El Govern de Salvador Illa fija el catalán como "lengua propia y habitual de trabajo" y de "relación con la ciudadanía" en los Mossos d'Esquadra, un aspecto que regula el nuevo decreto de imagen del cuerpo policial autonómico publicado en el diario oficial de la Generalitat de este jueves 18 de diciembre.
Para Impulso Ciudadano, esta norma "es muy grave" y "desborda" el marco constitucional que establece que las lenguas oficiales de Cataluña tienen que ser tratadas por igual desde las instituciones de la Generalitat, por lo que recurrirá y llevará el caso a los tribunales.
El conflicto parte del decreto 269/2025 del 16 de diciembre de la imagen institucional, los uniformes, las acreditaciones y las distinciones de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. Entre otros muchos elementos, esta nueva norma incluye un artículo, el 37, que regula la "lengua de trabajo" de los agentes y recoge en su redactado: "La lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía es el catalán (...) y el aranés tiene que contar con los medios necesarios para ser lengua de trabajo y de atención ciudadana".
Pese a que el decreto sostiene también que su uso debe ser "sin perjuicio del derecho de las personas de ser atendidas en castellano", según Impulso Ciudadano el Govern da preferencia al catalán por delante del español. "No solo desconoce la oficialidad del castellano en el ámbito de la administración, sino que además vulnera los derechos lingüísticos de los propios policías, que tienen derecho constitucional a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus comunicaciones internas y en el ejercicio de sus funciones", critica la entidad.
Impulso Ciudadano presentará un recurso contencioso-administrativo contra el artículo 37 del Decreto 269/2025 del Gobierno de la Generalitat. "Introduce una preferencia lingüística incompatible con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña", avanza la entidad, que pone como ejemplos la anulación de varios artículos de "los protocolos lingüísticos de la Generalitat y del sector público o del Reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona". "El TSJC considero contrario a derecho imponer una lengua oficial como lengua de uso obligatorio, relegando el castellano a una posición subordinada y condicionada al ejercicio de un derecho de petición por parte de los ciudadanos".
En el plano político, Impulso Ciudadano considera que "el actual Gobierno de la Generalitat no se diferencia de sus predecesores". "También persiste en una política lingüística de carácter identitario, utilizando la lengua como instrumento de construcción de una identidad unívoca, en lugar de apostar por un modelo de convivencia lingüística real, equilibrada y respetuosa con la pluralidad de Cataluña".