El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sesión de control al Gobierno celebrada el miércoles en el Congreso. EFE
Política Interior podrá pedir datos al CNI para garantizar la "idoneidad" de los empleados de infraestructuras estratégicasLa nueva normativa de Interior afecta a sectores como la energía, el transporte, la sanidad, el agua, e incluso la seguridad privada.
Más información: Interior reforzará la protección de infraestructuras críticas con planes de resiliencia y un mayor control de sus empleados
Ángela PovesBrais Cedeira Publicada 20 marzo 2026 02:57hLas claves nuevo Generado con IA
El Ministerio del Interior podrá recabar información de "inteligencia", incluida la procedente del CNI, para evaluar la "idoneidad" de los empleados que desempeñen funciones en infraestructuras críticas.
Se trata de una medida contemplada en la nueva normativa que el Consejo de Ministros aprobó esta semana, que busca reforzar la seguridad y la protección en puntos estratégicos.
El Ejecutivo pretende dotarse de una herramienta amplia frente a "riesgos" operativos y físicos que puedan afectar al funcionamiento correcto de servicios esenciales, más aún teniendo en cuenta la creciente tensión geopolítica.
Así, contempla la posibilidad –y casi, la obligación– de comprobar los "antecedentes personales" de quien desempeñe funciones en instalaciones clave y de aquellos que tengan acceso a información "delicada" en los términos que se determinen "reglamentariamente (...) y en casos debidamente motivados".
Estas comprobaciones incluirán la verificación de la identidad, la consulta de antecedentes penales y, como novedad, el acceso a información de "inteligencia o de cualquier otro tipo de la que dispongan las autoridades nacionales competentes" que estas consideren "pertinente" para determinar si una persona puede suponer un "riesgo" para la "seguridad".
Desde los servicios de inteligencia señalan a EL ESPAÑOL que el proyecto busca regular mayormente las pesquisas que se lleven a cabo sobre la vida de individuos que vayan a trabajar en puestos sensibles del Estado.
"Este proyecto se refiere al estudio de su vida profesional y personal. Si el individuo tiene antecedentes penales, no puede obtener la Habilitación de Seguridad y, por tanto, no podría ocupar ningún puesto sensible", explican estas mismas fuentes.
El CNI revela el organigrama de los 'hackers' rusos y los espías de Putin: "España es uno de los países más atacados"Este tipo de pesquisas busca, por ejemplo, evitar la infiltración de agentes de servicios de inteligencia extranjeros en sectores estratégicos.
El proyecto, apuntan desde los servicios de Información, viene a regular algo que ya se venía efectuando: "Lo que se intenta evitar es que se cuele cualquiera, para que no sea un coladero".
En este sentido, será la Secretaría de Estado de Seguridad, un órgano dependiente de la cartera dirigida por Fernando Grande-Marlaska, el organismo que coordine las solicitudes de los datos de inteligencia. Todo ello, además, a través del Centro Nacional de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas (CNPREC) –hasta ahora, CNPIC–.
El anteproyecto de ley
La nueva normativa de Interior afecta a sectores estratégicos como la energía, el transporte, la sanidad, el agua, la Administración pública o la seguridad privada, entre otros.
Todas las compañías afectadas deberán evaluar los riesgos para la prestación de sus servicios y elaborar planes para prevenir y responder a incidentes "perturbadores".
De hecho, esta es una de las novedades de esta normativa, pues amplía el anterior marco legal –la Ley 8/2011– ante la protección física de las infraestructuras para albergar una "resiliencia integral".
La ley viene a actualizar el marco legal para responder a amenazas cada vez más complejas e incidentes graves, entre las que figuran también las amenazas "terroristas".
En este sentido, señala la necesidad de actualizar el marco normativo por el carácter cada vez más "interconectado" y "transfronterizo" de estos servicios.
Además, supone la transposición de la Directiva europea sobre Resiliencia de las Entidades Críticas aprobada en diciembre de 2022. De hecho, la entrada en vigor de este nuevo texto acabará llegando con dos años de retraso respecto a la fecha tope que fijó el Parlamento Europeo.
Se trata de una cuestión por la que podrían aumentar las responsabilidades del Gobierno en el accidente ferroviario de Adamuz, que se saldó con 46 víctimas mortales, dado que, en base a esta normativa, el Ejecutivo debía haber realizado una evaluación de riesgos en las infraestructuras críticas que incluye las ferroviarias.
La nueva ley también obliga a las empresas "críticas" a notificar cualquier incidente que perturbe el funcionamiento normal de los servicios en un plazo máximo de 24 horas.
En caso de incumplimiento, se enfrentan a sanciones que pueden alcanzar los 10 millones de euros y la suspensión temporal de licencias.
El texto recoge también la creación de una Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas y una Evaluación Nacional de Amenazas y Riesgos, que deberán actualizarse al menos cada cuatro años.
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