El Ministerio del Interior ha elevado a nivel 2 de protección marítima el Puerto de Ceuta, donde el Gobierno ha levantado un campamento para acoger a 1.000 de los casi 10.000 inmigrantes que permanecen en la ciudad tras el asalto del pasado 30 de julio, por medio de una orden de la Secretaría de Estado de Seguridad, según ha podido saber EL MUNDO.
La medida, que supone segregar la "zona humanitaria" de la de "embarque de pasajeros", aumentar la presencia de policía portuaria e intensificar los controles de acceso, llega tras producirse varios "altercados" en el lugar entre migrantes y usuarios del puerto, según han referido a este diario fuentes presenciales y el sindicato policial Jupol.
El uso de la infraestructura fue autorizado el pasado 5 de septiembre por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, empleando así para acoger a los migrantes mientras se tramitan sus expedientes de asilo o expulsión un espacio en el cual el Gobierno no necesitaba ponerse de acuerdo con el Ejecutivo local, que de hecho terminó oponiéndose a la medida.
Transportes autorizó no obstante al Ministerio de Migraciones la ocupación temporal de aproximadamente 16.000 metros cuadrados del muelle de La Puntilla para la atención humanitaria de los 1.000 inmigrantes, que llevaban ya en ese momento más de un mes campando por Ceuta sin que el Gobierno central controlara la situación.
En el muelle, ya antes de eso, se sucedían los controles policiales para evitar que los migrantes, como suele suceder, consiguieran colarse en los bajos de los camiones que viajaban a la Península en los ferris, o colgándose de las maromas de los barcos.
En todo caso, la concentración de inmigrantes cuando las autoridades comenzaron a levantar el campamento empezó pronto a generar problemas. El Ministerio justifica el incremento de la seguridad admitiendo que el establecimiento del campamento "altera sustancialmente las condiciones ordinarias de explotación y protección del puerto, incrementando los riesgos asociados al control de accesos, a la segregación entre áreas restringidas y áreas operativas, a la protección de infraestructuras críticas y sensibles, así como a la seguridad de las operaciones".
El sindicato Jupol, por su parte, denuncia un "grave deterioro de la seguridad" en el lugar, "especialmente en las zonas vinculadas a los buques de pasajeros", y cierto "caos" para los usuarios habituales del Puerto, señalando que desde la noche del jueves "ninguna persona puede acceder al recinto portuario sin disponer de una tarjeta acreditativa, una restricción que está afectando al funcionamiento ordinario del puerto y que impide que repartidores y trabajadores que hasta ahora accedían con normalidad puedan hacerlo".
Jupol sostiene que la elevación del nivel de protección por parte del Ministerio es la "asunción de esta inseguridad", "más grave aún teniendo en cuenta que nos hallamos en nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista", señalaron estas fuentes.
"No se puede instalar un asentamiento de estas características en una infraestructura estratégica, elevar después el nivel de protección marítima porque aumentan los riesgos y, finalmente, pretender que sean los policías y los trabajadores del puerto quienes soporten las consecuencias de una decisión política sin el refuerzo necesario de medios y efectivos. Reclamamos un dispositivo policial permanente y suficiente", señalaron fuentes del sindicato, que ven una "ingeniería contable constante" en Interior, "siempre sumando efectivos, pero no admitiendo que otros se retiran, lo que deja a los ciudadanos indefensos".