La tendencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de limitar la clasificación de presos en primer grado -los más peligrosos- ha comenzado a colisionar con las cárceles. El motivo es que el Ministerio del Interior, según denuncian fuentes penitenciarias, está pasando por encima de las decisiones de las juntas de tratamiento, en las que están los directores de los penales, para imponer su criterio de restringir al máximo el número de internos en esta situación.
Esta realidad que, aseguran las mismas fuentes, «es extensible a todas las prisiones» del país, concentra varios casos en el centro penitenciario de Málaga 1. De las cuatro últimas propuestas de régimen cerrado elevadas por el centro ante agresiones a funcionarios, tres se han desestimado desde Madrid. Es decir, únicamente un 25% de estos episodios han encontrado amparo bajo el recurso que necesitan los reos. La cárcel ha resuelto que el autor de los hechos debe estar en régimen de primer grado pero, después, Instituciones Penitenciarias lo ha desautorizado. Este periódico contactó con Interior, que declinó hacer declaraciones. «Ningún comentario».
El patrón que impulsa Interior coincide con el aumento de agresiones a funcionarios por parte de internos peligrosos que no están catalogados como corresponde. Se trata de presos que viven en módulos ordinarios a pesar de tener perfiles de multirreincidencia, con lo que los ataques son más violentos, tal como evidencia la estadística año tras año. El pasado día 12 de marzo, un interno pegó a dos funcionarios. En pleno Ramadán -un periodo en el que se facilitan medidas específicas como, por ejemplo, la entrega de tápers para que los internos puedan comer en sus celdas, algo que no se permite al resto-, un reo optó por hacer lo contrario. «Decidió comer en la sala de día y desobedecer de forma consciente a los funcionarios. Incitó a otros internos a un plante y terminó agrediendo a dos funcionarios».
No era, insisten, un hecho aislado en su trayectoria. El reo ya había estado clasificado en primer grado hasta 2025 por agresiones a funcionarios. Tras salir en libertad y volver a la cárcel por reiteración delictiva, volvió a protagonizar «agresiones».
La dirección del penal Málaga 1 actuó aislándole y proponiendo internarle en régimen cerrado (primer grado). Pero desde Madrid se impuso otra visión.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de su área de Tratamiento, desautorizó la propuesta. Mantuvo al interno en segundo grado. Y lo dejó en el mismo centro. Este no es un caso aislado. «El problema de fondo es aún mayor. Las decisiones de tratamiento se están politizando, imponiendo un discurso buenista que no se corresponde con la realidad de las prisiones. Gran parte de las propuestas de régimen cerrado, el más restrictivo para lo internos, son desestimadas por técnicos que no conocen al interno en contra del criterio de los profesionales que sí trabajan con ellos cada día. Se está sustituyendo la experiencia por la distancia», razona Manuel Galisteo, presidente del sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).
El pasado mayo, Prisiones pidió abiertamente a los directores de las cárceles restringir al máximo el número de internos clasificados como peligrosos. Cursó su solicitud a través del director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, quien en una reunión telemática trasladó a los responsables de los centros la necesidad de «reducir a la mínima expresión» el artículo 75.1 del reglamento penitenciario, el que faculta a los directores a imponer a un interno el aislamiento, la antesala del régimen de vida más duro en prisión: el primer grado. El número dos de Ángel Luis Ortiz realizó la misma petición en el encuentro con directores de centros penitenciarios celebrado en Sevilla el pasado 9 de junio que inauguró el ministro Fernando Grande-Marlaska. Funcionarios trazan una relación directa entre la postura de Interior y los ataques cada vez más violentos en las prisiones. «Tener internos que no están clasificados correctamente en módulos ordinarios y con movimientos apenas restrictivos se traduce en el aumento de las agresiones y en la brutalidad con la que se perpetran».
«Denunciamos que esta deriva está poniendo en riesgo la integridad de toda la plantilla de funcionarios y debilitando gravemente el sistema. Un sistema que no protege a sus trabajadores es un sistema fallido. Y cuando falle, no será una sorpresa, advierte Galisteo. Y añade: «Los funcionarios de prisiones con procedimientos judiciales abiertos o en trámite por haber sido víctimas de agresiones deben seguir trabajando frente a su agresor. Esto no es solo una falta de lógica. Es una falta de respeto institucional hacia el trabajador penitenciario».