaptarse y 24 meses para el resto
Regala esta noticia Añádenos en Google Los pequeños empresarios tendrán tendrán 24 meses, hasta el 6 de octubre de 2028. (Miguel Fernández) 05/10/2026 Actualizado a las 14:28h.Hacienda ha decidido volver a retrasar la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas (Verifactu) para hacerlo coincidir con la puesta en marcha ... de la factura electrónica obligatoria entre empresas y profesionales. El objetivo es hacer coincidir ambos sistemas en 2028 y evitar que las empresas tengan que afrontar en un periodo muy corto dos adaptaciones tecnológicas distintas. La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que el Gobierno aprobó en marzo activa los plazos de la Ley Crea y Crece por la que las empresas con un volumen de operaciones superior a ocho millones de euros tendrán que cumplir la nueva obligación desde el 6 de octubre de 2027. El resto de empresas y profesionales, tendrán 24 meses, hasta el 6 de octubre de 2028.
Verifactu y factura electrónica no son lo mismo. El primero establece requisitos para los sistemas informáticos de facturación, con mecanismos destinados a garantizar la integridad y trazabilidad de los registros y a dificultar su manipulación. La factura electrónica obligatoria, en cambio, regula las operaciones entre empresas y profesionales y establece que las facturas deberán emitirse e intercambiarse en formato electrónico conforme a unas condiciones técnicas determinadas.
Más de la mitad de las empresas españolas desconoce las implicaciones de la factura electrónica
Desde ATA (la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), que pidió a la Agencia Tributaria retrasar la entrada en vigor de VeriFactu para hacer la coincidir con la de la factura electrónica, su presidente Lorezo Amor ha aplaudido el aplazamiento. "Lo más coherente y que menos agravio ocasionaría a los autónomos", explicó en redes sociales.
La decisión llega, además, cuando buena parte del tejido empresarial sigue sin tener claro qué implican estos cambios. Más de la mitad de las empresas españolas desconoce las implicaciones de la factura electrónica, según la segunda edición del Observatorio TeamSystem: Radiografía y diagnóstico de pymes, autónomos y asesorías, elaborado por Ipsos para TeamSystem a partir de 1.200 entrevistas.
En concreto, un 24% de las empresas reconoce que ni siquiera sabe qué es la factura electrónica y otro 30% asegura haber oído hablar de ella, pero desconoce sus detalles. Solo un 10% afirma tener un conocimiento suficiente de la normativa. Además, tres de cada diez pymes admiten tener dudas sobre las exigencias regulatorias y los plazos de adaptación.
En qué consiste la factura electrónica
La nueva regulación permitirá a las empresas utilizar plataformas privadas de facturación electrónica, siempre que cumplan los requisitos de interoperabilidad establecidos. Como alternativa, podrán recurrir a la solución pública y gratuita que desarrollará y gestionará la Agencia Tributaria. Esta plataforma permitirá emitir y recibir facturas electrónicas y funcionará además como repositorio de las facturas sometidas al nuevo sistema. Su diseño pretende facilitar especialmente el cumplimiento de las obligaciones a pymes y autónomos, que podrán utilizarla sin asumir el coste de una plataforma privada.
La principal novedad del modelo, sin embargo, no está únicamente en sustituir el papel o el PDF por un formato electrónico. El sistema permitirá realizar un seguimiento de la factura durante todo su ciclo de vida, desde la emisión hasta el pago. Los destinatarios deberán comunicar electrónicamente determinados estados de las facturas, incluido su rechazo cuando se produzca y el pago efectivo completo. Cuando la propia factura o su copia fiel incluya una fecha de pago anterior o coincidente con la fecha de expedición, la obligación de comunicar el estado de pago se entenderá cumplida.
Para las empresas que utilicen plataformas privadas, la obligación tampoco terminará en el intercambio de la factura entre emisor y receptor. Estas plataformas deberán remitir simultáneamente a la solución pública una copia electrónica fiel de cada factura, con la información y en la sintaxis establecidas por la normativa. El objetivo es que la Administración disponga de una trazabilidad mucho mayor sobre las operaciones comerciales y, especialmente, sobre sus plazos de pago. La factura electrónica es una de las herramientas con las que el Gobierno pretende atacar el problema de la morosidad empresarial, que en España continúa situándose por encima del límite legal de 60 días.
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