Hacienda sospecha que el despacho fundado por Montoro fragmentó pagos para ocultar mordidas por las 'leyes a la carta'

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La Agencia Tributaria cree que se utilizaron «primas de éxito» y «mezcolanza de fondos» para encubrir el dinero que aportaban las empresas para conseguir cambios legislativos | Se han detectado envíos de casi 10.000 euros a la mujer del exministro por parte de Equipo Económico

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 13 de febrero 2026, 18:28 | Actualizado 19:13h.

El documento elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Anticorrupción sí que avala la tesis de que pudo haber pagos ocultos por elaborar supuestas leyes a la carta (BOE a medida), ya que análisis de la documentación intervenida revela una operativa destinada a «distanciar los pagos de su origen temporal y causal», mediante ingresos fraccionados que ocultarían lo que en realidad serían «primas de éxito» ligadas a modificaciones normativas concretas, que eran las que interesaban a las empresas pagadoras del bufete. El informe señala que dicha fragmentación «sería indiciariamente instada por el despacho investigado».

En total en esta supuesta «red de influencias» están investigadas 28 personas físicas y seis entidades jurídicas. Los delitos de los que se acusa al exministro y a sus más cercanos excolaboradores son siete: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

En esta causa, el juez investiga precisamente el supuesto negocio de amaño de leyes y otras supuestas irregularidades, que, siempre según el sumario, se habría extendido durante los dos gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018) y que operó hasta el último día, ya que la trama -sostienen los investigadores-incorporaron modificaciones pedidas por las empresas pagadoras a Equipo Económico en los Presupuestos Generales que Rajoy aprobó en junio de 2018

Este relato del juez y de la fiscal ahora es respaldado por Hacienda, que en uno de los pasajes más contundentes del informe subraya que, a la vista de los correos electrónicos y actas intervenidas, las empresas gasistas «eran conscientes, pagaban y se vanagloriaban mucho antes de lo pactado». Y añade: «los contratos intervenidos ni siquiera mencionan tales 'success fees', sino una supuesta prórroga de servicios», lo que refuerza la sospecha de que los pagos se realizaban con antelación porque el éxito de la gestión se daba por garantizado.

«Patrón de conducta»

La Agencia Tributaria discrepa así de las conclusiones iniciales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y sostiene que los pagos detectados —en importes recurrentes de 12.000, 18.000 o 36.000 euros— respondían en realidad a una misma operación que permitió alcanzar una cifra global cercana a los 812.000 euros. Esta forma de actuar podría constituir, según Hacienda, un «patrón de conducta» que se confirmará cuando se analice el conjunto de las cuentas bancarias y pagadores implicados, eliminando «distorsiones y mezcolanzas».

El informe fiscal también alerta de Equipo Económico -que niega todas las acusaciones y que afirma que se desvinculó de Montoro al poco de la creación de despacho- usó una arquitectura financiera compleja, con «mezcolanza de fondos» y dispersión del dinero a través de múltiples personas físicas, sociedades y cuentas bancarias. En las cuentas facilitadas se han localizado «numerosos cheques, transferencias, amortizaciones de préstamos, operaciones en el extranjero y productos financieros cuyo beneficiario último no ha sido identificado», lo que, en palabras de Hacienda, «restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado».

En total, los investigadores han localizado más de 120 abonos por importe superior a cuatro millones de euros, así como más de 180 cargos vinculados a 'operaciones extranjero' que superan los 600.000 euros. Sin embargo, el informe reconoce que «la ausencia de una información completa» impide descartar la existencia de transferencias adicionales «veladas tras números de cheque, facturas o conceptos bancarios genéricos».

Especial relevancia tiene para la inspección fiscal a las operaciones internacionales. Hacienda no ha podido localizar en cuentas españolas una transferencia de 203.098 euros a Alemania, lo que sugiere «la posible existencia de cuentas o productos bancarios en el extranjero de los que no se dispone de información». También se documenta en ese informe una salida de divisas a Luxemburgo por 198.000 euros, efectuada por una sociedad cuyas cuentas no han sido facilitadas.

Uno de los elementos clave del informe son los correos electrónicos entre las empresas gasistas y su asociación sectorial. En ellos se concluye que lo realmente contratado era «tener acceso y contacto directo con el ministro». Los investigadores destacan que las gasísticas contaban con «equipos técnicos más que suficientes» para elaborar informes y estudios normativos, por lo que el papel del despacho se habría limitado, de forma indiciaria, a «su acceso al Ministerio de Hacienda, presentar los resultados en el ámbito político apropiado y conseguir la reducción impositiva».

Hacienda también reclama al juez que requiera información bancaria adicional de varios investigados, incluido el propio Montoro, al no haberse facilitado las cuentas en las que figura como titular o autorizado. Aun así, ha localizado siete transferencias a su favor entre 2007 y 2008 por un total de 137.358,16 euros, además de pagos posteriores a su esposa. Esos pagos a la mujer del exministro se realizaron Asimismo, la Agencia Tributaria señala que también ha localizado «fuera del periodo» en el que el Montoro «abandonó formalmente el accionariado» de Equipo Económico. Se trata dos envíos en octubre de 2008 septiembre de 2010 que suman 9.450,69 euros.

El informe concluye advirtiendo de que la falta de documentación bancaria completa constituye «una verdadera limitación al alcance y contenido del presente informe», y subraya la necesidad de profundizar en comisiones rogatorias internacionales para esclarecer el destino final de unos fondos cuya trazabilidad, a día de hoy, sigue incompleta.

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